Nuevo revés a la transparencia de las aplicaciones que usan las administraciones públicas y que nos afectan. La Audiencia Nacional ha firmado una nueva sentencia en la que desestima el recurso presentado por Civio y mantiene la postura de la decisión judicial de 2022: no van a darnos el código fuente de BOSCO, el programa que decide quién recibe las ayudas para pagar la factura de la luz y que demostramos que tenía fallos y denegaba el descuento a personas que tenían derecho a él.

Además, nos impone 1.500 euros en costas, a pagar al Estado, que se suman a los 2.000 de la sentencia anterior, la que hace dos años tampoco aceptó nuestros argumentos contra la decisión inicial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Un Consejo de Transparencia que, por el camino, ha cambiado de bando y ya no se opone a que accedamos al código fuente de BOSCO. Pero, pese a eso, la sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado.

En cuanto a la seguridad y la protección de datos, apoya su decisión en un informe del Subdirector General de Tecnologías de la Información y las comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que da por bueno sin más. Un informe que alega que acceder al código fuente nos permitiría, entre otras cosas, utilizar la infraestructura del Ministerio “para otros fines, como por ejemplo la minería de criptomonedas”, cuando lo que queremos es saber cómo funciona solo el código de esa aplicación, BOSCO.

Además, alega que podríamos utilizar la imagen del Ministerio para estafas como el phishing (sí, la misma imagen que está en todas sus páginas web), extorsiones o chantajes. Y acceder a todas las bases de datos que utiliza, como las de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social (cuando -obviamente- el código no contiene las credenciales que usa BOSCO para acceder a esos sistemas). Asegura ese informe, que los magistrados han dado por bueno, que acceder al código nos permitiría atacar los sistemas informáticos del Ministerio y que no tienen medios técnicos para mitigarlo.

En cambio, en la sentencia no se han tenido en cuenta nuestros argumentos: como que tenemos derecho a entender cómo funciona una aplicación que sí toma decisiones sin intervención de un funcionario. Tampoco que la Unión Europea defiende que los desarrollos de las administraciones públicas deben optar por el software libre. En cambio, dice: “La revelación del código aumenta de una manera objetiva la severidad de las vulnerabilidades de cualquier aplicación informática, más aún cuando se maneja información clasificada o sensible, no siendo exigible a la Administración que todas las aplicaciones que desarrolle lo sea con fuentes abiertas”. Y lo hace sin basarse en más argumentos que los que presentó el propio Gobierno en el juicio, algunos difíciles de encajar para cualquier persona que sepa cómo funciona una aplicación informática.

Ahora tenemos 30 días para presentar recurso de casación y esperar que el Tribunal Supremo entienda, como lo hacemos nosotros, que se trata de un tema relevante que es necesario que los tribunales traten de forma objetiva, con criterios técnicos sólidos y teniendo en cuenta que una aplicación, concreta, que decide sobre las ayudas a millones de personas, debe poder ser objeto de escrutinio. Y que conocerla no va a hacer que todo el sistema explote. Ni mucho menos.

Una lucha que arrancó en 2018 y que no se va a detener

Este es el capítulo más reciente (que no el último, porque no nos vamos a rendir) de una lucha que arrancó en 2018. Fue entonces cuando, tras haber informado sobre los cambios en la ayuda, denunciamos que casi dos millones de hogares se iban a quedar fuera. Ese mismo año pusimos toda nuestra energía en echar un cable: creamos, en colaboración con la CNMC, una aplicación para convertir en sencillo el proceso. Así, cualquier persona puede desde entonces comprobar si tiene derecho a esta ayuda -sin tener que desenmarañar la complejísima normativa- y le acompañamos en el proceso. Esa aplicación sigue activa, y actualizada con cada cambio, a día de hoy.

Pero también fue el año que arrancó este litigio. Fue en 2018 cuando pedimos las funcionalidades y el código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe la ayuda. Nos dieron algunos documentos que explicaban cómo funciona (tras reclamar, eso sí) y, gracias a eso, descubrimos que había errores y exigimos que se solventaran.

Sin embargo, y ahí está la clave de todo este proceso, no nos quisieron dar el código fuente, un elemento clave para poder comprobar que el resto de la aplicación funcionaba de forma correcta. Tampoco el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) nos dio la razón en un principio. Y en 2019 tuvimos que ir a juicio.

Tres años después perdimos el primer asalto: el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, adscrito a la Audiencia Nacional, desestimó nuestra impugnación, alegando que la liberación del código, además de contravenir la propiedad intelectual, afectaría tanto a la seguridad pública como a la defensa nacional. Y nos condenó a unas costas de 2.000€. No estábamos nada de acuerdo con esa decisión y presentamos un recurso de apelación, que es lo que se ha sentenciado hoy.

Por el camino, el CTBG se cambió a nuestro bando. E incluso la entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, declaró sentirse “muy insatisfecha del caso BOSCO” y aseguró tajante que “no era verdad” que abrir el código atentase contra la protección de datos y la propiedad intelectual.

Y es más, las incoherencias no terminan ahí, porque mientras el Gobierno seguía peleando en los tribunales abrir el código fuente de BOSCO, liberó el de Radar Covid, la aplicación que se desarrolló durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, y solo en ese caso, por lo visto, era “un ejercicio de transparencia y una invitación a la comunidad a contribuir, si lo desea, a mejorar una herramienta que busca ayudarnos a atajar las cadenas de contagio del #COVID19”.