Entre 2010 y la primera mitad de 2020, 2.247 personas han sido nombradas como personal eventual en la Administración General del Gobierno (AGE). Sobre estos trabajadores, designados a dedo por altos cargos, la normativa es clara: solo podrán ejercer funciones de confianza y asesoramiento, lo harán con carácter no permanente y cesarán cuando cese la autoridad que les nombró. Civio ha tenido acceso a las identidades de este tipo de personal, los puestos y los ministerios por los que han pasado, y sus fechas de alta y baja. Y, según los datos remitidos por el Ministerio de Función Pública, ni todos ejercen funciones de confianza o asesoramiento, ni el paso de todos ellos por la AGE ha sido puntual.

Estos 2.247 eventuales suman 4.163 nombramientos diferentes (por cambios de denominación del ministerio, de nivel, de departamento o de tareas, por ejemplo). Pero, mientras que en ministerios como los de Fomento o Sanidad todos estos puestos terminaban con el Gobierno que les nombró, en Presidencia y en Patrimonio Nacional, entre otros departamentos, no ha sido así. De hecho, 359 de estos 2.247 eventuales, casi uno de cada seis, han trabajado de forma ininterrumpida para varios gobiernos.

Tipos de empleados públicos

Existen cuatro tipos de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, laborales y eventuales. Los primeros tienen que aprobar una oposición para acceder, los segundos en la mayoría de casos al menos haberse presentado, los terceros firman un contrato de trabajo para una labor concreta y los últimos, los protagonistas de este artículo, se nombran y se cesan de forma discrecional –esto es, de forma libre y sin reglas de mínimos, por ejemplo– por ministros y secretarios de Estado.

De estos 359 supervivientes, 234 seguían en activo a 30 de junio de 2020. Esta es la fecha a la que la Dirección General de Función Pública, responsable del Registro Central de Personal, cerró los datos que Civio solicitó al amparo tanto de la Ley de Transparencia como a una sentencia del Tribunal Supremo sobre la transparencia del personal eventual. Es decir, del actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que contaba a mitad de año con 777 eventuales en activo, un 30% entró en la AGE bajo presidencias distintas a las de Pedro Sánchez. 66 de estos 234 eventuales empezaron durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Otros 123, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente (aquí no contamos a los que salieron y regresaron con Pedro Sánchez, como explicamos en la metodología). Las 45 personas restantes comenzaron con José María Aznar. Desde su salida del Palacio de La Moncloa han pasado más de 16 años y estos irreductibles empleados –nombrados a dedo– resisten todavía a cada invasor. Algunos llevan en esos puestos desde 1997, más de 22 años.

Las diferentes normas que regulan al personal eventual destacan tres reglas: solo pueden ejercer funciones “expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial”, lo hacen “con carácter no permanente” y “cesará automáticamente cuando cese la autoridad” a la que preste servicios. Y, aunque desde Aznar la regulación ha evolucionado, estos requisitos han sido siempre una constante.

“Hay que analizar puesto a puesto, pero entiendo que solo sería viable con 22 años continuado de Gobierno del mismo color”, señala el abogado Darío Diéguez, especializado en Derecho Administrativo. Esta situación, en la que se han sucedido distintos partidos al frente del Ejecutivo, “solo se explica por un acuerdo tácito entre los distintos Gobiernos para ‘no tocar’ a determinada gente”. “Y fraudulentamente, claro”, informa Ángela Bernardo.

Los 15 imperturbables de La Moncloa

Si la mediana de permanencia como eventual es de 833 días, hay 15 personas que multiplican casi por diez esa cifra: a 30 de junio de 2020, cuando aún seguían todos ellos en activo, cada uno de ellos sumaban, de forma ininterrumpida, 8.277 días o, lo que es lo mismo, más de 22 años y medio. Para ellos, lo de puestos con “carácter no permanente” no acaba de encajar.

Tienen más cosas en común. Todos ellos fueron nombrados el 1 de noviembre de 1997, durante la primera legislatura de Aznar, pero todos los presidentes que le sucedieron los han mantenido en sus cargos o en tareas similares. Y más: todos ellos trabajan para Presidencia del Gobierno.

La mayoría se dedica a la seguridad. Así, nueve de ellos son vigilantes de nivel 13 o 14, y dos operadores de sala de seguridad. Completan la lista una directora de programa –hoy consejera técnica– en Seguridad Nacional, una jefa de negociado en el gabinete del Presidente y dos personas en distintas secretarías de altos cargos de Moncloa.

Un total de 19 personas fueron nombradas el mismo día de 1997. Cuatro no siguen a día de hoy. Una por poco, ya que cesó el pasado 7 de enero. Y, de todas ellas, la que menos tiempo estuvo conoció a dos presidentes –Aznar y Zapatero– en los 12 años que estuvo de eventual.

Fuente: Registro Central de Personal

Administrativos, ordenanzas o programadores, ¿personal de confianza?

A falta de una normativa más detallada, los tribunales han tenido que pronunciarse sobre las funciones del personal eventual. Existe “unanimidad” para el personal de secretaría y gabinetes de prensa, según Las funciones del personal eventual en la jurisprudencia. Junto a los puestos de asesor o vocal asesor, el personal de “apoyo logístico-político a la autoridad”, como los define este estudio, es el más frecuente en los datos entregados a Civio. Es el caso de tres de cada cuatro puestos ocupados por los 2.247 eventuales que pasaron por la AGE desde 2010.

Pero, frente a la tónica general, esta proporción baja a menos de la mitad cuando nos fijamos solo en los empleos de los supervivientes, con características especiales. Además de puestos sin especificar, entre estos trabajadores es mayor el número ordenanzas, vigilantes de seguridad, pero también administrativos, jefes de negociado, programadores y analistas.

Se está empleando la figura de manera fraudulenta”, denuncia Javier Martínez, responsable de empleo de Comisiones Obreras (CCOO) en la Administración General del Estado. “El personal eventual que desarrolla labores de servicios generales, auxiliares, administrativas o incluso de gestión no puede ser considerado personal de confianza”.

Esta situación “genera una grave desigualdad con respecto a las personas que tratan de acceder a la Función Pública” mediante oposiciones. “Este abuso en la contratación de personal eventual es una vulneración de los principios constitucionales de acceso al empleo público de mérito, capacidad, igualdad y publicidad”, sentencian desde CCOO.

“Es un problema de falta de fiscalización, de mirar para el otro lado. La norma es clara. La jurisprudencia es clara”

Darío Diéguez, abogado

Para el abogado Darío Diéguez, cuando hablamos de trabajadores como los ordenanzas, los programadores o los jefes de sección, “todos esos puestos son en fraude de ley”. “Sus funciones son de carácter permanente y la mayoría deberían ocuparse por funcionarios de carrera y, más excepcional y opcionalmente, por personal laboral fijo”, explica a Civio. En su opinión, la situación se debe a los “dislates sin consecuencias” en las políticas de recursos humanos de las administraciones. “No es un problema normativo o de regulación. Es un problema de falta de fiscalización, de mirar para el otro lado. La norma es clara. La jurisprudencia es clara”, sostiene.

Civio ha contactado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para contrastar su versión, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

Una información escurridiza

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó el primer listado de personal eventual en la AGE. Fue la última vez. Gracias a varias solicitudes de información, y pese a la oposición de los ejecutivos tanto del PP como del PSOE, Civio pudo actualizar esta lista en los años siguientes. Eso sí, de forma parcial, ya que el Consejo de Transparencia instó a limitar el acceso a estos datos solo a los niveles más altos, normalmente ocupados por quienes sí ejercen funciones de asesoramiento. Esto ocultaba al personal eventual irregular dedicado a servicios auxiliares o administrativos, entre otros.

“La Administración nos niega sistemáticamente esta información”, incluso mediante la Ley de Transparencia, denuncia Martínez. “La respuesta suele ser ‘que los sindicatos tenemos otras vías de acceder a la información’ y entramos en un bucle sin solución”. A finales de 2019, el Tribunal Supremo obligó al Tribunal de Cuentas, tras un recurso de Civio, a identificar a su personal eventual. La jurisprudencia que sentó esta sentencia permite a día de hoy conocer los nombres de los asesores. Pero también, luchar contra el fraude en la contratación de empleados públicos.

La Dirección General de Función Pública entregó a Civio dos listados: uno de 3.347 nombramientos de eventuales que estuvieron en activo en la AGE entre 2010 y 2019 y otro de 1.576, de activos en el primer semestre de 2020. Esta información incluye nombre y apellidos, fechas de toma de posesión y cese, ministerio, centro directivo, unidad y descripción del puesto de trabajo. Consolidamos las filas de aquellas personas adscritas a algún ministerio o a Patrimonio Nacional, ya que eran los únicos organismos constantes en ambos ficheros. Detectamos que los datos eran sobre 2.247 personas, pero que habían desempeñado distintos empleos. En algunos casos, la fecha de una nueva alta era tan solo un día después de haber sido cesado en otro puesto.

Vista esta situación, concatenamos los distintos puestos desempeñados por cada individuo cuando la diferencia entre las fechas de baja y siguiente alta era de hasta siete días. Desde CCOO confirman nuestra elección metodológica: “el cese e inmediata toma de posesión -o contrato, en otros casos-, aún cuando se produzca una demora por los plazos administrativos imprescindibles, debe ser considerado como una continuidad en la ocupación del puesto de trabajo”. Por ello, el margen es de una semana.

Por último, contamos a una persona como trabajadora para dos gobiernos si estuvieron más de 30 días con un Gobierno diferente con el que entraron en la AGE. Este periodo de gracia se debe a que algunos ceses parecían tener un pequeño retraso (aunque la Ley es clara y establece que será automático cuando la autoridad que les nombró sea cesada) y se acumulaban a los 18, 19, 22, 26 y 30 días del Gobierno saliente. Así, excluimos a las personas que han trabajado para dos gobiernos diferentes de manera no consecutiva. Por ejemplo, no entrarían aquellas que han trabajado en gabinetes de prensa con los presidentes socialistas Zapatero, primero, y Sánchez, más tarde.

Tras valorarlo mucho, hemos decidido publicar solo las iniciales de 26 personas (de 2.247) que ocupan, a día de hoy, puestos relacionados con seguridad, como operadores de sala de seguridad, vigilantes, jefes y técnicos de seguridad de las comunicaciones. Hemos obrado así tras constatar que no tienen relaciones aparentes con miembros del Gobierno o con el partido. La responsabilidad de preservar la seguridad que deviene de sus cargos prima, a nuestro juicio, más aún cuando sus nombres no tienen relevancia periodística. Pero insistimos: el Supremo ha ratificado el derecho de toda la ciudadanía a saber quiénes son. Si una persona, colectivo, organización sindical o de otro tipo tiene interés en conocerlos para alguna acción que no vulnere su seguridad ni la de las instituciones en las que trabajan, podemos compartir con ella los datos completos.

La mediana del tiempo de permanencia la hemos calculado teniendo en cuenta los periodos consecutivos, tal y como acabamos de explicar, y cerrados. Es decir, de aquellas personas que cesaron como eventuales. Por tanto, en este cálculo no hemos tenido en cuenta a las personas en activo. De hacerlo, la mediana no baja mucho (de 833 a 729 días). Aún así, entendemos que no tiene sentido incluir en el concepto de ‘permanencia’ aquellos nombramientos que no tienen fecha de fin.

Respecto a la visualización, las barras y el texto inferior dan cuenta de las cifras de personal eventual en activo a final de cada mes, desde enero de 2010 hasta junio de 2020. Si alguna persona fue cesada antes, por ejemplo, el 30 de enero de 2014, no se contabiliza en ese mes, aunque sí aparecerá su información en la tabla que está debajo del gráfico.