Aplazamientos de impuestos, inyección extra para sanidad y becas de comedor y préstamos para el turismo, en un nuevo Decreto Ley ante el coronavirus

El BOE de hoy recoge el Decreto Ley de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, el segundo que aprueba en pocos días para tomar medidas frente a la crisis sanitaria, que entra en vigor hoy mismo, con su publicación.

El texto incluye la mayoría de medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez: créditos extraordinarios, préstamos al sector turístico, bonificaciones a ciertos tipos de contratos, posibilidad de fijar precios de medicamentos y productos sanitarios, adelanto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, aplazamiento del pago de impuestos para autónomos y pymes afectados… Pero, esto es lo más importante, aclara cómo se van a articular todos esos anuncios.

El Gobierno, eso sí, aprovecha el texto de la norma para incluir un poquito de autobombo. Después de afirmar que esta crisis “requiere una coordinación sin fisuras entre las distintas administraciones competentes” asegura que esa coordinación “está siendo liderada, con reconocimiento tanto poblacional como profesional, por el Ministerio de Sanidad”.

Además, cuenta también en el preámbulo otras medidas que se han tomado, como la creación de una sala en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) lista para aislar a posibles contagiados, o la limitación de visitas en las cárceles.

Desglosamos las medidas aprobadas y, lo más importante, su letra pequeña sobre el papel.

Créditos extraordinarios

El Gobierno ha aprobado dos créditos extraordinarios. Uno de 1.000 millones al Ministerio de Sanidad que sale del fondo de contigencia, destinado a poner en marcha las medidas sanitarias necesarias. La letra pequeña aclara que esta inyección “tiene carácter de ampliable”, lo que abre la puerta a que, con propuesta del Ministerio de Hacienda y aprobación en Consejo de Ministros, puedan acabando siendo muchos más.

Además, destina otra partida extra a las comunidades autónomas para mantener las becas de comedor aunque los centros escolares estén cerrados. ¿Cómo se articulará? Cada comunidad decidirá si otorga a los beneficiarios de esas becas ayudas económicas o reparto domiciliario de alimentos.

Adelantos a las comunidades autónomas

El presidente del Gobierno aseguró ayer 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer frente al gasto sanitario. Esta cantidad no es dinero extra, sino que se adelanta parte de la financiación autonómica. Lo que hace para articularlo, además de ampliar el fondo de suficiencia, es actualizar la previsión de ingresos por impuestos para 2020, compartiendo los datos que se están utilizando para preparar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Como esas previsiones son mayores que con las que se repartían los adelantos hasta ahora, esos importes adicionales se repartirán entre las comunidades en los próximos dos meses.

Contratos de emergencia

El Gobierno podrá usar el procedimiento de emergencia para los contratos de cualquier bien o servicio para actuar frente a esta crisis. Lo podrá hacer con contratos tramitados antes de la entrada en vigor hoy de este Decreto Ley, esto es, de forma retroactiva, como ya hizo con los contratos necesarios para celebrar la Conferencia de Naciones Unidades sobre el Cambio Climático, también vía Decreto Ley.

¿Qué significa procedimiento de emergencia? En caso de catástrofes o grave peligro para la defensa nacional, se puede ordenar de forma inmediata que una obra, suministro o servicio se ponga en marcha sin necesidad de aprobar un expediente. Eso sí, debe justificarse la emergencia y ser evaluado a posteriori.

Además, permite la transferencia de créditos entre secciones del presupuesto. Eso sí, en este caso, el texto legal no se refiere de forma específica al COVID-19, sino a que surjan “necesidades ineludibles” en general.

Fijación máxima de precios

El anterior Decreto Ley ante la crisis del coronavirus ya abrió la puerta a que el Gobierno pudiera restringir la venta de cualquier producto destinado a luchar contra el coronavirus. Lo que hace ahora es, además, dar a la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos el poder de fijar precios máximos para todos esos elementos, como podrían ser mascarillas o guantes, además de medicamentos.

Aplazamiento de deudas

Las pymes y autónomos que tengan que liquidar impuestos en los próximos seis meses podrán pedir un aplazamiento. Eso sí, aquí la letra pequeña, esta posibilidad solo estará disponible para aquellos empresarios con un volumen de operaciones inferior a los seis millones en 2019. Esa moratoria será de seis meses, pero solo los tres primeros sin intereses de demora.

Préstamos con condiciones ventajosas y bonificaciones al turismo

Para paliar los efectos en el turismo, los transportes, la hostelería, el comercio y la cultura -también aplica a museos y salas de espectáculos- afectados por el descenso de visitantes, el Decreto Ley aprueba dos medidas: créditos blandos para estas empresas y bonificaciones por trabajadores discontinuos. Son las mismas medidas que se aprobaron ante la quiebra de Thomas Cook, pero ampliadas a las consecuencias del coronavirus.

Así, en diez días, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobará una línea de crédito de 200 millones para estas empresas, con 20 años de amortización y tres de carencia. En paralelo, las empresas que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que contraten o mantengan en alta durante dichos meses a trabajadores fijos discontinuos pagarán solo la mitad de las cuotas de la Seguridad Social durante esos meses.

También permite que las empresas industriales que hayan pedido un crédito estatal para actualizarse puedan aplazar los pagos de esas deudas. Eso sí, solo si vencen en los próximos seis meses.

Teleconferencias en el Gobierno y aplicación de las medidas de baja por contagio a los funcionarios

El Decreto Ley permite que las reuniones del Gobierno y de otros órganos derivados sean por video o teléfono, siempre que todos sus miembros se encuentren en territorio español y puedan ser identificados. Y que se puedan tomar decisiones pese a no estar juntos de forma presencial. Según el texto, “se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones”, aunque no desarrolla qué medios técnicos se van a utilizar, o con qué requisitos mínimos.

Además, los empleados públicos aislados o enfermos por coronavirus serán considerados accidente laboral, del mismo modo que se reguló para el resto de trabajadores.

Flexibilización de la asistencia mínima escolar

Dado que las comunidades autónomas han suspendido -o están a punto- de suspender las clases a todos los niveles, el Gobierno da flexibilidad a las comunidades autónomas, con competencias en educación, para que modifiquen las exigencias mínimas de asistencia presencial e incluyan otras obligaciones no presenciales.

Buenos días.