En febrero de 2016, la diplomacia española estaba de celebración en Marruecos. El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue, junto a la ministra francesa de Economía, invitado de honor del rey Mohammed VI a la inauguración de la primera fase de la mayor planta de energía solar del mundo, que había sido construida por varias empresas españolas en Uarzazat. Una señal de “la fortaleza” de la Marca España para Margallo, quien se acompañó de 17 altos cargos –entre los que figura su esposa, Isabel Barreiro–, 26 periodistas y 12 representantes de las adjudicatarias, como Juan Ignacio Entrecanales Franco, vicepresidente de Acciona, o Jorge Sendagorta Gomendio, presidente y CEO de SENER, o Sabino García Vallina, presidente de TSK.

Pasajeros del viaje oficial a Uarzazat

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, febrero de 2016

Desliza a derecha e izquierda para ver todos los pasajeros del vuelo

Esta es solo una de las delegaciones de altos cargos a las que ha tenido acceso Civio tras una solicitud de información pública que registramos en 2015. Los documentos remitidos ahora por Defensa contienen más de 180 solicitudes de transporte –de 2011 a 2016– con las que los distintos ministerios indican las fechas de los vuelos, destinos, escalas –si las hubiera–, los nombres de los pasajeros y necesidades de catering a bordo. Esta es la primera parte del procedimiento en la que indican la previsión de quién volará; el día del viaje esta lista puede sufrir variaciones. Pese a que, por seguridad, el grupo 45 del Ejército del Aire, encargado de estos vuelos VIP, hace un control de las personas que embarcan en sus Falcon 900 o Airbus 310, la información de quién voló finalmente no ha sido entregada.

Viajes oficiales reportados entre 2011 y febrero de 2016

Una solicitud, una reclamación, tres juicios, tres ministros y cinco años después

Así con todo, de esta forma sabemos que el viaje a Marruecos en 2016, con el gobierno de Rajoy en funciones, no fue el único viaje oficial del matrimonio Margallo-Barreiro. En julio de 2012, el ministro francés de exteriores Laurent Fabius se entrevistó en Madrid con su homólogo. Ambos se trasladaron a Mallorca para una reunión informal de cancilleres de once países europeos del llamado Grupo de Berlín. A bordo del avión oficial rumbo a Palma les acompañaría Isabel Barreiro, esposa de Margallo.

Su primer vuelo oficial juntos, según la información recopilada por Civio en estos años, fue en su primer verano al frente de Asuntos Exteriores. Cuando contamos que el matrimonio acompañó a Felipe VI y Letizia Ortiz en un viaje a Estados Unidos en 2014, su equipo defendió que es habitual que el cónyuge de un ministro acompañe a la reina cuando el viaje tiene un “componente social” o cuando son invitados por los anfitriones a cenas y visitas oficiales.

Barreiro figura también entre la comitiva de cuatro ministros que volaron a Oviedo en 2014 para acudir a la entrega de premios –entonces– Príncipe de Asturias, y en 2015, en una visita a Cartagena de Indias (Colombia) o en la delegación que viajó a Paraguay y Argentina. Este último viaje, con escalas en Barcelona, Gran Canaria, Asunción y Ezeiza (Buenos Aires), fue otro de los protagonizados por empresarios: desde Antonio Garamendi, el hoy presidente de la CEOE y entonces número dos, a Carlos Bertomeu (AirNostrum), Asunción Soriano (ATREVIA), Juan José Hidalgo (Globalia, que incluye a Air Europa y Halcón Viajes), Mauricio Toledano (Eurofinsa), entre otros.

Pasajeros del viaje oficial a Asunción y Buenos Aires

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, noviembre de 2015

Desliza a derecha e izquierda para ver todos los pasajeros del vuelo

Un viaje turbulento

En noviembre de 2015 –¡hace más de cinco años!– Civio preguntó a Defensa por los acompañantes de las autoridades en los vuelos oficiales. Después de tres ministros (Morenés, Cospedal y Robles), tres sentencias judiciales a favor y un tortuoso procedimiento de ejecución, que incluyó amenazas de sanción a empleados públicos por no entregar los datos a Civio, Defensa ha entregado la información que pedimos. Por decisión judicial, y por la Ley de Secretos Oficiales, no hemos recibido datos de los vuelos del presidente del Gobierno o de la Casa Real. Pese a esto Civio ya publicó en 2016 un artículo sobre los séquitos reales, más nutridos de empresarios que los de los ministros, de un aparente carácter más técnico.

Este ha sido un viaje plagado de turbulencias. En la segunda sentencia, aunque fue también favorable a Civio, la Audiencia Nacional limitó el alcance de la Ley de Transparencia a hechos que tuvieran lugar después de su entrada en vigor. Es decir, que según su interpretación solo tendríamos derecho a conocer aquello que sucedió a partir de diciembre de 2014. Con esta sentencia a nuestro favor de la mano, El País solicitó los mismos datos, que recibió antes de que se ejecutara lo que mandó la Audiencia y Defensa los enviara a Civio. Pero, además de limitada temporalmente, y sin mayor contexto que la relación de nombres declarados en cada vuelo, estaba incompleta. Los vuelos a Marruecos, Paraguay y Argentina que ilustran este artículo son prueba de ello: no fueron entregados en ese momento y sí ahora. Era 2018. Mientras tanto, Civio, con las sentencias a su favor, no recibió la información solicitada hasta el pasado mes de mayo de 2021.

Pero el proceso trascendió y el tema ya no era quién volaba con los altos cargos, sino defender el derecho a saber. Por ello, recurrimos al Tribunal Supremo, para proteger, para todos, un derecho de todos. Gracias a ello, todos los ciudadanos pueden solicitar -y recibir- información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. La historia terminó bien.

2015 - En noviembre, Civio pide la información a Defensa. El Ministerio de Defensa apela a la Ley de Secretos Oficiales y a los límites de la Ley de Transparencia para denegar la información.

2016 - El Consejo de Transparencia estima parcialmente que el ministerio debe facilitar la información en un mes. Defensa reitera su negativa sin fundamento jurídico, y acaba interponiendo un contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo. Civio es parte personada.

2017 - El juzgado central de lo contencioso-administrativo desestima el recurso de Defensa contra la resolución del Consejo. La Abogacía del Estado, en representación de Defensa, recurre la sentencia de primera instancia. La Sala de Audiencia Nacional estima en parte el recurso de apelación de Defensa, pero le insta a dar la información solo a partir de diciembre de 2014. La sentencia aún no es firme. Civio presenta su recurso.

2018 - Defensa facilita los datos a El País y no a Civio, castigando así a quien batalló durante años por esa información y, además, ocultando la información anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El Supremo admite a trámite el recurso de Civio contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

2020 - El Supremo da la razón a Civio y todas las administraciones tendrán que dar acceso a información anterior a la entrada en vigor de la ley de transparencia. Civio solicita la ejecución de la sentencia ante la inacción del Gobierno.

2021 - Ultimátum del Juzgado central de lo contencioso-administrativo al Ministerio de Defensa. O ejecuta la sentencia firme o habrá multas a altos cargos o empleados públicos, además de responsabilidades penales. En mayo, al fin, Defensa entrega la información.

¿Cómo medir el buen uso de medios públicos?

Las tomas de posesión de los presidentes autonómicos tienen un alto componente protocolario, con la asistencia de un miembro del gobierno central, pero también de partido. Así, cuando el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, tomó posesión de su cargo por última vez en 2020, además de parte de la ejecutiva nacional del PP u otros presidentes de su partido, como Isabel Díaz Ayuso, le acompañó Carolina Darias, entonces ministra de Política Territorial. O más reciente: Miquel Iceta, su sucesor en el ministerio, asistió a la ceremonia de promesa de Pere Aragonès como president de la Generalitat de Catalunya.

Pero cuando al ministro del ramo le acompaña una autoridad ajena, pero del mismo partido que el protagonista del acto, las barreras del protocolo se difuminan. En 2014, Inmaculada García, presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, embarcó en el Falcón que llevó al ministro Cristóbal Montoro, poco habitual de los vuelos fletados por el Ejército del Aire, a Murcia. Ambos asistirían a la jura del cargo del Alberto Garre, del Partido Popular, como presidente autonómico. García fue ocho años consejera popular del gobierno autonómico.

La falta de billetes en aerolíneas comerciales, de menor coste que los vuelos VIP operados por Defensa, se encuentra entre los motivos que adujo Industria para solicitar esta forma de transporte. Y es que la plantilla de las peticiones de transporte aéreo del ministerio de Industria contiene, a diferencia del resto de departamentos, un campo para indicar el motivo del viaje. Así sabemos que Miguel Sebastián, último titular de esta cartera del gobierno de Zapatero, era uno de los más asiduos en los aviones del grupo 45 y que los utilizaba para participar en foros o inauguraciones, como el Mobile World Congress de Barcelona, y para acudir a reuniones con empresarios. Por ejemplo, de vuelta de su visita a CAF en San Sebastián se trajo a Madrid a su presidente, José María Baztarrica.

El destino más habitual de estos vuelos fue Bruselas, por parte de los ministros de Economía. Y, aparentemente, Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy, uno de los más austeros: a menudo con un número reducido de acompañantes y sin peticiones de comida a bordo. Como mucho, sandwiches, ensaladas y embutido para un viaje a Washington. Dieta más o menos ligera para un largo viaje de trabajo.

Lo que está claro es que la transparencia es el camino para medir el buen uso de esta forma de transporte, sostenida con fondos públicos pero de acceso privilegiado a unos pocos por razón de su cargo o de su posición, como argumentó el Consejo de Transparencia para instar a Defensa a entregar la información solicitada por Civio en 2015. Pero eso sí, que no pasen años para que los poderes públicos rindan cuentas de su actividad. Entre las turbulencias del camino y un aterrizaje movidito, esperemos que, para las próximas ocasiones, Defensa ponga el piloto automático y responda sin dar vueltas. Y en menos tiempo, claro.

Metodología

Con los datos suministrados por Defensa no podemos dar una cifra final de los vuelos de autoridades ejecutados. Hemos cruzado los datos de la tabla resumen compartida por Defensa, de 177 filas, con los 189 solicitudes de transporte aéreo escaneada que nos han entregado. En la tabla detectamos un viaje del 9 de diciembre de 2013 de la ministra de Empleo a Bruselas del que no consta solicitud asociada. Y, por el contrario, hemos encontrado varios documentos de vuelos no recogidos en la lista: algunos sí parece que tuvieron lugar, otros parecen subsanaciones. Por ello no tenemos la certeza de si fueron 189 o 190 viajes. Además, la tabla de Defensa incluye una columna que entendíamos que era del número real de pasajeros (denominada PAX REALES), pero que tampoco tenemos la certeza de que sea 100% correcta. Por ejemplo, en un vuelo del ministro de Economía Luis de Guindos a EEUU con múltiples escalas figuran 53 PAX REALES en esta columna, cuando la solicitud de transporte inicial era para cuatro personas. Sin embargo, el avión utilizado, el Falcón 900, tiene capacidad para 14 pasajeros.

Por último, cruzamos también nuestros datos con los que publicó El País en 2018 y comprobamos que, aunque coincidían nuestros últimos viajes con casi todos sus primeros 62 vuelos (su listado cubría varios años posteriores), faltaban vuelos o pasajeros.

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