El 1 de marzo de 2019 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el decreto ley que ampliaba el permiso de paternidad. Pero, para desesperación de muchas personas a punto de tener un hijo esos días, no llegó al Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta seis días después, el 7 de marzo. Y, además, su medida estrella no entraba en vigor hasta el 1 de abril. Así, los padres de los niños nacidos desde el día que se anunció la medida a bombo y platillo hasta el día que entró en vigor no pudieron disfrutar de esas semanas extra. Y lo peor es que no lo supieron hasta que, con retraso, el decreto ley llegó al boletín.

Esto no es lo habitual: 399 de los 480 decretos ley publicados de 1996 a 2022 lo hicieron al día siguiente de su aprobación. Tiene sentido. Los decretos ley solo se pueden aprobar, dice la Constitución, en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, aunque en los últimos años su uso se ha multiplicado. Pero hay ocasiones en las que no hay tanta urgencia y el texto tarda -y bastante- en llegar al boletín.

El récord absoluto lo tiene el decreto ley de contención del gasto farmacéutico que aprobó Aznar en 1999. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno el 31 de julio, pero no llegó al boletín hasta el 16 de agosto. Y ojo, la reducción de precios que aprobaba se empezaría a aplicar un mes más tarde.

Y luego tiene que entrar en vigor…

El primer paso para que una norma se ponga en marcha es que llegue al BOE y a veces, como estamos viendo, este paso se retrasa, aunque sea inusual. Otras veces esa demora llega porque, aunque se supone que es algo urgente, tarda en entrar en vigor. En este artículo analizamos justo eso, decretos ley que tardaron en entrar en vigor pese a su naturaleza. Cuando lo publicamos, el récord lo tenía la Ley rider, con tres meses para que fuera efectiva desde su publicación. Pero el último decreto ley del Gobierno ha elevado ese récord: una parte importante de sus medidas entra en vigor el 1 de septiembre, casi nueve después de su publicación, algo totalmente insólito.

Tardaron 15 días en llegar al BOE tres decretos ley: el de reparación de daños en inundaciones y temporales ocurridos en 1996 de Felipe González; el de 1997, durante el Gobierno de Aznar, que arregló un error en la ley de tráfico (al hacer una modificación en un artículo se cargaron, sin querer, otra parte); y el que ese mismo año autorizó un sorteo extraordinario de lotería para las víctimas del terrorismo.

Los hay que se retrasaron 14 días, 10, ocho, nueve… Pero, ¿cuál es la causa? En principio, si se mandan al BOE el día de su aprobación, pueden salir sin problemas al día siguiente. De hecho, hay ocho que se publicaron el mismo día que se firmaron en boletines extraordinarios. Y la norma es clara: el texto que se aprueba en Consejo de Ministros es el que tiene que ir al BOE, no puede modificarse después de la reunión. Sería como tocar una ley después de que la aprobaran las Cortes. Aun así, diversas fuentes que han participado en el proceso legislativo han contado a Civio que eso es, efectivamente, lo que a veces pasa: se aprueba el texto pero no está acabado de redactar o de pulir a tiempo, y eso se hace después. También podría tratarse de despistes a la hora de enviarlo o retrasos deliberados para ocultar el contenido hasta un día concreto o retrasar su aplicación.

Otro ejemplo reciente lo tenemos en el decreto ley que, entre otras medidas, hizo obligatorio el registro de la jornada laboral. Se aprobó y anunció el 8 de marzo. Pero no fue hasta cuatro días después, el 12, cuando llegó al BOE. Y, de hecho, muchas de las medidas más relevantes no entraban en vigor hasta mucho tiempo después, como esa obligación de fichar, que lo hacía dos meses después, el 12 de mayo.

Cinco días tardó en llegar al boletín, por su parte, el que, en respuesta al procés, permite al Gobierno cerrar servicios digitales si hay “amenazas de orden público”.

Estos retrasos son habituales en las ayudas, sobre todo las más complejas. Hay prisa por anunciarlo pero menos por publicarlo. Por ejemplo, el decreto ley que creó el IMV tardó tres días en llegar al boletín. El del bono social, allá por 2009, tardó siete.

Cuando la urgencia es máxima

Hay casos en los que la urgencia sí lo es. Tanto, que el decreto ley se publica el mismo día que se aprueba en un boletín extraordinario. Pasó dos veces en pandemia: con el de las navidades de 2021 que volvió a hacer obligatorias las mascarillas en la calle; y el que decía qué actividades eran esenciales y cuáles no y que se publicó poco antes de la medianoche. Fue a esa hora cuando todo el país descubrió si se quedaba confinado en casa o iba a trabajar al día siguiente.

También con el rescate de Caja Castilla La Mancha en 2009, que se publicó un domingo; el que modificó las condiciones laborales de los controladores aéreos cuando se rompieron las negociaciones entre estos y Aena, para intentar evitar que se paralizara el tránsito aéreo a las puertas de Semana Santa. Era febrero de 2010. También ese año, el que aprobó ayudas a Grecia y otro con reformas en impuestos y trámites para la creación de empresas. “Medidas liberalizadoras”, como las llamaban las propias referencias del Consejo de Ministros de ese día. Todos del Gobierno de Zapatero.

El de Rajoy también sacó dos el mismo día: en 2012, el rescate a la banca y el adelanto del pago de impuesto de sociedades para grandes empresas en 2016. Las prisas son distintas según la materia.

Metodología

Hemos descargado los boletines oficiales desde 1996 hasta fin de 2022. No usamos anteriores por las diferencias de formato. Para nuestra investigación, los datos van desde el 5 de mayo de ese año, cuando arranca la legislatura de José María Aznar, para poder tener gobiernos completos. Y van hasta el 31 de diciembre de 2022.

Puedes descargar los datos aquí.