En 2014, un trabajador falleció y otros dos resultaron heridos tras una explosión en la fábrica de Ron Montero en Motril. Quien era su directora fue condenada en 2019 por homicidio imprudente y dos delitos de lesiones por imprudencia grave. Según la sentencia, «excluyó expresamente de la evaluación inicial de riesgos laborales la protección contra atmósferas explosivas». Ocho años después de esos hechos, el Gobierno le concedió el indulto y rebajó su pena de tres a dos años para que pudiera evitar la prisión.

Este es uno de los 18 perdones aprobados en 2022, un año en el que el Ejecutivo actual desaceleró el ritmo de concesión de indultos, disparados desde su llegada al poder. En 2018, año compartido con el Gobierno de Rajoy, se concedieron 17, para pasar a 40 en 2019, 30 en 2020 (frenado, en parte, por la pandemia) y 50 en 2021.

De entre los 18 de 2022, dos son del Ministerio de Defensa (a condenados por deslealtad y deserción) y 16 del de Justicia. Pese al descenso, algunas tradiciones se mantienen: siete de esos 16 fueron para indultos pedidos por las cofradías en Semana Santa. Y es que 2022 fue el año que, una vez más, descubrimos que la cantinela que repiten los diferentes gobiernos de que esos perdones vinculados a las celebraciones religiosas se tratan como el resto, sin trato de favor, no es cierta: acepta el 13,8% de los que llegan de cofradías frente al menos del 1% de concedidos si llegan por la vía ordinaria.

Además de la exdirectora de Ron Montero, en 2022 fueron perdonadas personas condenadas, sobre todo, por delitos contra la salud pública (menudeo de drogas), lesiones y robos, pero también por delitos contra la seguridad vial (en este caso por conducir sin carné), por descubrimiento de secretos, apropiación indebida, homicidio imprudente, insolvencia punible, falsificación de tarjetas de crédito y sustracción de menores. Este último caso es el de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.

¿Y qué está pasando en lo que llevamos de 2023? Hoy el BOE publica el primer indulto del año, concedido por el Ministerio de Defensa, a un hombre condenado por un delito contra el patrimonio militar. Pero, por el momento, Justicia (el ministerio que otorga la mayoría de perdones) no ha publicado ninguno.