Si un alto cargo es nombrado, va al BOE; si un funcionario obtiene su plaza, o cambia de puesto, se publica. Pero el personal eventual es distinto: son el único oasis de opacidad de entre los y las trabajadoras públicas.

Conocer los nombres del personal eventual que trabaja en los ministerios se ha convertido en una auténtica odisea. Ni siquiera los sueldos, o los currículos: solo los nombres, quiénes son. Y ni con esas. En este proceso, que arrancó en febrero de 2024, el Gobierno ha usado todas las triquiñuelas y excusas imaginables -e inimaginables.

Personal eventual, a dedo y sin transparencia

Lo que diferencia al personal eventual del resto de empleados y empleadas públicos es su nombramiento: a dedo, sin requisitos previos y opaco. Se puede elegir a cualquier persona, sin requisitos mínimos, y no se publica ni el anuncio de la plaza ni a quién se le ha otorgado (como sí pasa, por ejemplo, cuando funcionarios y funcionarias cambian de puesto al ser nombrados por libre designación, por ejemplo). Es un tipo de nombramiento especial y solo se puede usar, según la ley, para puestos de asesoramiento o confianza especial. Por eso, la mayoría son asesores. Pero a veces se usa esta medida para cubrir otras responsabilidades, como secretarías o hasta vigilancia de seguridad.

La primera traba llegó en abril de 2024, cuando la Dirección General de Función Pública, encargada de gestionar el Registro Central de Personal (RCP) que agrupa toda esa información, decidió no admitir la solicitud de Civio, en la que se pedía el nombre y cargo del personal eventual que trabajó en los distintos ministerios de 2020 a 2023. ¿La excusa? Reelaboración, esto es, que darnos esa lista “conllevaría la dedicación de recursos públicos, medios personales y materiales, en menoscabo de las actividades habituales de este centro directivo” y que, además, sacar esos datos afectaría, “de forma inequívoca”, a la gestión ordinaria de ese departamento, que “tendría que elaborar con los escasos medios personales disponibles una información que no se tiene en los términos solicitados y cuya obtención es muy compleja”. Para explicitar esa tarea casi titánica, en su opinión, enumeran las consultas SQL que tendrían que hacerle a la base de datos.

Esas argumentaciones son, cuanto menos, dudosas: Civio realizó la misma solicitud de información pero referida no a tres años, sino a diez, a finales de 2019. Y, ¿qué pasó entonces? Que la misma Dirección General de Función Pública respondió con los datos solo dos días después de arrancar el trámite. Y, por eso, entre otras razones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) dio la razón a la reclamación y exigió al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública que entregara esos datos de forma íntegra.

Era julio de 2024. Pero el Gobierno ignoró esta decisión. En septiembre, el CTBG insistió. Nada. En noviembre, Civio envió un burofax a María Isabel Borrel Roncales, Directora General de Función Pública, instándole a que cumpliera la resolución. Ni lo cogió. Ya estamos en 2025, en febrero, y Civio lo vuelve a intentar, esta vez vía Registro electrónico central. Casi un mes después, respondieron que “se han realizado las actuaciones necesarias para que se les aporte la información solicitada”. Se refieren a un nuevo trámite por el que han pasado la patata caliente a los 22 ministerios. Pero la resolución del CTBG sigue sin cumplirse. Por eso, Civio acaba de presentar un recurso ante la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional por inactividad de la administración, esto es, por incumplir esa resolución.

La solución del Ministerio: inventarse un trámite nuevo

Aunque cuando llegaron tanto el burofax como la notificación vía registro la resolución del CTBG ya era firme y, por lo tanto, el expediente ya estaba cerrado, la Dirección General de Función Pública se sacó de la manga un procedimiento nuevo y no contemplado en la Ley: generó 22 expedientes de solicitudes de información y los envió a los 22 ministerios.

Y a partir de aquí la travesía abre 22 nuevos caminos y las maneras de responder, o de no hacerlo, también. Dos ministerios no han contestado a día de hoy: son los de Interior; y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes (muy relevante, porque su respuesta debería incluir quiénes son los asesores y asesoras del presidente del Gobierno, entre otros).

Las trabas de los que sí responden se vuelven variopintas: Industria y Turismo se niega a responder y lo mismo hace Transformación Digital y Función pública, esto es, el mismo ministerio que envió la solicitud al resto no responde ni siquiera a la suya propia. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da una lista de cargos pero, en una nueva vuelta de tuerca hacia la opacidad, sin nombres. y Ciencia, Innovación y Universidades solo entrega la lista del personal eventual que trabaja ahora mismo en el Ministerio.

Otros 12 ministerios, la mayoría, dan una lista en la que faltan nombres; y solo cuatro cumplen y responden con toda la información: Agricultura, Pesca y Alimentación; Igualdad; Transportes y Movilidad Sostenible; y Vivienda y Agenda Urbana.

En un próximo reportaje contaremos en detalle qué ocultan la mayoría de los ministerios y qué excusas ponen para hacerlo.

Nos faltan, por tanto, muchos nombres. Un ejemplo: en enero de 2024 había 795 personas contratadas como personal eventual, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Las respuestas recopiladas hasta ahora de los distintos ministerios incluyen 220 personas en activo a finales de 2023, muchísimas menos.

Y eso pese a que una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, tras recurso de Civio, fue clara: el interés público por conocer estos nombres pasa por encima de la protección de datos, más cuando son nombrados de forma discrecional y son datos meramente identificativos. Una sentencia que, además, estaba incluida en la solicitud inicial, la que inició esta travesía. Pero que también ha sido ignorada.

Una opacidad histórica

No es la primera vez que los distintos gobiernos ponen barreras para acceder a esta información básica. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó el primer listado de personal eventual en la Administración General del Estado (AGE). Fue la última vez. Gracias a varias solicitudes de información, y pese a la oposición de los ejecutivos tanto del PP como del PSOE, Civio pudo actualizar esta lista en los años siguientes. Eso sí, de forma parcial, ya que el Consejo de Transparencia instó por primera vez a limitar el acceso a estos datos solo a los niveles más altos, normalmente ocupados por quienes sí ejercen funciones de asesoramiento. Esto ocultaba al personal eventual irregular dedicado a servicios auxiliares o administrativos, entre otros. Pero, a finales de 2019, el Tribunal Supremo obligó al Tribunal de Cuentas, tras el recurso de Civio, a identificar a todo su personal eventual, también quienes ocupan puestos inferiores, y esa es la regla que se debería aplicar desde entonces.

La jurisprudencia que sentó esta sentencia sirvió como base para las siguientes solicitudes de información. Civio volvió a pedir los datos a finales de 2019 y, aunque era información mucho más amplia, porque se refería a diez años de personal eventual, la respuesta llegó en dos días. En 2020 se pidieron de nuevo los datos, esta vez del primer semestre del año. Y así se pudo completar la información hasta ese momento, rellenar un buscador de eventuales y publicar, por primera vez, todos esos nombres ocultos.

La solicitud de febrero de 2024 pretendía completar esta base de datos. Pero, pese a que se trata de información elemental (quiénes son, sin más), se ha convertido en un largo camino de baches y derroteros inimaginables. Y, por el momento, buena parte de esa información aún permanece oculta.

Metodología

A la hora de afirmar que al menos 11 ministerios responden con datos parciales, nos basamos en tres fuentes: 1) las propias respuestas de los ministerios, que en ocasiones informan explícitamente que excluyen alguna parte de los datos; 2) el cruce de los datos del primer semestre de 2020, que ya teníamos gracias a otra solicitud de información, con los datos actuales, para ver si alguna persona que estaba en activo en esa época no aparece en las respuestas que han pasado los ministerios; 3) la comprobación de números globales en el Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, pero nunca como única fuente.

La visualización se ha desarrollado con Svelte.js y D3.js.

María Álvarez del Vayo ha colaborado en la edición de este reportaje.

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