Audiencia Nacional: solo se puede pedir información creada a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia

Información pública, sí, pero nunca anterior a diciembre de 2014. Así interpreta la Ley de Transparencia la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que estima en parte el recurso de apelación que planteó Defensa para no informar sobre los viajes oficiales de los altos cargos del Gobierno. Un recurso que planteó el ministerio de María Dolores de Cospedal después de que un juez le obligase a entregar la lista de los viajeros a bordo de estos vuelos fletados por el Ejército del Aire.

Este fallo supone el último paso de un largo trayecto que comenzó el 21 de octubre de 2015. Entonces, Civio registró una solicitud de información en la que pedía los nombres de los pasajeros en los vuelos oficiales de los altos cargos del Gobierno. Las diferencias entre el ministerio de Defensa, responsable de estos vuelos, y el Consejo de Transparencia, que instó al departamento de Cospedal a que entregara estos listados a Civio, llevó el asunto a los tribunales. Primero, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, que falló a favor de Civio y del Consejo. Después, tras el recurso de apelación de Defensa, ante la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

En esta ocasión, pese a que su fallo mantiene que Defensa debe identificar a los acompañantes de las autoridades en viajes oficiales, los magistrados matizan la sentencia en primera instancia. La más significativa es la limitación del derecho de acceso a la información pública ya que, según su fallo, “se justifica con lógica jurídica que la obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 [de Transparencia] que tiene lugar el día 10 de diciembre de 2014.” Una interpretación que “no comparte” el Consejo de Transparencia, quien “está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión” de la Audiencia Nacional.

El resto de las salvedades de los magistrados hacen difícil su cumplimiento. Así, la Audiencia Nacional establece que “la información a proporcionar no podrá emitirse, cuando deba reelaborarse, mediante la recopilación y obtención de datos que no obren en el Ministerio de Defensa”, algo que alega continuamente el ministerio. Sin embargo, el Ejército del Aire, en otro trámite, ya explicó que sí conoce la identidad de las personas que transporta.

“Las solicitudes [de transporte aéreo] se dirigirán por escrito al Ministro de Defensa (MINISDEF), informando a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, al General Jefe de la Jefatura de Movilidad Aérea (GJMOVA) y a la unidad aérea que vaya a realizar el vuelo. En relación a la cuestión de si se informa con antelación de las personas que viajarán (…), se comunica que estos datos deben estar incluidos en la solicitud de transporte aéreo y, por otro lado, que forman parte del procedimiento de control de los aspectos operativos relativos a la ejecución del vuelo.”

Mas de dos años después de preguntar por los acompañantes de los altos cargos en los vuelos oficiales, y pese a que esa información sí está en manos del ministerio, Defensa no ha informado. Esta sentencia, además, le da alas para no hacerlo.