Acceso fácil a ayudas, decisiones automatizadas o compra de productos sanitarios: dónde se dirime la transparencia tras el 23-J

Con vistas a los comicios electorales del 23 de julio, y tal como hacemos en todas las convocatorias electorales desde 2015, desde Civio hemos solicitado a los partidos políticos un conjunto de compromisos para mejorar la transparencia y reducir la opacidad institucional y la corrupción en sus programas electorales. ​

​ El documento que hemos compartido con las formaciones recuerda promesas largamente esperadas que nunca han llegado a cumplirse, como la regulación del lobby, la mejora de la Ley de Transparencia, la publicación de las agendas de altos cargos y diputados, los sistemas independientes de control anticorrupción y la transparencia absoluta en ámbitos como la publicidad institucional, los asesores, el registro mercantil o la ejecución presupuestaria detallada. Pero no solo eso. ​ ​ Lo que demandamos, además, es una apuesta pública y firme por la transparencia en contextos de nueva vigencia, como el acceso claro y sencillo a servicios y ayudas públicas, la transparencia en la toma de decisiones basadas en IA, algoritmos y sistemas automatizados, o en el precio y condiciones de financiación de medicamentos y suministros sanitarios, negociados en absoluto secreto. ​

Acceso a ayudas y servicios públicos

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​ En nuestras propuestas, pedimos a los partidos el compromiso de garantizar, después del 23-J y por ley, que la ciudadanía tenga atención presencial, a tiempo y sin necesidad de pedir cita, para los trámites que necesite realizar con la administración, y especialmente los relativos a ayudas públicas. También que se dote de suficientes recursos y personal de atención a entidades clave como la Seguridad Social. Junto con la simplificación de los trámites para solicitar y acceder a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), reclamamos un nuevo mecanismo de bono social, más fácil, sin tener a las empresas eléctricas como intermediarias, con acompañamiento personalizado para el solicitante y que no exija presentar documentos que ya están en poder de las propias administraciones o que, en ocasiones, ni siquiera existen. ​

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IA y decisiones automatizadas en las AA.PP.

​ A los partidos y al Congreso resultante de los comicios del 23J, les pedimos también garantías de transparencia en la toma de decisiones en la Administración mediante sistemas automatizados, algoritmos e inteligencias artificiales. Nuestra relación con lo público está cada día más automatizada. La opacidad sobre cómo funcionan los sistemas informáticos que, cada día más, determinan derechos y deberes, nos afecta individualmente y también como sociedad. ¿Debemos confiar en ellos a ojos ciegos? ¿O, como pensamos nosotros, deberíamos poder conocerlos y auditarlos, como al resto de códigos y normas que rigen sobre nuestras vidas? Nuestros representantes deben hacerse la misma pregunta. ​

Saber el coste real de los medicamentos

​ En relación a la industria farmacéutica y al precio público de los medicamentos, solicitamos a los partidos el compromiso de regular mejor la transparencia de los pagos de la industria a las organizaciones y profesionales sanitarios, que todas las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) sean públicas y que se den a conocer los precios y las condiciones de financiación que se fijan por los medicamentos, negociadas en secreto y bajo cláusulas de confidencialidad que nunca se admitirían en otros procesos de compra pública. ​

Multas a (según qué) empresas

​ También reclamamos que la lista de sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas, desglosada por infractores, infracciones y multa impuesta, sea de conocimiento ciudadano. Aunque el Consejo de Transparencia ha resuelto que esta sea información pública, el Ministerio de Trabajo está usando los tribunales para que no podamos saber a qué empresas sanciona. Es paradójico, porque no duda en filtrar a la prensa las multas que impone a empresas como Ryanair o Glovo, o sus controles a las llamadas ‘Big four’, si eso sirve sus propósitos de imagen. ​

La transparencia que todos exigen pero nadie aplica

​ Entre nuestras propuestas de siempre, insistimos en una regulación legal de la transparencia de los grupos de interés -largamente esperada, pero nunca cumplida-; la mejora de la Ley de Transparencia, de 2013 en el primer año de la nueva legislatura para subsanar sus carencias; o que el Gobierno resultante de los comicios del 23-J, se retire, salvo casos excepcionales y motivados, de todos los procesos judiciales emprendidos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a favor de entregar información solicitada por la ciudadanía. Exigimos que el nuevo Gobierno ejecute en sus términos las resoluciones del CTBG que son firmes y han sido ignoradas por la administración. Es decir, aquellas que la AGE no recurre pero tampoco acata, simplemente las incumple sabiendo que no habrá represalias. ​ También hacemos énfasis en la apertura pública y gratuita de la información que contiene el Registro Mercantil, la publicación de la ejecución presupuestaria con el mismo nivel de detalle que los Presupuestos Generales del Estado o en que los organismos públicos tengan la obligación de dar a conocer entre qué medios reparten sus campañas de publicidad institucional, y qué criterios de eficiencia u otros intereses consideran. ​​