Hace dos semanas, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, un paso que Civio lleva más de una década reclamando. Sin embargo, el texto llega con un fallo estructural que ya arrastraba el anteproyecto de 2022: deja el control de las interacciones entre la Administración y los lobbies en manos del propio Gobierno.

Si algo hemos aprendido en más de 10 años de seguimiento y análisis de la transparencia en la toma de decisiones públicas es que cuando el poder se controla a sí mismo, la opacidad acaba ganando la partida. Y esta ley, tal y como está planteada, entrega al Ejecutivo las llaves de su propia fiscalización, también en lo que respecta a su interacción con los lobbies.

Consulta aquí nuestras recomendaciones completas y los cambios en el texto que hemos propuesto a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.

Un registro bajo control gubernamental: la trampa perfecta

El corazón de cualquier regulación del lobby es su registro: qué información se exige, qué se publica, quién lo gestiona y quién lo supervisa. El Proyecto de Ley de 2025 asigna estas funciones a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), un organismo que depende directamente del Gobierno y que ya cuenta con recursos insuficientes para cumplir sus funciones actuales.

Es decir, la misma administración que está sujeta a la influencia de los lobbies será la encargada de controlar cómo se registra y fiscaliza esa influencia.

Esto va en contra de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la OCDE, que han insistido en que España debe garantizar un control independiente. Si el objetivo de la ley es aumentar la transparencia, en realidad está consolidando un modelo de autocontrol sin garantías reales de independencia.

Sin trazabilidad ni sanciones creíbles, el registro puede ser una formalidad

Pero el problema no es solo quién controla. También es qué se controla.

El texto actual no obliga a los lobbies a detallar qué normas intentan influir, qué argumentos presentan o cómo impacta su trabajo en la legislación final. Tampoco aclara en detalle qué información incluirá el registro y solo exige una actualización anual, lo que lo convierte en un trámite burocrático sin utilidad real para el control democrático.

Además, el régimen sancionador es flojo y tiene grandes lagunas:

  • Permite reuniones no registradas hasta seis veces al año sin que se consideren una infracción muy grave.
  • No establece sanciones progresivas por reincidencia ni medidas disuasorias reales.
  • No sanciona la ocultación de documentos entregados a la Administración.

Si estos mecanismos no se refuerzan, la norma quedará como un mero escaparate de buenas intenciones sin impacto real.

Las grandes excepciones: regular para excluir

Otro problema es que la ley deja fuera a actores clave. Partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y colegios profesionales no están obligados a inscribirse como lobbies, aunque ejerzan una influencia directa y constante sobre las decisiones políticas y regulatorias.

Si el objetivo es la rendición de cuentas, no puede haber espacios opacos ni puertas traseras. Quien influya en decisiones públicas debería estar sujeto a las mismas reglas, ya sea una empresa, un sindicato o un partido político.

Lo que pedimos para que esta ley no sea una oportunidad perdida

Si el Gobierno y los grupos parlamentarios quieren realmente reforzar la transparencia y la integridad democrática, el proyecto necesita cambios profundos. Estos son los mínimos imprescindibles:

✅ Un control independiente y con recursos. El registro de lobbies debe gestionarse desde un organismo autónomo, sin dependencia del Ejecutivo.

✅ Trazabilidad completa. Toda interacción entre grupos de interés y responsables públicos debe documentarse y publicarse con información detallada.

✅ Sanciones disuasorias. No pueden permitirse reuniones ocultas sin consecuencias ni registros simbólicos sin información útil.

✅ Sin excepciones ni privilegios. Todos los actores que influyen en decisiones públicas deben estar sujetos a la norma.

✅ Obligaciones también para el personal público. Deben tener deberes concretos, reglas de actuación y sanciones en caso de incumplimiento.

✅ Información accesible y en formatos reutilizables. Los registros y la huella normativa deben ser abiertos, permanentes y sin restricciones innecesarias.

Si estos puntos no se corrigen en la fase de enmiendas, esta ley será otra oportunidad perdida. El resultado será una regulación débil que no resistirá el escrutinio ni de la sociedad ni de instituciones internacionales como GRECO o la OCDE, que ya han alertado sobre las carencias de nuestro país en esta materia. Esperamos que, esta vez sí, aprovechemos la oportunidad para mejorar la calidad democrática y la confianza ciudadana.

Consulta aquí nuestras recomendaciones completas.