Plan Renove, nuevas líneas de avales y moratoria de hipotecas turísticas, todo en un nuevo Decreto Ley

El BOE de hoy recoge un Decreto Ley de medidas económicas que, como viene siendo habitual, incluye en una misma norma medidas que afectan al sector turístico, la automoción y la liquidez de las empresas, entre otras.

El documento regula el Plan Renove 2020, que incluye ayudas para la compra (o leasing o renting de al menos dos años) de un vehículo nuevo y que, dependiendo de quién lo adquiera y el tipo, van de los 300 a los 4.000 euros. Además, se añaden 500 euros extra en tres casos, pero solo para turismos y furgonetas o camiones ligeros y vetados a las empresas: si se achatarra otro vehículo de más de 20 años, si va destinado a una persona con movilidad reducida (en este caso puede ser también una furgoneta de trabajo de un autónomo) y si los ingresos del hogar son menores a 1.500 euros mensuales.

Así, por ejemplo, un turismo de cero emisiones para autónomos o particulares puede alcanzar el tope según la tecnología que use, esos 4.000 euros. También si se trata de la compra de furgonetas o camiones grandes. Un coche con etiqueta ECO comprado por un particular tendrá una ayuda de 600 o 1.000 euros. Y de 400 u 800 euros si su etiqueta es C. Las motos de batería tendrán una subvención de 750 euros y, el resto, de 400. Las cantidades bajan en el caso de que quien compra sea una empresa.

Además, los concesionarios están obligados a aplicar un descuento por la misma cantidad pero hasta un máximo de 1.000 euros. las tablas de subvención también incluyen un precio máximo de venta antes de impuestos: no podrán recibir estas cantidades, por ejemplo, quienes compren un vehículo cero emisiones más caro de 45.000 euros.

La ayuda se podrá recibir para vehículos matriculados y comprados entre el 15 de junio y el 31 de diciembre. También se permite la compra de vehículos seminuevos propiedad de un concesionario matriculados antes, desde el pasado 1 de enero, pero, eso sí, solo si se achatarra un turismo de más de 10 años o una furgoneta o camión ligero de más de siete con la ITV en vigor el 14 de marzo y para el que el beneficiario de la ayuda sea su titular en al menos los 12 meses anteriores.

El grifo se cerrará cuando se acabe el presupuesto destinado a esta medida, de 250 millones de euros (la mayoría, 200 millones, para la adquisición de turismos). A partir de ahí, las solicitudes quedarán en lista de espera. Y se podrá empezar a pedir cuando se ponga en marcha la aplicación online para la solicitud. Eso sí, el Decreto Ley no aclara cuándo será eso. La norma da hasta seis meses de máximo a la administración para resolver cada ayuda y, por tanto, para iniciar el pago. Si no hay respuesta en ese tiempo se entenderá que no ha sido concedida.

Los particulares y autónomos podrán recibir una ayuda por un vehículo, las empresas un máximo de 30. Comunidades de propietarios, sociedades civiles, corporaciones locales, organismos públicos y UTEs están excluidas, además de los concesionarios. Un mismo vehículo, aunque cambie de manos dos veces durante este periodo, solo podrá dar derecho a ayuda la primera vez.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Y si la ayuda es de 3.000 euros o más deberán acreditarlo en la solicitud.

Esta medida se suma al plan MOVES II, aprobado hace poco más de dos semanas y que establece ayudas para la compra de vehículos eléctricos y las infraestructuras de recarga y movilidad sostenible. Eso sí, el Decreto aclara que será incompatible con otras ayudas para el mismo fin, así que no se podrían, en principio, recibir las dos.

Nuevas líneas de avales y medidas para el turismo

En paralelo, el Decreto Ley aprueba una nueva línea de avales a empresas de hasta 40.000 millones en lo que queda de año, centrada en financiar nuevas inversiones. A esta se suma un plan de financiación de 216 millones para proyectos de innovación y digitalización en empresas y autónomos del turismo, que se podrá destinar a proyectos de mejora de la gestión, domótica, digitalización y uso de datos en el negocio, mejoras en comercio electrónico, márketing digital, uso de realidad virtual…

Podrán optar a estos préstamos para el sector turístico hoteles y otros alojamientos, cámpings, apartamentos de uso turístico, empresas de alquiler de coches, agencias de viajes, parques de atracciones y gimnasios. Además, esta medida destinada a la innovación en el turismo también incluye a los clubes deportivos. Solo podrán acceder quienes estén trabajando en uno de esos sectores al menos desde el 1 de enero de 2019.

Los préstamos se podrán pagar en un máximo de seis años y su interés irá creciendo según pasen los ejercicios. Así, el primer año será de un 0,1% para pymes y de un 0,19% para grandes empresas. Ese porcentaje subirá a 0,19 y 0,69 en los años 2 y 3 y alcanzará el 0,69% y el 1,69%, respectivamente, en sus tres últimos años.

Los préstamos se concederán vía convocatoria abierta, con un mes de plazo desde que se publique para presentar solicitudes, en la que se evaluarán los proyectos. En caso de empate, tendrá preferencia la compañía con menos trabajadores temporales. Podrán ser de un mínimo de 50.000 euros y el máximo no podrá superar ninguna de estas cifras: 800.000 euros, el doble de los costes salariales y el 25% del volumen de negocio de 2019, no más de cinco veces los fondos propios. Y el préstamo cubrirá un máximo del 75% del presupuesto total del proyecto.

También para este sector, el turístico, van otras dos de las medidas que incluye: el programa Planes de sostenibilidad turística en destinos, con apoyos a la inversión; y una moratoria hipotecaria de hasta 12 meses para empresas y autónomos que destinen esas viviendas a uso turístico (ya sean hoteles, alojamientos de uso turístico o locales de agencias de viajes) y cuyo negocio se haya visto afectado por la crisis del coronavirus. Para justificar este impacto sus ingresos o facturación deben haber bajado un 40% en los meses de marzo a mayo con respecto a la misma época de 2019. La moratoria podrá consistir en una distribución de esas cuotas durante el resto de la duración de la hipoteca o un alargamiento del plazo para pagarlas.

Eso sí, la moratoria solo aplicará al pago de la deuda, no a los intereses, y quienes ya hayan tenido otras de las moratorias puestas en marcha durante el estado de alarma solo podrán solicitarla hasta completar, con ambas, los doce meses de tope. Quienes hayan alcanzado un pacto para retrasar los pagos con el banco de forma voluntaria durante ese tiempo solo podrán acceder si renuncian a ese acuerdo previo. La ayuda, como en las anteriores moratorias, se pedirá en el banco.

Durante el tiempo que dure la moratoria, las empresas no podrán distribuir beneficios o recomprar acciones propias. Si la vivienda está alquilada, el propietario deberá a su vez conceder una moratoria de al menos el 70% de la suya al pago del alquiler, siempre que no hubieran llegado a un acuerdo previo distinto. De hecho, si la empresa o autónomo que pasa dificultades es la que alquila, y no la propietaria, también se podrá pedir la moratoria.

El Decreto Ley también incluye bonificaciones del 50% de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas de turismo y hostelería que tengan actividad en julio, agosto, septiembre y octubre y pongan a trabajar o mantengan en sus puestos a empleados fijos discontinuos.

Además, pone en marcha un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dependiente del Ministerio de Hacienda. Eso sí, será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra en las operaciones que proponga. Su dotación inicial, vía crédito extraordinario, es de 10.000 millones de euros.

Su objetivo es apoyar a compañías con problemas derivados de la crisis sanitaria mediante préstamo o compra de acciones, entre otras medidas. Y, ¿a qué empresas estará destinado ese apoyo? Según el propio texto, son estratégicas aquellas empresas, no financieras, “por su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados”.

En paralelo, el Decreto Ley regula otros ámbitos, como la investigación. Así, establece que en el caso de medicamentos, productos sanitarios o equipamientos destinados a la crisis sanitaria y que se hayan investigado con fondos públicos se podrán firmar convenios de colaboración público-privados para su escalada y producción para garantizar el abastecimiento. En estos casos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá poner límites a la exportación si es necesario para garantizar el suministro en España.

Además, la norma da potestad a la Seguridad Social para comunicar a las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de contar con el consentimiento de los solicitantes.

Buenos días.