España lleva demasiado tiempo sin una garantía básica: poder seguir, con datos y con método, quién intenta influir en una decisión pública, sobre quién, en qué y con qué rastro. No para negar el derecho a influir, que es legítimo, sino para que sea visible, trazable y controlable por la ciudadanía y por los órganos de supervisión.

Eso es integridad pública. Es rendición de cuentas. Y es lo que en Civio reclamamos desde hace más de diez años.

El Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, la norma que debe regular la transparencia de los lobbies frente al Ejecutivo, está hoy bloqueado en el Congreso. La ponencia sigue abierta y no se cierra el informe que debe ir a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Y, sin ese paso, la ley no avanza.

El problema inmediato es político: no hay apoyos garantizados para sacarla adelante. Y, además, se mezcla con lógicas que poco tienen que ver con el contenido: negociación cruzada con otros asuntos, cálculo partidista, miedo al coste reputacional o a “dar munición” al rival. En una norma que define contrapesos democráticos, esa inercia tiene un coste que no deberíamos normalizar.

En Civio llevamos desde 2013 trabajando para que España tenga una regulación exigente y coherente de la transparencia del lobby en todos los niveles. No hablamos desde la teoría, sino desde años de trabajo aplicado y, digámoslo claro, ejemplar en cuanto a nuestra propia transparencia. Por eso decimos dos cosas a la vez: celebramos que este proyecto exista, pero tal y como está es insuficiente y deja puertas a la opacidad. La buena noticia es que todavía se puede corregir: para eso está el trámite parlamentario.

La mala: que algunos grupos parecen muy cómodos con mantener parte de esas limitaciones. Aquí lo hemos contado.

Lo que no tiene sentido es mantener la ley en un limbo indefinido. Portugal, por lo pronto, se nos acaba de adelantar. Como lo hicieron, antes, muchos otros países de la UE, el propio Parlamento comunitario, el Consejo y la Comisión Europea. Aquí, en España, no faltan diagnósticos ni propuestas. Falta cerrar el trabajo.

Lo que separa una ley útil de una ley testimonial

La diferencia no está en el título de la norma. Está en aspectos muy concretos del texto, como estos, sobre los que insistimos:

  • El defecto estructural del texto es que el control y el régimen sancionador queden en manos de un órgano dependiente del Ejecutivo (la OCI o un diseño equivalente). Así, el sistema es autocontrol y pierde credibilidad desde el minuto uno. Una regulación honesta exige un supervisor con autonomía funcional, mandato claro, nombramientos con garantías y recursos suficientes. Lo contrario ya lo conocemos: normas que existen en el papel y fallan cuando toca aplicarlas.

  • No basta con “hubo una reunión”. La transparencia útil no es un listado de nombres: es poder saber, con información verificable, sobre qué norma se influye, qué se pide, qué documentos se entregan y qué huella queda. Sin ese detalle, el registro es un trámite. Por eso el contenido debe fijarse desde el principio, no dejarse a desarrollos posteriores que rebajan el estándar. Nuestros mínimos ya están propuestos.

  • Quien influye, entra. Excluir actores por “quiénes son” (partidos, sindicatos, patronales, colegios o entidades sociales) cuando influyen crea un sistema desigual y deja fuera a influencias clave. La regla debe ser funcional, no identitaria: si influyes, te registras y dejas rastro. La transparencia refuerza la legitimidad y evita puertas traseras.

  • La influencia es bidireccional. Si solo se regula a los grupos de interés y no se fijan deberes claros para el personal público (qué registrar y publicar, qué no aceptar y cómo documentar), queda un agujero. La ley necesita obligaciones explícitas y consecuencias por incumplir. Si no, el registro dependerá de decisiones discrecionales.

  • Una norma sin consecuencias reales incentiva el incumplimiento, eso ya lo sabemos de sobra. El régimen sancionador debe evitar lagunas, castigar la reincidencia y ser disuasorio de verdad. Si es fácil esquivarlo, por diseño o por falta de capacidad de control, nos estaremos haciendo trampas al solitario.

  • La información debe ser accesible, comparable en el tiempo y útil para analizar patrones. Eso exige publicación permanente, con historial y en formatos reutilizables. Si los datos caducan, se fragmentan, se borran o se publican de forma que no se pueden analizar, el control se vuelve simbólico.

A los grupos les decimos: hay un consenso de base. Cuídenlo

Conserven lo que suma. Atrévanse a corregir lo que debilita. Y háganlo ahora, que es cuando toca. Porque el escenario contrario es peor: otra legislatura, otro intento, otro “ya si eso, más adelante”… y la misma conclusión de siempre para la ciudadanía y para la sociedad civil especializada: que esto no va en serio.

Desde Civio reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando, como siempre, con una agenda y unos procedimientos transparentes.

Hemos aportado propuestas técnicas, enmiendas ya trabajadas y experiencia acumulada. Y lo seguiremos haciendo como siempre: con independencia de preferencias partidistas, con foco en el interés general y con una idea sencilla: la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye en lo público, cómo y cuándo.

Ahora la decisión es política. Y es una decisión de calidad democrática: corregir las limitaciones más evidentes del texto, cerrar la ponencia, terminar el trabajo y aprobar una ley que sirva.