El BOE recoge hoy decreto que reforma el bono cultural joven, la ayuda de 400 euros para gastar en cultura destinada a quienes cumplan los 18 cada año. La principal novedad para este año es que se podrá usar también para creación cultural. Así, los 400 euros se podrán gastar no solo en compra de entradas, productos culturales o suscripciones, sino también en cursos de creación, instrumentos musicales, cámaras de fotos y programas informáticos para creación o producción cultural.

Otra de las novedades es que esa distribución es más flexible: quienes cumplan 18 podrán elegir entre repartir su gasto en las tres categorías tradicionales, con esos nuevos añadidos, o destinar el total de los 400 euros a esa nueva parte más creativa: cursos y talleres presenciales y online, instrumentos musicales y medios de creación artística y material artístico.

Si se opta por el reparto en diferentes categorías, la cosa queda así: hasta 200 euros en entradas y material artístico, que incluye tanto cine como música en directo, teatro, danza, museos, cursos presenciales, festivales de música, instrumentos, partituras, cámaras de fotos, programas de producción y creación y toros (una sentencia del Supremo obligó a incluir a estos últimos); hasta 100 euros en productos en soporte físico, como libros, revistas, prensa, videojuegos o discos (que se tendrán que recoger de forma presencial); y los 100 restantes para consumo digital u online, como suscripciones y alquileres en plataformas musicales o audiovisuales, podcast, libros digitales o audiolibros, videojuegos y cursos culturales y suscripciones a prensa digital. Las suscripciones, como hasta ahora, no pueden superar los cuatro meses de duración.

Siguen quedando fuera, como hasta ahora, productos deportivos, moda, gastronomía, compra de artesanía, de obra plástica y gráfica, libros de texto y programas informáticos que no estén destinados a la creación cultural, además de cualquier cosa clasificada como X o pornográfica.

Las condiciones son idénticas a las de 2025: tener nacionalidad española o residencia (o estar en trámite en extutelados) o ser solicitante de asilo o protección internacional. Se podrá solicitar a través de la web puesta en marcha por el Ministerio de Cultura cuando se ponga en marcha la convocatoria.

Y solo así. El Gobierno insiste en que la única forma de hacer todos los trámites sea online, pese a las dificultades de otros años, con muchas personas que podrían haber sido beneficiarias y que se quedaron fuera y ampliaciones de plazo, casi cada año, a última hora. Pero, eso sí, abre la puerta a facilitar el acceso a las personas más vulnerables: “La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar medidas e instrumentos adecuados dirigidos a facilitar y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad en la realización de los trámites administrativos necesarios para acceder a esta ayuda”.

En 2025, según explicó el martes el propio Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, esta ayuda llegó a alrededor del 70% de los posibles beneficiarios, lo que consideró un “éxito”. Pero, eso sí, destacó que llega menos a los jóvenes con menos recursos. Para intentar solucionar ese gap, el decreto establece que Cultura colaborará con otras entidades para que esta ayuda llegue a más gente.

De hecho, en 2022, su primer año, el Gobierno acabó gastando gastando 114,2 millones de los 210 presupuestados. En 2023, el presupuesto fue el mismo. Tanto en 2024 como en 2025 ha bajado: el máximo a gastar es de 150 millones. Más información sobre ayudas que no llegan, en este reportaje sobre la ejecución presupuestaria que se queda corta.

El procedimiento es prácticamente igual. La administración se da hasta seis meses de plazo para resolver cada solicitud. Eso sí, el plazo de un año para gastarlo empieza a contar una vez se conceda. Seguirá contando con una entidad colaboradora para su tramitación, que hasta ahora ha venido siendo Correos. Y las entidades adheridas se mantendrán en el programa mientras sigan cumpliendo las condiciones, sin tener que solicitarlo de nuevo.

Aunque Urtasun aseguró que el fraude detectado es mínimo, se endurecen los controles y se incluyen sanciones para entidades adheridas que vendan productos o servicios no incluidos en el listado cobrando con el bono cultural.

Como hasta ahora, esos 400 euros tributarán en el IRPF, pero no se tendrán en cuenta para calcular los umbrales de ingresos en becas y otras ayudas, incluido el Ingreso Mínimo vital (IMV).

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