El BOE de hoy recoge el Decreto-Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que, entre otras medidas, crea un nuevo bono social térmico, asociado al eléctrico. Eso sí, esa ayuda para paliar los gastos de la calefacción y el agua caliente no llegará hasta pasado el invierno. Y su cantidad dependerá de la partida que se destine para ello en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Recibirán esta ayuda todos los consumidores que a 31 de diciembre de este año sean beneficiarios del bono social eléctrico, los descuentos en la factura de la luz para los hogares vulnerables. De hecho, todos los que tengan aprobado el eléctrico tendrán el térmico de forma automática, sin necesidad de solicitarlo. Pero, a diferencia de este, no serán las eléctricas las que paguen el bono social térmico, sino los PGE.

Y su cantidad dependerá, y mucho, de qué cuantía se incluya para esta partida en los presupuestos y de su aprobación. El Decreto-Ley no establece medidas en caso de que la aprobación de los presupuestos no llegue a tiempo para el pago, que debería realizarse durante el primer trimestre de 2019.

Los beneficiarios del bono social eléctrico no tienen que hacer nada para pedir el térmico, porque se les aplica automáticamente, a menos que renuncien. Además, no importa si tienen o no calefacción, ni qué usan para calentarse ni está relacionado con su factura, por lo que en realidad el nombre es más bien simbólico.

Las tres categorías de entrada para el bono social -eléctrico y térmico- son: pensionistas con mínima de jubilación o incapacidad, familias numerosas y hogares que no superen determinados umbrales de renta. Consulta las condiciones completas aquí

El mínimo por hogar, siempre si hay “disponibilidad presupuestaria”, es de 25 euros. A a cantidad se le sumarían otras cantidades en función de la zona climatológica. Además, quienes sean vulnerables severos -con ingresos aún inferiores- o estén en riesgo de exclusión social, recibirán un 60% más que los consumidores vulnerables. Pero la cifra final que recibirán esos ciudadanos es aún una incógnita y dependerá de la suma total a repartir.

El proceso es el siguiente: las eléctricas pasan al Gobierno el listado de clientes con bono social a 31 de diciembre (se puede ampliar con quienes estén en proceso de solicitud y lo consigan antes del 31 de enero) que no hayan renunciado al bono social térmico.

El Gobierno reparte entre todos los beneficiarios el montante total aprobado en los PGE de 2019, sea cual sea, teniendo en cuenta las reglas anteriores. La ayuda, anual y en un solo pago, se abona en el primer trimestre del año siguiente, vía transferencia a las comunidades autónomas, que son quienes lo reparten.

De este modo, a diferencia del bono eléctrico, que se descuenta de cada factura, el térmico se cobrará como un único pago, a posteriori, pasado el invierno.

Si todos los posibles beneficiarios lo pidieran, solo para cubrir los 25 euros anuales por hogar que se marcan como mínimos en el térmico sería necesaria una partida de 115 millones.

Así, si todos los hogares en situación de pobreza energética, 4,6 millones según el propio Gobierno, pidieran el bono a tiempo -antes del 31 de diciembre-, solo para cubrir esos 25 euros mínimos sería necesario destinar 115 millones de euros. Y eso sin tener en cuenta las cantidades extras por zona térmica y el 60% extra para casos severos o de exclusión social.

Pero lo cierto es que, por el momento, quienes han conseguido que se apruebe su solicitud del bono social eléctrico -y que recibirían también el térmico- son un porcentaje muy pequeño del total de posibles beneficiarios. A 31 de julio, eran solo 650.000 hogares.

Además de reformar el bono social eléctrico y crear el térmico, el Decreto-Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que entra en vigor este domingo, incluye una larga serie de medidas vinculadas al sector, entre otras:

  • Prohibición de la comercialización puerta a puerta para compañías eléctricas y de gas, salvo petición expresa del cliente. Las comercializadoras que sigan haciéndolo se arriesgan a perder su habilitación para ejercer por un máximo de un año.
  • La potencia se contratará en tramos de 0,1 kW (y no de 1,1, como hasta ahora) si el consumidor tiene contador inteligente y menos de de 15 kW de potencia. El objetivo: ajustar mejor a los consumos de cada hogar.
  • El Gobierno aprobará una estrategia nacional para la pobreza energética en seis meses.
  • Las comercializadoras están onligadas a incluir en la factura, para los consumidores con tarifa de referencia: las diferentes opciones que tienen a la hora de contratar la luz, cómo quedaría su factura con una tarifa de discriminación horaria y referencias a la web de la CNMC con todas las empresas con las que pueden contratar, a la web del bono social y a los teléfonos para pedirlo.
  • Se derogan los cargos al autoconsumo vía energías renovables, el llamado impuesto al sol.

Buenos días.