El Congreso deroga el decreto ley de prórrogas indefinidas del alquiler

La Diputación Permanente del Congreso, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y el PNV, ha decidido no convalidar el decreto ley aprobado por separado hace más de un mes en el Consejo de Ministros, que incluye las prórrogas indefinidas del alquiler, una de las medidas principales que se reclaman desde las protestas y acampadas que surgieron tras el desahucio de Mari Carmen. Así, la norma nunca ha llegado a estar en vigor.

Sí ha convalidado el otro decreto ley, el que contiene una batería de distintas medidas vinculadas a la vivienda, como las prórrogas extraordinarias de dos años, el límite a la subida de las rentas, el veto a algunos desahucios y la prohibición de algunas compras especulativas por parte de empresas. Puedes leer todas las medidas que sí siguen en vigor, aquí.

El decreto ley con los alquileres indefinidos que el Congreso ha tumbado hoy cambiaba la duración de los alquileres, que pasaban de los cinco años iniciales (siete si el casero es una entidad o empresa) más tres de prórroga si el casero no avisa en plazo de que quiere finalizar el contrato, a un sistema que encadenaría prórrogas de cinco o siete años, según el caso, de forma indefinida. Además, el tiempo de preaviso obligatorio del arrendador para poner fin al alquiler pasaba de cuatro a seis meses y, si lo hacía, debía pagar una indemnización al inquilino.

Esta compensación era de doce meses de alquiler en una vivienda análoga (no se calcula sobre la vivienda alquilada para evitar que, si han subido los precios, se quede corta), si es posible calculado a partir del índice de precios del Ministerio de Vivienda, y en una cantidad que en todo caso no podía ser menor que una mensualidad de renta por año vivido en esa casa.

No era obligatoria la indemnización si el casero necesita la casa para residir él o sus familiares de hasta segundo grado o en caso de divorcio. Si no se trasladaban en tres meses, excepto causas de fuerza mayor, sí tenían que pagarla. Tampoco estipulaba indemnización si el arrendador está en situación de vulnerabilidad acreditada.

Ni si el inquilino -o su cónyuge o hijos o personas dependientes- no ha vivido en esa casa durante seis meses del último año (excepto causas justificadas como motivos de salud, trabajo, estudios o cuidados) o tiene, en el mismo municipio, una vivienda apta, ya sea suya o con derecho de uso. Tampoco si rechaza una oferta en plazo del casero, siempre que esa oferta no suba el precio del alquiler o, si lo hace, sea en un máximo de un 10% y solo si ha habido obras de rehabilitación o mejora en la vivienda que lo justifiquen.

En todo caso, estas nuevas reglas no se aplicarían, según el texto ahora derogado, si ya se había firmado un nuevo contrato ni si el inquilino cumplía las condiciones para alguna otra prórroga obligatoria de las que marca la ley, aunque no la hubiera pedido, como las de zonas tensionadas de tres años o las de un año para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo.

Estas prórrogas sucesivas debían firmarse con las mismas condiciones que el contrato original. Y, si el piso se vendía o se heredaba, el nuevo propietario se subrogaba esa obligación y debía asumir la posible indemnización si quería echar a los inquilinos y no se encontraba en ninguna de las excepciones. Así, por ejemplo, si una persona compraba o heredaba una vivienda y necesitaba irse a vivir en ella (una de las excepciones), no tenía que pagar indemnización para finalizar el contrato cuando acabe su vigencia, siempre avisando con esos seis meses.

La norma afectaba no solo a los nuevos contratos, sino también a los que estén en vigor, incluso aquellos anteriores a la Ley de Vivienda. Con algunas particularidades: si quedaban menos de seis meses para que acabe un contrato, el arrendador podía avisar con cuatro, como hasta ahora; si estaba en prórroga tácita, se podía aplicar cuando acabe ese periodo; y, si el casero ya había comunicado en plazo su voluntad de no renovar el contrato, no había derecho a indemnización.

En la exposición de motivos destacaban que esta nueva regulación es mucho más limitada que las prórrogas forzosas de las rentas antiguas del Franquismo, porque sí permite acabar con el contrato pagando esas indemnizaciones.

Ahora, con su derogación, todas esas medidas han quedado anuladas.