2013, el año en el que el Supremo intentó poner coto a los indultos

En total, el Gobierno aprobó 204 indultos en todo 2013, el primero de vida de El indultómetro, lo que suponía la cifra más baja registrada desde 1996, fecha de arranque de nuestro análisis. Para encontrar balances similares debemos volver a 2001, cuando se concedieron 245 medidas de gracia. Al otro lado de la escala está el récord (por arriba) del año 2000. Entonces, gracias sobre todo al indultazo del fin del milenio, se registraron un total de 1.744 medidas de gracia. Ambos récords, el mayor y el menor, se los llevan los gobiernos del Partido Popular.

Aunque en junio el Gobierno de Rajoy ya sumaba 150 indultos, a partir de entonces el ritmo de concesiones frenó en seco. El consejo de ministros más prolífico fue el del 31 de octubre, en el que se aprobaron 23. Entre ellos se encontraba el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que había sido condenado a tres años y un día de cárcel por realizar obras ilegales en una zona de especial protección ambiental. En los últimos meses, este empresario ha resultado adjudicatario de varios contratos públicos, como el de parte de la seguridad del metro de Madrid o el relativo a la vigilancia de varios edificios del Ministerio de Defensa.

2013 ha dejado otros indultos destacados, como el de David Reboredo, condenado por vender unas papelinas de heroína. La presión popular –hasta el parlamento gallego se sumó a la petición- acabó por lograr el indulto para el extoxicómano, que antes de entrar en prisión colaboraba en un centro de ayuda a drogodependientes.

Poco después llegó la medida de gracia para el empresario que estafó varios millones de euros a AENA; un agente de los Mossos d’Esquadra que aprovechó su placa para agredir y detener a un vecino tras una disputa por una plaza de párking; y una empleada pública, miembro del PSOE de Sevilla, condenada por malversación.

La mayoría de los indultos de 2013, como ocurre con el global de las cifras desde 1996, se han concedido a condenados por delitos contra la salud pública (87 de los 204), seguido de 28 por lesiones y 24 por robos. Destacan, además, tres medidas de gracia a condenados por detenciones ilegales y secuestros y cuatro por homicidio.

Dos sentencias del Supremo intentan poner veto a la medida

El año ha dejado también dos importantes decisiones judiciales sobre la materia. La primera llegó en febrero, cuando el Tribunal Supremo tumbó una parte del indulto concedido in extremis por el gobierno de Zapatero al exconsejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. La sentencia consideró que, aunque el Ejecutivo sí podía suprimir la pena impuesta al banquero, se extralimitó al intentar “limpiar” sus antecedentes penales para que mantuviera su puesto como número 2 de Emilio Botín (la ley, que modificó posteriormente el PP para eliminar esta exigencia, impedía ejercer altos cargos en la banca a una persona con antecedentes penales).

La segunda sentencia, también del Supremo, llegó en noviembre para tumbar el indulto al llamado kamikaze de Valencia, condenado por provocar la muerte de otro conductor cuando circulaba en sentido contrario. Aunque el tribunal admite que no puede entrar a valorar las razones del Gobierno para conceder o no un indulto, considera que el decreto no señala “las razones de justicia, equidad o utilidad pública” exigidas en la ley.

Para adaptarse a esta nueva jurisprudencia, los indultos aprobados a partir de entonces incluyen una coletilla con poco valor informativo más allá del estético: “estimando que, atendiendo a las circunstancias del/la condenado/a, concurren razones de justicia y equidad”.