Pasos hacia la transparencia de las agendas de trabajo y reuniones de los altos cargos (2016)

La Ley de Transparencia española no regula la publicación de las agendas de trabajo completas de altos cargos de la Administración ni ningún tipo de información relevante sobre las reuniones que mantienen. Sin embargo, desde Civio estamos dando pasos para lograr conocer mejor cómo estas reuniones influyen en procesos normativos o en el diseño de políticas públicas.

En 2015 solicitamos conocer los asistentes y el contenido de las reuniones que se celebraron en los ministerios de Hacienda, Sanidad, Agricultura y Economía con la industria tabaquera para discutir la trasposición de una directiva europea. Solo Economía decidió poner impedimentos, ocultando el nombre de los asistentes. Meses después, el dictamen del Consejo de Transparencia, favorable al solicitante, llevó a Economía a identificar los lobistas con quienes se había reunido.

El interés por conocer con quiénes se reúnen los altos cargos de la administración, qué temas se tratan y cómo estas reuniones influyen en los asuntos públicos se debe a que esta información es especialmente importante para aportar transparencia a los procesos de toma de decisiones y a la actividad de todos los grupos de interés (o lobbies) que persiguen influir en las políticas públicas. Ese el propósito del proyecto Quién Manda y uno de los compromisos del Decálogo de Transparencia que hemos reclamado a los principales partidos que asuman en sus programas.

Mientras que algunas instituciones han dado pasos muy importantes para dar a conocer sus reuniones de trabajo –en particular, el Ayuntamiento de Madrid con Agendas.Madrid.es-, en los últimos meses la Administración Central ha dado muestras de realizar un esfuerzo coordinado para no facilitar datos relevantes sobre sus reuniones aprovechando la omisión, el vacío legal, de la Ley de Transparencia sobre las agendas y las reuniones.

Hemos pedido las agendas completas de trabajo y el registro de reuniones de altos cargos de 15 ministerios. No se trata de la agenda de actos institucionales que publica el Gobierno en la web de Moncloa. Pedimos la fecha, el lugar, los participantes, los temas tratados, los compromisos adquiridos y los documentos intercambiados en todas las reuniones que puedan tener impacto en cualquier política pública. A ello, los 15 ministerios han respondido textualmente lo mismo: sí, se “concede acceso a la información solicitada”, pero no existe más información sobre la agenda de los ministros que la que figura en la web de Moncloa. No hay más “información pública” disponible. ¿Y de otros altos cargos? La Ley de Transparencia no regula sus agendas con ninguna obligación, responden, así que eso es todo.

Desde Civio, hemos recurrido esta respuesta ante el Consejo de Transparencia y solicitado que se compruebe si efectivamente no existe ningún otro tipo de agenda o registro de reuniones en manos de los ministerios. Como vimos con el caso de las tabaqueras, el Consejo ha respaldado anteriormente el acceso a agendas y a datos de las reuniones ministeriales. En esta ocasión, aunque lo tratado en reuniones constituye información pública según el artículo 13 de la Ley de Transparencia, el Consejo entiende que las agendas ministeriales no están siendo recogidas ni archivadas sistemáticamente porque ninguna ley obliga a conservarlas ni a publicarlas. Desde esa base, anima a “definir y regular la necesidad de recoger la participación en reuniones afectadas por la Ley de Transparencia para formular después una obligación y un compromiso”, de forma ponderada con la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Con los 15 recursos desestimados, y conociendo que el Consejo está delimitando qué información (y sus eventuales límites) debería recogerse sistemáticamente para conformar una “agenda de transparencia”, desde Civio hemos compartido con este organismo un documento de recomendaciones para la publicación de estas agendas. Como todos los documentos que generamos para la administración, estas recomendaciones son públicas y aquí puedes descargarlas. Los principales puntos son:

• Salvo excepciones muy delimitadas, deben figurar todas las reuniones de trabajo.
• La caracterización de lo que es un grupo de interés debe tomarse en el sentido más amplio: toda organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones.
• ¿Quiénes deben publicar sus agendas? En el Ejecutivo, todos aquellos considerados “alto cargo” según la normativa vigente. En el Legislativo, todos los representantes públicos.
• También hemos formulado precisiones concretas sobre qué información consideramos que debe ser publicada, cuándo y cómo creemos que debería hacerse.

El conocimiento de las agendas completas de trabajo y de las reuniones es un aspecto prioritario para la transparencia que deseamos en los procesos de toma de decisiones. Como vamos a seguir presionando en este sentido, y colaborando con las instituciones para poder implantarlo con éxito en ellas, os continuaremos informando de todos los avances.