El BOE de hoy recoge cinco indultos: dos para condenadas por descubrimiento y revelación de secretos, otros dos para condenados por insolvencia punible y alzamiento de bienes, y el último para un penado por delitos continuados de hurto y estafa. Con estos cinco de hoy el Gobierno suma 20 indultos en lo que va de año, incluso sin incluir los tradicionales de Semana Santa, que este año no se han concedido por la crisis sanitaria. En total, los diferentes ejecutivos de Pedro Sánchez suman 63.

Y es que en 2019, rompiendo la tendencia a la baja de años anteriores, se concedieron 40 indultos, más del doble que el año anterior.

Acceso ilegal al historial de salud de su compañera de trabajo

Dos de las perdonadas hoy (aquí y aquí eran fisioterapeutas en un hospital asturiano. Aprovechando sus claves de acceso, según narra la sentencia, accedieron al historial médico de una compañera de trabajo en varias ocasiones, descubrieron que había tenido problemas de salud mental y lo comentaron en el gimnasio del centro, delante de los pacientes incluso.

El caso es casi calcado a uno de los indultos de la anterior ronda: un médico que accedió a los historiales de sus compañeros de trabajo.

Por estas acciones, las dos profesionales sanitarias fueron condenadas en 2017 a descubrimiento y revelación de secretos: dos años, seis meses y un día de prisión, inhabilitación absoluta durante seis años, multa e indemnización a la víctima de 6.000 euros. El indulto reduce el tiempo en prisión a dos años para intentar evitar que entren en la cárcel y mantiene el resto de penas.

Dos socios que deben a Caja Rural de Granada 170.000 euros

El mismo tipo de perdón es el que se aprobó ayer para dos socios de una empresa de Granada: reduce la pena de dos años, seis meses y un día a dos años de cárcel (aquí y aquí). Ambos fueron condenados en 2016 por insolvencia punible y alzamiento de bienes.

Su historia, según narra la sentencia arranca cuando la empresa de la que son socios demanda a la Caja Rural de Granada por no haberles pagado determinados trabajos. Ganan en primera instancia y su abogado consigue que, pese a que la sentencia había sido recurrida, la entidad les pague unos 240.000 euros. Pero en segunda instancia se tumbó esa sentencia y tenían que devolver el dinero.

Lo que hicieron, según el juez, es asegurar que eran insolventes, que la empresa no tenía dinero y que habían gastado ese dinero en pagar a distintos proveedores. De hecho, aportaron documentos para demostrarlo. El problema es que se descubrió que solo un par de esos justificantes eran reales y que el resto eran facturas falsas firmadas por familiares, amigos y socios.

Así, tienen que devolver a Caja Rural de Granada unos 170.000 euros. El indulto evita que vayan a la cárcel, pero no afecta a esa deuda.

Buenos días.