Solo queda un mes para que el antiguo bono social, el descuento en la factura de la luz para personas vulnerables, desaparezca. Eso significa que unos 1.850.000 hogares vulnerables, acogidos a 31 de julio al anterior sistema, verán cómo, a partir del ocho de octubre, pierden las ayudas y sube su factura de la luz un 25%.

Evolución de beneficiarios del bono social

Sistema antiguo
1.850.000

Sistema nuevo
649.000

31 marzo

31 julio

Y, ¿qué pasa con el nuevo modelo, que se aprobó hace casi un año? Solo unos 649.000 hogares se han apuntado, según fuentes de la CNMC, una cifra que está muy lejos de los millones que tienen derecho a acceder a estos descuentos. Solo son 150.000 más que a 31 de mayo, cuando Civio desveló los problemas del nuevo bono social, que se resumen en dos: aquellos que no saben que tienen que volver a solicitarlo; y quienes se han quedado embarrados en un proceso engorroso y cuya puerta de entrada son las propias eléctricas. Son ellas las que reciben las solicitudes y responden a los solicitantes, pese a que es el Gobierno quien realiza el cálculo. Y ese proceso está generando muchísimos problemas, como hemos podido comprobar tras hablar con cientos de ciudadanos y oficinas de atención al consumidor.

Pese a las barreras existentes en el proceso y a la mínima implantación del nuevo modelo, el Gobierno no va a prorrogar el antiguo sistema, como han asegurado a Civio fuentes del Ministerio. Sí hay planificada una campaña destinada a que más personas conozcan el bono social y lo soliciten pero, a un mes de que caduque el anterior modelo, esta campaña no se ha puesto en marcha.

Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno reformará estas ayudas pero, hasta que se apruebe un decreto -un trámite que puede durar meses-, todos esos hogares que se han quedado fuera verán crecer, de golpe, su factura de la luz. Y otros tantos, si el sistema no se mejora, se quedarán enredados en el proceso de solicitud.

El Gobierno de Rajoy estimó que 2,5 millones de hogares se acogerían al bono social, asumiendo que solo el 45% de aquellos que tienen derecho presentarían solicitud y conseguirían llegar al final de ese proceso. Ni siquiera esas bajas expectativas se han cumplido, con datos del pasado 31 de julio, casi un año después de la aprobación de la reforma.

Falsos negativos y trabas incoherentes a las solicitudes

El proceso ha sido un auténtico calvario para muchos ciudadanos, en el que se han desestimado solicitudes de forma errónea y se han puesto trabas innecesarias, como narran oficinas de atención al consumidor de varias ciudades y decenas de solicitantes.

Son las eléctricas las que reciben las solicitudes y envían al Gobierno los datos, y el Gobierno responde con un sí o un no. El problema, para muchos de ellos, es que les niegan las ayudas con una respuesta escueta que muchas veces no permite saber cuál es el problema y solucionarlo. Por ejemplo, en ocasiones la respuesta se limita a una negativa por “incoherencia en la información aportada”, pero nadie era capaz de explicar dónde estaba esa incoherencia para poder resolverla.

Además de las decenas de dudas surgidas durante el proceso, dudas que, dada la complejidad de la norma, casi nadie sabía resolver, se ha negado la ayuda a personas que tenían derecho a recibirla.

El nuevo sistema establece tres vías de entrada para potencias contratadas de un máximo de 10 KWh y primeras residencias: para pensionistas de jubilación o incapacidad mínima sin otros ingresos; para familias numerosas, sea cual sea su capacidad económica; y por nivel de renta -ingresos que no superen los 11.279 euros anuales en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), 15.039 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) o unos 18.799 euros anuales si hay dos menores en el hogar (2,5 veces). Estos umbrales suben en el caso de discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo.

Cuando se cumpla la fecha límite del 8 de octubre habrá pasado casi un año desde que entró en vigor la reforma del bono social, pasando de un sistema en el que accedían viviendas que cumplieran determinados supuestos (tener potencia contratada menor a 3 kwh, mayores de 60 años con pensión mínima, familias con todos sus miembros en paro y familias numerosas) a un sistema más enfocado a los ingresos, excepto en el caso de las familias numerosas, que pueden acceder sea cual sea su nivel de renta.

En paralelo, la reforma estableció límites al consumo, esto es, solo aplica los descuentos a una parte del consumo eléctrico, no a toda la factura, como sucedía con el anterior sistema.

Por el momento, y hasta dentro de un mes, coexisten beneficiarios de los dos modelos. De entre los viejos, los de 3 KWh son mayoría, 1,5 millones de hogares. Todos ellos perderán el bono social si no encajan en alguna de las otras categorías, como pasa con las familias con todos sus miembros en paro. Pero otras categorías permanecen, lo que significa que si no piden el cambio al nuevo sistema antes de la fecha límite, verán cómo sube el importe de su factura y, de repente, pagan la luz a un precio mucho más caro.