Mientras el Gobierno de España inaugura hoy la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto y nuestras administraciones presumen de los avances de España, tienes derecho a saber por qué hemos reprobado el V Plan de Gobierno Abierto, la estrategia que debería marcar el rumbo de la transparencia y la apertura de nuestras administraciones para los próximos cuatro años. La decisión se tomó ayer, 6 de octubre, en un Pleno del Foro de Gobierno Abierto donde el plan salió adelante por aclamación de ministerios, administraciones autonómicas y parte de la sociedad civil. Pero no por unanimidad. Desde Civio manifestamos nuestro rechazo. Las organizaciones Access Info Europe y OpenKratio también lo hicieron.

Para Civio, esta no es una postura de última hora. Es la conclusión lógica y coherente de un proceso que, como ya avisamos en mayo, ha sido una “decepción crónica”. Durante año y medio, hemos colaborado de forma constructiva, aportando propuestas detalladas y participando con la mejor disposición en los talleres de cocreación del V Plan de Gobierno Abierto. Sin embargo, el resultado final ha ignorado ese esfuerzo y nos obliga, por responsabilidad, a rechazarlo.

No era razonable esperar otra cosa. Nuestras discrepancias con el plan son precisamente los pilares de nuestro trabajo desde 2012 y no se solucionan con una modificación cosmética de última hora —“afinar las fichas”, como nos proponía ayer insistentemente y a contrarreloj la secretaria de Estado de Función Pública— en un intento de lograr una unanimidad imposible cuando se ha ignorado el proceso durante todo este tiempo. Estos son nuestros motivos.

La gran oportunidad perdida: una Ley de Transparencia a la altura

La reforma de la Ley de Transparencia, reclamada durante más de una década, se diluye en una etérea “Ley de Administración Abierta”, una “ley para todo” que mezcla sin criterio asuntos tan cruciales -y tan dispares- como las obligaciones de transparencia, los conflictos de intereses, la integridad pública o la participación ciudadana. Una “ley potaje” que no solo amenaza con atascar su aprobación de forma indefinida, sino que parece más un intento de cumplir el expediente aglutinando promesas atrasadas en una norma difícil, si no imposible de aprobar, que una apuesta seria por el avance democrático.

Sin embargo, lo más grave son sus consecuencias legales: este formato “todo en uno” bloqueará la posibilidad de tramitar una nueva y mejorada Ley de Transparencia como ley orgánica, que es lo que demandamos desde que nace Civio, porque es el único camino para blindar de una vez el acceso a la información como el derecho fundamental que merece ser. La transparencia no es un añadido para otra ley, es un pilar de un estado democrático, como ha reconocido el propio Tribunal Supremo en una reciente sentencia favorable a Civio. La solución no era inventar una nueva norma confusa, sino llevar a cabo una reforma profunda sobre la base de la actual y funcional Ley 19/2013. De hecho, desde Civio ya participamos en un proceso para su reforma que quedó en nada. Esto estaba en el plan anterior (2020-2024), aunque no se cumplió, y ahora directamente ha desaparecido.

Un proceso devaluado y compromisos rotos

Además de esta oportunidad perdida, que era una línea roja para Civio, el plan presenta una paradoja descorazonadora: un número “récord” de 218 iniciativas que enmascaran la ausencia de las medidas cruciales. Aunque presume de un proceso participativo sin precedentes, es un espejismo. Las iniciativas que obtuvieron mayor apoyo en el “proceso de cocreación” han sido sistemáticamente ignoradas, devaluadas o sustituidas por simulacros.

En Gobernanza digital, se omite por completo la creación de un “Registro de sistemas de IA” para la transparencia algorítmica y se limita a promover la “sensibilización”, sin ningún mecanismo de control ciudadano.

En Integridad, se ignora la propuesta de arrojar “control y luz en los conflictos de intereses” y, en su lugar, se contempla una futura “superagencia” anticorrupción, una nueva y compleja estructura -paradójicamente, más fácil de cooptar por el poder político- en lugar de fortalecer las ya existentes dotándolas de independencia, recursos y poder real.

En lugar de atajar los “conflictos de intereses” con medidas como la publicación íntegra de declaraciones de bienes y actividades de altos cargos, la transparencia en aprobaciones y denegaciones de compatibilidades o una reforma de la ley para endurecer sanciones por no declarar o mentir, el plan se limita a proponer un “programa de cumplimiento normativo” que se aplicará en un único centro directivo de la Administración. Y ya.

En Apertura fiscal, la iniciativa más votada en su taller, que era “publicar la ejecución presupuestaria en detalle”, al mismo nivel que los PGE para seguir el rastro real del dinero público, es sustituida por una visualización que el propio plan reconoce que ”no supone incremento de las obligaciones de suministro de información”. Nada nuevo, solo packaging.

Y todo así.

Esta desconexión entre demandas de la sociedad civil y contenido del plan evidencia la instrumentalización de la participación. Y a esto se suma el “borrón y cuenta nueva” con los compromisos del IV Plan -el anterior, el vigente entre 2020-2024- que nunca se ejecutaron, como la modificación de la Ley de Incompatibilidades. Lo más grave es que algunos de estos compromisos olvidados fueron presentados por el propio Gobierno ante el GRECO como prueba de la lucha de España contra la corrupción. Este ninguneo al proceso es nuestra segunda línea roja.

Lo que no fue: lo mínimo para un avance real

Un plan que de verdad hubiera aprovechado la oportunidad para fortalecer nuestra democracia habría incluido, como mínimo, estos elementos:

  • En Transparencia: 1) Una reforma concreta y calendarizada de la Ley de Transparencia. 2) El fortalecimiento real del CTBG con independencia y recursos. 3) La transparencia completa del personal eventual.

  • En Integridad: 1) La publicación íntegra de declaraciones patrimoniales de altos cargos. 2) Transparencia en conflictos de interés con decisiones motivadas. 3) La huella legislativa completa para todas las normas.

  • En Apertura fiscal: 1) La ejecución presupuestaria detallada al nivel de los PGE. 2) Un organismo independiente con medios para la vigilancia de la contratación.

  • En Gobernanza digital: 1) Un registro público de sistemas de IA con información técnica. 2) El acceso garantizado al código fuente de aplicaciones públicas.

Un NO por coherencia, un SÍ a la transparencia que merecemos

Reprobar este plan -recordemos, en vigor hasta 2029- y razonar los motivos para nuestros socios, lectores y personas convencidas de la transparencia del sector público, equivale a exigir que se haga bien. Es un mensaje alto y claro al Gobierno, uno más, para que corrija el rumbo. Y es la expresión coherente de una organización que, después de más de una década de compromiso con el gobierno abierto en España, no está dispuesta a validar la degradación de estos procesos.

Suspendemos este plan porque la ciudadanía merece instituciones abiertas y que escuchen realmente, no que simulen hacerlo. Porque los compromisos internacionales deben traducirse en acción doméstica. Porque la transparencia es demasiado importante para dejarla en manos de ejercicios de cara a la galería.

Mientras la oficialidad pública saca hoy pecho en la cumbre mundial, nuestro NO de hoy es un SÍ a la transparencia que merecemos. Gracias por la confianza, que nos permite ser independientes, coherentes y exigentes.