Esta semana, Civio ha remitido a todos los parlamentarios presentes en la Comisión de Reglamento del Congreso sus recomendaciones para hacer más transparente la interlocución de los diputados y diputadas con lobistas y grupos de interés.

La admisión a trámite de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, abre una ventana de oportunidad para acometer por fin cambios valientes, aun con años de retraso.

La propuesta admitida presenta medidas que consideramos interesantes, pero creemos que no se debe dejar pasar la oportunidad de ir más allá y dotar a la Cámara de más ejemplaridad en términos de transparencia.

Tras muchos años haciendo lobby para que se regule el lobby, tanto en los poderes ejecutivos como legislativos, creemos sinceramente que Civio tiene mucho que aportar en este proceso. Es la misma convicción que nos llevó a colaborar con los grupos durante el anterior intento de reformar el reglamento durante la XII Legislatura, y que terminó con la disolución de las Cortes.

Aquí puedes consultar la documentación completa que hemos enviado a los grupos parlamentarios:

Y, si tienes ideas, propuestas o críticas, te animamos a que nos las cuentes en la Comunidad de Civio.

Las modificaciones que proponemos a sus señoría se centran en estos puntos principales:

Contenidos del registro completos, claros y perdurables, con formularios normalizados planteados desde la transparencia por diseño.

  • Información bien indexada, fácil de exportar y de consultar en distintas áreas de la web del Congreso, desde las agendas de los diputados y diputadas a los perfiles de los grupos parlamentarios, de los grupos de interés registrados a las iniciativas legislativas sobre las que se buscan influir.

  • Información a través de formularios normalizados que permitan un tratamiento más eficiente y con mayor detalle de lo propuesto, en sintonía con los estándares internacionales o con normas análogas que ya se aplican en comunidades autónomas como Madrid.

  • Que la información esté actualizada y que no se elimine de la web del Congreso nada relativo a periodos anteriores.

Publicidad real y efectiva de los encuentros entre los grupos de interés.

  • Los diputados y diputadas, sus equipos o los empleados de la Cámara deben verificar antes de mantener una reunión que su interlocutor está inscrito en el Registro.

  • La documentación compartida en dichas reuniones debe ser pública y publicada por defecto. Si un lobista pide expresamente que la documentación no sea pública, se ponderará caso por caso y motivadamente si existe preeminencia del interés general en la divulgación y la no vulneración de los límites de la Ley de Transparencia.

  • Publicidad real y efectiva de las agendas de diputadas y diputados. A día de hoy dos tercios de sus señorías no publican ninguna agenda en la página web de la Cámara Baja. Y, de los que lo hacen, muchos solo replican los calendarios de las comisiones y plenos.

  • Transparencia del personal eventual de los grupos parlamentarios, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que consolida el interés público de conocer la identidad de un cargo, sea cual sea su nivel, sobre el interés individual a la protección de datos.

Sanciones transparentes, claras y justas. Y mayor autoexigencia para diputados y diputadas.

  • Pedimos más concreción en las sanciones aplicables a diputados y diputadas que cometan una infracción. Para ello, hacemos una serie de propuestas concretas y alertamos del riesgo de arbitrariedad que implica que el poder sancionador recaiga sobre la Comisión del Estatuto del Diputado, es decir, sobre los propios parlamentarios.

  • Extensión de las obligaciones e infracciones al personal al servicio de la Cámara o de los grupos parlamentarios.

Figuras neutrales al frente del procedimiento sancionador y la habilitación de un buzón anónimo de denuncias.

  • Proponemos que sea la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales la responsable de velar de manera proactiva por el cumplimiento de las obligaciones del nuevo título, y que la Secretaría General del Congreso sea la competente para instruir el procedimiento sancionador.

  • Que, en paralelo a esta supervisión, cualquier persona con conocimiento de posibles infracciones pueda denunciar, y no solo los grupos parlamentarios, la Mesa de la Cámara, la Mesa de una Comisión o el Secretario General del Congreso de los Diputados, como recoge la actual propuesta. Y que pueda hacerlo hacer mediante un buzón anónimo de denuncias como los que usan entes de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o algunas Comunidades Autónomas.