El BOE de hoy recoge seis indultos aprobados el pasado viernes en Consejo de Ministros, entre ellos el concedido a Ángel Vadillo, actual alcalde de Alburquerque, una pequeña población de la provincia de Badajoz. Vadillo fue condenado en 2012 por obstrucción a la justicia y amenazas, tras advertir a una vecina que había recurrido la construcción de un edificio que le tapaba las vistas de que, si no retiraba la denuncia, desvelaría con quién mantenía relaciones sexuales.

Tras la condena en firme, en 2012, Vadillo fue dado de baja del PSOE, tal y como marcan sus estatutos. Pero se mantuvo en el poder, hasta el día de hoy, bajo las siglas de su propio partido.

Amenazas en el mensaje navideño del alcalde

Los hechos ocurrieron en 2010. Según narra la sentencia, Vadillo amenazó a una vecina “para que retirara la denuncia contra él”. Para hacerlo, continúa el fallo, puso a su servicio “todos los medios propios de su condición de Alcalde, frente a una ciudadana particular”. Lo hizo en el mensaje navideño que retransmitieron los medios locales en Nochebuena, lo repitió los días 27, 30 y 31 de esas navidades y llegó a darle 15 días para que se retirara “bajo la amenaza de desvelar una relación sentimental de aquella que había mantenido con un dirigente del Partido Popular ya fallecido”. También lanzó esas amenazas en la revista local La Glorieta, y envió como mensajera a una trabajadora social del Ayuntamiento para que le transmitiera que fuera a verle para solucionar el problema de forma privada. La mujer abandonó el pueblo y se fue a vivir a Bilbao.

Un juzgado de lo Penal de Badajoz le condenó a dos años de cárcel, una pena que ascendió a dos años y medio tras pasar por la Audiencia Provincial de Badajoz. Vadillo ha llegado a ponerse en huelga de hambre contra una sentencia que considera injusta y siempre ha mantenido que se trata de una cacería política contra él. Pero la sentencia considera que no hay información que demuestre esa teoría: “Carecen de apoyatura fáctica y probatoria los alegatos referidos a una supuesta confabulación política para desbancar del poder al encausado”.

Tras la sentencia, el PSOE le dio de baja del partido, como marcan sus estatutos, pero siguió ejerciendo como alcalde gracias al apoyo de los ediles socialistas y bajo las siglas de su propio partido, la Organización del Pueblo Obrero (ORPO). De hecho, y pese a ya no ser miembro del PSOE, participó en un mitin del PSOE junto a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, durante la campaña de las elecciones europeas de 2014.

La condena incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, lo que supone que no podía volver a presentarse a las elecciones. Pero, tras pedir el indulto, su ejecución quedó suspendida y se presentó a las municipales de 2015 bajo las siglas de ORPO. Ganó y es el actual alcalde.

El indulto rebaja su pena de dos años y medio a dos años, lo que le permitiría evitar la entrada en prisión, pero no elimina la inhabilitación para presentarse a las elecciones. Así, si se empieza a ejecutar ahora, no podrá presentarse a las municipales de este año.

Este no es el único indulto que el Gobierno socialista ha sacado del cajón tras su llegada al Gobierno, y que llevaba años pendiente de resolución. En el pasado Consejo de Ministros también se aprobaron los de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete.

Los tres indultos, los dos de los sindicalistas y el de Vadillo, llevan años pendientes de resolución. El del alcalde de Alburquerque, en concreto, más de seis años, mucho más de lo habitual. De hecho, la mediana de tiempo que pasa desde una condena en firme hasta que se concede la medida de gracia es de menos de tres años, según los datos de todos los indultos concedidos desde 1996. Durante ese tiempo, la ejecución de la pena ha estado suspendida.

15 indultos en lo que va de año

En las seis medidas de gracia aprobadas hoy también encontramos perdones a condenados por robo, delitos contra la salud pública y contra la ordenación del territorio. Este último es para un hombre que levantó una vivienda de 100 metros sin permisos en la reserva natural del Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, una zona protegida del municipio de El Boalo (Madrid), según narra la sentencia.

En total, llevamos 15 solo en lo que va de año. Entre ellos, los indultos a un policía local que falsificó documentos para encubrir a su hermano y a un guardia civil puso una multa sin base legal para perjudicar al exmarido de su pareja.

Esa cifra total, pese a que estamos aún en febrero, se acerca a los 17 concedidos durante todo 2018, nueve de ellos aprobados durante el Gobierno de Rajoy y los otros ocho durante el de Pedro Sánchez.

Buenos días.