En lo que llevamos de 2012, el Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto unos 390 indultos. El Gobierno de Zapatero, durante todo el año 2011, indultó a 300 personas. Ni unos ni otros parecen poca cosa, pero lo que sí está claro es que Rajoy le gana la carrera a su antecesor antes de haber finiquitado el año. Aun así, ambos presidentes son principiantes en esto de conceder el derecho de gracia si les comparamos con José María Aznar. Durante el año 2000, superó de largo los 1.700 indultos, en parte gracias a un paquete de 1.327 (según mis cuentas manuales con datos del BOE; la prensa dijo entonces que eran 1.443) concedidos de golpe y porrazo en el Consejo de Ministros del 1 de diciembre de ese año atendiendo a razones tan terrenales como que era Año Santo y se acababa el milenio, tal y como lo justificó el entonces Ministro de Justicia, Ángel Acebes. La medida levantó una enorme polvareda entre jueces y ciudadanos, no sólo porque el indulto masivo está prohibido explícitamente en la Constitución Española, sino porque entre la montaña de polvo de los cientos de agraciados se encontraba el juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso Sogecable.

No ha sido el único indulto polémico. Zapatero se despidió de La Moncloa indultando al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz; y Rajoy ha otorgado el derecho de gracia a cinco Mossos d’Esquadra condenados por torturas, un exalcalde y tres concejales del PP condenados por prevaricación y un alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en la época de Pujol condenado por malversación, entre otros.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que la ciudadanía sospeche de cualquier indulto, un procedimiento heredado de las monarquías absolutas y la dictadura franquista (la ley que lo regula es de 1870). El BOE de hoy recoge un total de diez indultos. Uno de ellos se le otorga a Sergio Mochón González-Escalada, condenado en octubre de 2010 de un delito de lesiones causante de deformidad. Según probó la sentenciale hizo saltar tres dientes a puñetazos a un portero de edificio. El indulto rebaja la pena de tres a dos años, que se cumplirían este mismo mes.

No conocemos las razones de esta medida de gracia, ya que no se hacen públicas, pero sí que Sergio Mochón González-Escalada es hermano de un concejal del PP en Cájar (Granada) y nieto de marquesa y general. Perdonar la pena a una persona relacionada con un miembro del partido en el Gobierno no es delito, pero sospechar tampoco.

Buenos días.

Muchas gracias por su ayuda a Carlos Almeida.