El decreto ley que regulaba el lobby a nivel estatal por primera vez en la historia no ha superado el trámite parlamentario. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han hecho que la norma decaiga. Y, con ella, un avance imprescindible para la calidad democrática de este país.

La regulación del lobby es una exigencia repetida desde hace años no solo por organizaciones civiles como Civio, sino también por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), la OCDE y, sobre todo, la Comisión Europea. De hecho, es uno de los compromisos del Plan de recuperación, vinculado al desembolso de fondos a España. Pero, una vez más, se retrasa.

Hay una solución a las críticas relacionadas con las carencias del texto o la forma exprés de su aprobación vía decreto ley: desatascar ya el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que lleva parado en el Congreso desde hace un año. Y aprobarlo de forma urgente.

El decreto ley aprobado hace tres semanas incluía muchas reinvindicaciones de organizaciones como Civio, así como enmiendas presentadas por partidos como el PP, que ha votado en contra alegando que está a favor de la regulación pero no por esta vía. Hay consensos, es evidente. Lo que toca ahora es trabajar para que esos consensos se traduzcan en una norma valiente.

Y para eso, entre otras cosas, es imprescindible distinguir entre transparencia de las reuniones, los contactos, su impacto en las normas finales aprobadas… e importancia constitucional de entidades como sindicatos y organizaciones empresariales. Incluirlos a ambos en el registro no les quita peso, ni obvia su papel, solo da más transparencia a esas interacciones. Desde Civio no entendemos cuál es el problema con que esas interacciones sean transparentes y volvemos a insistir en que es imprescindible que no haya excepciones: todos hacemos lobby, desde grandes empresas hasta sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y asociaciones de vecinos. Y no es un concepto negativo por sí mismo. Lo importante es que se haga de forma transparente y ética. Y ese debería ser el objetivo de esta norma.

Nuestras recomendaciones para la tramitación de este proyecto de ley siguen siendo las mismas que las que presentamos y enviamos a los partidos en febrero de 2025, muchas de las cuales habían sido incluidas en el decreto ley: control independiente, sin excepciones absurdas de qué se publica y quiénes están incluidos, régimen sancionador potente y bilateral (tanto para lobistas como para empleados públicos) y huella legislativa que permita de verdad saber qué impacto han tenido esas reuniones en las normas finales. Puedes leer todas nuestras recomendaciones aquí. Seguiremos insistiendo.