Propuestas de Transparencia para las Elecciones Autonómicas 2019
Propuestas de Transparencia para las Elecciones Autonómicas 2019
Avanzando desde las comunidades autónomas
El 26 de mayo de 2019 Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia, Ceuta y Melilla celebran elecciones autonómicas. En la Fundación Civio llevamos más de un lustro batallando por conseguir introducir en la agenda política la apertura de lo público. Y lo volvemos a hacer, de cara a estos comicios. Nuestro objetivo es que los programas electorales de los partidos políticos incluyan promesas claras en estos ámbitos y que se acaben llevando a la práctica.
Las comunidades autónomas pueden conseguir avances importantes en transparencia y anticorrupción. Ya lo han hecho otras veces. Sus normativas sobre transparencia suelen dar pasos adelante con respecto a las leyes estatales, y han sido pioneras en regular aspectos clave, como la regulación de los lobbies. Por eso, hemos enviado a los partidos nuestras recomendaciones de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Dado que se trata de propuestas transversales aplicables a todas las comunidades autónomas, es posible que algunas de ellas estén ya en marcha en la tuya.
Tu opinión es muy importante
Nos gustaría conocer qué piensas sobre estas medidas y qué más pasos podemos dar para que se conviertan en hechos. ¿Nos ayudas respondiendo a una breve encuesta? Es anónima y te tomará menos de 5 minutos, lo prometemos.
Si formas parte de una formación política y tienes alguna duda o comentario sobre nuestras propuestas, o quieres que nos reunamos para comentarlas, escríbenos a [email protected].
Lobby regulado y agendas públicas
Las agendas de trabajo de los altos cargos y consejeros deben publicarse e incluir todas las reuniones celebradas para influenciar en políticas públicas. En paralelo, es imprescindible la creación de un registro de lobbies, tanto en el Gobierno autonómico como en las asambleas, que permita conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes y qué impacto tienen esos encuentros en las normativas que se acaban aprobando.
Publicidad de agendas de altos cargos y registro de lobby en el Gobierno autonómico
Nuestra propuesta
Todos los altos cargos del Gobierno y los organismos independientes deben publicar sus agendas de trabajo completas. Solo se deberían permitir excepciones muy acotadas en las que la publicación de esos encuentros pudiera vulnerar derechos fundamentales. La información debe incluir, al menos, fecha y lugar, nombres de los participantes, a quién representan, tema y principales puntos tratados, sobre qué normas pretenden influir, acta y minutas y documentos entregados.
Aunque es imprescindible que una ley plantee de forma permanente la obligación de publicar las agendas, el Gobierno autonómico puede empezar a publicarlas cuando lo considere, marcando el camino al resto de instituciones de la comunidad autónoma y convirtiéndose así en pioneros en este tema.
Junto con la publicación de las agendas completas de trabajo y reuniones de los altos cargos, Civio defiende desde 2013 la creación de un registro de grupos de interés, entendidos como cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones. Esto es, debemos evitar excepciones que desvirtúen la norma. El registro debe ser completamente público e ir acompañado de controles y sanciones por incumplimiento (por ejemplo, reunirse con un lobby no registrado).
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes, qué temas trabajan, cómo lo hacen y cómo afectan esas influencias a las políticas públicas es imprescindible para la rendición de cuentas y para vigilar si las decisiones tomadas responden a un verdadero interés general o prima el de unos pocos. La transparencia no radica solo en cuánto cobra el presidente autonómico, es mucho más importante conocer con quién se reúne y a qué acuerdos llega.
¿Cuál es la situación actual?
El lobby no está regulado a nivel estatal. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 no incluyó este apartado. En las anteriores elecciones, esta propuesta estaba presente en los programas de los principales partidos, pero no se ha puesto en marcha.
La ley de transparencia catalana incluyó la creación de un registro de grupos de interés. Aunque tiene carencias (no incluye a todas las personas o entidades que pretendan influir, por ejemplo), demuestra que es posible legislar este asunto a nivel autonómico.
Publicidad de agendas de sus miembros y registro de lobby en las asambleas autonómicas
Nuestra propuesta
Creación de un registro de grupos de interés que incluya a todas las personas -sin excepción- que, en representación propia o de terceros, se reúnan con miembros de la asamblea para intentar influenciar en la tramitación de una norma. Deberá incluir nombre, entidad a la que pertenece, entidad a la que representa, ámbitos de interés y reuniones a las que ha asistido. Ese registro debe ser público, abierto y accesible a toda la ciudadanía desde el principio. En paralelo, todos los diputados deben publicar sus agendas de trabajo completas, en línea con las exigencias a los altos cargos. Más información sobre nuestra postura, aquí y aquí.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Los diputados no solo votan, participan en un trabajo largo y complejo de elaboración de normas, enmiendas y debate. Las conversaciones con agentes externos o grupos de presión no son negativas per se, pero es imprescindible que sean transparentes.
¿Cuál es la situación actual?
Ahora mismo no existe ningún tipo de información ni control a fondo sobre las reuniones o encuentros que mantienen los diputados de las asambleas autonómicas. Aunque algunos pocos diputados, de forma individual, publican sus agendas, no es obligatorio ni igual para todos y bajo los mismos criterios.
Publicación de la huella legislativa completa
Nuestra propuesta
Publicación, junto a cada norma aprobada, de un informe de huella legislativa que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final, así como datos o estadísticas que avalen las decisiones tomadas.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Si las agendas de trabajo son importantes, aún lo es más el impacto que tienen los documentos e informes en las leyes, decretos y normas. Debemos tener información suficiente para poder valorar la eficiencia de una decisión pública.
¿Cuál es la situación actual?
La Ley de Transparencia estatal no solo no obliga a publicar los informes -propios o ajenos- en los que se basan las normas, con alguna excepción muy concreta, sino que excluye los documentos de trabajo y borradores del derecho de acceso a la información. Algunas normativas autonómicas mejoran este punto, pero sigue sin ser obligatoria la publicación de la huella legislativa completa en ninguna comunidad. Para un ciudadano es casi imposible hacer seguimiento del proceso de aprobación de una ley y, mucho menos, saber qué actores y documentos han participado en ese trámite y entender por qué se han tomado ciertas decisiones.
Mejoras en las normas de transparencia
Casi todas las comunidades autónomas han aprobado leyes de transparencia que, en la mayoría de casos, mejoran lo establecido en la norma estatal en 2013. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Y, aunque para algunos puntos es necesario una reforma estatal, los gobiernos autonómicos pueden mejorar la situación en varios frentes: simplificando el derecho de acceso, utilizando la mediación para resolver conflictos y dando más poder e independencia a los organismos que vigilan su aplicación para ejercer su labor.
Atajar las imprecisiones de la Ley de Transparencia en su ámbito de competencia
Nuestra propuesta
Que las comunidades autónomas no exijan la identificación del solicitante para iniciar el procedimiento administrativo y que simplifiquen los formularios de acceso a la información pública. Además, es imprescindible que en sus leyes autonómicas establezcan un plazo máximo para el tiempo que puede transcurrir entre el registro de una solicitud de acceso y su aceptación por el órgano competente.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
No nos hemos cansado de repetir que la Ley de Transparencia de 2013 es imprecisa, introduce trabas al derecho a saber y es muy mejorable. Las comunidades autónomas tienen margen para mejorar –sin contradecir– la norma estatal, puesto que tienen capacidad legislativa para desarrollarla en sus respectivos ámbitos de competencia.
Las barreras al derecho a saber son también formales, el principal problema está en los sistemas de identificación y los requisitos técnicos de los distintos portales de transparencia, como burocráticas, ya que el procedimiento provoca que algunas respuestas no sean claras y rápidas.
¿Cuál es la situación actual?
La obligada identificación de quién pregunta, sumada a los requisitos técnicos de los distintos portales de transparencia, son una traba real. Algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, habilitan un formulario de fácil acceso y no exigen la identificación del solicitante.
La Ley estatal de Transparencia establece que los plazos que tiene la administración para dar respuesta a las solicitudes de información pública empiezan a contar en el momento en el que éstas son recibidas por el órgano competente para resolverlas. La ley olvida fijar un límite al tiempo que pasa entre que un ciudadano registra su pregunta hasta que la administración la redirige al departamento que debe responder. Y esto ha producido que los tiempos en este primer paso sean arbitrarios.
Promover la mediación previa a la resolución
Nuestra propuesta
En caso de que la administración prevea la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública establecidos en los artículos 14 o 18 de la LTAIBG, se proponga un trámite audiencia con el interesado previo a la resolución. Y, además, recomendamos aplicar el modelo de mediación de la Ley de Transparencia de Cataluña.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Si la apuesta por la defensa del derecho de acceso a la información es clara, es imprescindible crear canales de comunicación entre lo público y la ciudadanía para ayudar a explicar mejor cómo se trabaja en las administraciones y solventar posibles conflictos antes de acudir a recursos administrativos o judiciales.
¿Cuál es la situación actual?
Hemos constatado que no siempre la administración da respuesta a lo preguntado por los ciudadanos. Y hemos escuchado a trabajadores públicos cómo culpabilizan a los ciudadanos por preguntar mal. El artículo 19.2 de la Ley estatal permite abrir un plazo de audiencia para subsanar deficiencias en la solicitud de información. En la fase de reclamación, la Ley catalana de Transparencia abre la posibilidad a que su Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) medie entre administración y solicitante ante una respuesta no satisfactoria, un sistema que puede ayudar a solventar situaciones que se atascan dada la unidireccionalidad del actual proceso.
Independencia, poder y medios para los organismos de control de la transparencia
Nuestra propuesta
Que los organismos encargados de hacer cumplir las obligaciones de transparencia cuenten con medios suficientes, sean independientes (también en presupuesto) y cuenten con poder sancionador para poder aplicar sus decisiones.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Si los organismos de control de la transparencia no tienen poder, medios ni independencia su trabajo no puede ser todo lo eficiente que debería, y nos jugamos mucho. Si las leyes de transparencia no se aplican, y nadie vigila para que así sea, se quedan en papel mojado.
¿Cuál es la situación actual?
No todas las comunidades autónomas cuentan con su propio organismo supervisor. De hecho, no es imprescindible y pueden firmar acuerdos con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Entre las que sí tienen, se repiten los problemas del organismo estatal, en la mayoría de casos, como la falta de medios y de poder sancionador, por lo que, en ocasiones, no pueden vigilar que se cumpla la norma o sus decisiones son ignoradas.
Luz en los precios y la relación con las farmacéuticas
Las relaciones entre las farmacéuticas y el sector público, en un sector tan sensible como el sanitario, tienen que ser absolutamente transparentes, por eso reclamamos que se regule la publicidad de los precios a los que se adquieren los medicamentos.
Transparencia en los precios de adquisición de productos farmacéuticos por parte del sector público
Nuestra propuesta
Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sanitarias y, en la mayoría de casos, son las encargadas de la compra de productos farmacéuticos. Es imprescindible conocer los precios a los que los adquieren y acabar con la opacidad en el sector.
Para ello proponemos que las administraciones encargadas de la compra de productos farmacéuticos hagan públicos los documentos que les exige la LCSP, incluyendo de forma específica los precios unitarios por los que se han licitado y adjudicado los productos farmacéuticos que corresponden a cada contrato; y este sector deje de ser un rincón de opacidad dentro de la contratación pública.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Conocer los precios que paga cada administración por la adquisición de fármacos es esencial para un correcto funcionamiento y control de la gestión sanitaria. Hasta el momento, la publicación de estos precios por parte de la administración pública ha sido una excepción, puntual y dispar, dependiendo en todo momento de la voluntad del órgano licitador de publicar dichos precios de licitación y adjudicación. Pero no es lo habitual.
La opacidad en los precios de adquisición de medicamentos financiados con fondos públicos crea una situación de desventaja para las propias administraciones, ya que no permite conocer el precio por el que se ha podido adjudicar el mismo medicamento a cualquier otro país o región, y establece una excepción injustificada a la transparencia debida en los procesos de contratación pública.
¿Cuál es la situación actual?
La compra de productos farmacéuticos por parte de la administración se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y las leyes autonómicas de contratación y no cuenta con un procedimiento específico hasta el momento, razón por la que debe seguir las mismas exigencias legislativas que cualquier otro contrato de suministro.
La publicación de los precios de adquisición de productos farmacéuticos (tanto del precio de licitación como el de adjudicación por unidad) son, por tanto, esenciales en la reforma de la norma. Hasta el momento, han sido muy pocas las administraciones que han hecho un ejercicio de transparencia con esta información. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, en su acuerdo marco para el suministro de medicamentos antibióticos y antifúngicos de noviembre de 2017, publicaba el precio unitario de cada uno de los productos farmacéuticos adjudicados del primer contrato basado en el acuerdo marco. La industria farmacéutica, sin embargo, pedía en 2016 a través de su patronal, Farmaindustria, confidencialidad en los concursos de adjudicación pública. La publicación del precio unitario, según expresaba su secretaria general, “frena la competencia y puede provocar un efecto dominó en otros países” tal y como recoge Correo Farmacéutico.
Civio, sin embargo, cree que conocer esta información permite tener un control más exhaustivo de las negociaciones entre el sector farmacéutico y las administraciones públicas. Gracias a la publicación del precio de compra del Sovaldi por parte de varios organismos públicos de contratación, supimos que España era uno de los países europeos que mejor estaba negociando el precio del medicamento para la Hepatitic C y que algunos políticos europeos estaban mintiendo sobre el precio negociado con la industria. Otro de los argumentos que usan las farmacéuticas para vetar esa publicidad es que, aseguran, terminaría con su política para ofrecer precios más bajos a países más pobres. También demostramos que esa afirmación no es del todo cierta.
Transparencia en otros ámbitos clave
Existen algunos ámbitos de lo público en los que la opacidad manda, pese a su importancia para la rendición de cuentas y a que son motivo de desconfianza ciudadana. Por eso proponemos poner luz sobre esos puntos clave, ya sea la ejecución detallada del presupuesto, los viajes de altos cargos, el control de los conflictos de interés, el reparto de la publicidad institucional, la gestión de los incendios y los nombres de los asesores, entre otros.
Cuentas claras: ejecución presupuestaria al detalle
Nuestra propuesta
Publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los presupuestos de la comunidad autónoma. Creación de una capa de control sobre la ejecución presupuestaria, en la asamblea autonómica, de forma trimestral, para informar de las razones de los desvíos.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
La aprobación de los presupuestos autonómicos acapara muchísimos titulares. En cambio, lo que de verdad se gasta, la ejecución presupuestaria, pasa casi desapercibida. Si no conocemos el detalle de los posibles desvíos y el coste final, no podemos controlar el gasto del dinero público de forma efectiva.
¿Cuál es la situación actual?
La mayoría de comunidades publican, además del presupuesto, la ejecución presupuestaria, pero -con honrosas excepciones, como Aragón o Euskadi, por poner dos ejemplos- lo hace con un nivel de detalle muy inferior al desglose que ofrecen los presupuestos originales, lo que no permite analizar a fondo los desvíos ni se rinden cuentas sobre ellos.
Detalle de los viajes de altos cargos y diputados
Nuestra propuesta
Que tanto las asambleas como los gobierno autonómicos (para todos los altos cargos) publiquen el listado de viajes realizados, el objetivo, las personas que acudieron y el coste detallado por partidas.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Como un goteo, cada cierto tiempo surge una polémica por algún viaje como mínimo sospechoso pagado con dinero público. Este tipo de noticias contribuye, y mucho, a la desafección política. Y, en algunos casos, el uso de recursos públicos no está justificado y se debería poder fiscalizar también desde la ciudadanía.
¿Cuál es la situación actual?
Ni en el ámbito legislativo ni en el ejecutivo, a nivel estatal, se ha regulado la publicidad de estos viajes. De hecho, lo que nos hemos encontrado, cuando se ha solicitado información sobre este punto, es una negativa rotunda. Civio lleva inmerso desde 2016 en un proceso judicial iniciado porque Defensa se negó a dar los nombres de los acompañantes en viajes oficiales.
Algunas comunidades ya están publicando información detallada sobre los viajes de sus altos cargos, como por ejemplo La Rioja, pero aún es algo minoritario.
Control y luz en los conflictos de intereses
Nuestra propuesta
Publicación de las declaraciones de bienes y actividades completas de los altos cargos. Además, también deberían ser públicas no solo las aprobaciones de compatibilidad, sino también las denegaciones y las razones de la decisión en uno u otro sentido, así como un informe anual que explique el trabajo realizado para el control de estos posibles conflictos.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Las declaraciones de actividades y bienes pueden mostrar conflictos de intereses que puedan poner en duda la imparcialidad de un alto cargo y es imprescindible que sean conocidas para vigilar que se ejerce sin influencias. Además, las puertas giratorias son una de las causas de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. En ocasiones, ni siquiera se distingue entre casos ilegales, poco éticos y completamente correctos.
¿Cuál es la situación actual?
La disparidad de criterios a la hora de publicar las declaraciones de intereses y bienes entre comunidades autónomas es enorme. Mientras algunas han apostado por la transparencia total, son mayoría aquellas en las que no se publican o solo se comparte un extracto o una parte de las mismas.
Publicación desglosada de los presupuestos y gastos de prevención y extinción de incendios
Nuestra propuesta
Publicación de forma desglosada de los presupuestos y la ejecución del gasto en prevención e incendios forestales, así como su evolución.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
De 2001 a 2015 se han producido más de 235.630 incendios forestales de más de 1 hectárea, con consecuencias catastróficas en muchos de ellos. Durante los últimos años se han denunciado de forma recurrente los recortes en extinción y prevención, pero no existen datos públicos completos que permitan valorar cuál ha sido la evolución del gasto.
¿Cuál es la situación actual?
La mayoría de administraciones no publica de forma desglosada cuál es el gasto en prevención y extinción, así como su evolución.
Sólo Andalucía, Asturias, Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respondieron a solicitudes de información sobre este punto en 2014. Esto es, 13 comunidades autónomas incumplen la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental.
Publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional
Nuestra propuesta
Publicación del reparto de cada campaña de publicidad institucional por cabeceras, así como los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios. Creación de un mecanismo de control parlamentario que vigile el cumplimiento de la ley y que la distribución se rija por criterios de eficiencia.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
En demasiadas ocasiones se pone en duda, por parte de la ciudadanía, la independencia de los medios y la efectividad del reparto de la publicidad institucional. Y muchas veces, vista la distribución, que poco tiene que ver con razones de eficiencia, con razón.
De forma puntual hemos conocido algunos casos polémicos, como el reparto de la campaña de violencia de género que realizó la exministra de Sanidad Ana Mato sin tener en cuenta la audiencia. No es el único. Y muchos de ellos ocurren en los gobiernos autonómicos.
¿Cuál es la situación actual?
En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, excepto en algunas excepciones muy contadas, confidencial. Esta opacidad no nos permite saber si se siguieron criterios de eficiencia o primaron otros intereses.
La Generalitat de Catalunya incluyó en su Ley de Transparencia la publicación del reparto de la publicidad institucional entre medios y ha respondido a preguntas sobre este asunto, pero es un caso aislado.
Publicación de nombre, cargo, CV y retribuciones del personal eventual
Nuestra propuesta
Publicación de nombre, currículum completo, sueldo y cargo, fecha de nombramiento y cese de todo el personal eventual, independientemente de su nivel y de si son o no funcionarios de carrera.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Si existe transparencia en los nombramientos del personal funcionario, desde su concurso de méritos hasta su nombramiento, ¿por qué no cuando se trata de cargos de confianza y asesores especiales que son nombrados discrecionalmente? No solo se trata de una cuestión de transparencia formal, sino que es imprescindible para comprobar si están cualificados para ejercer su función, muchas veces de alta responsabilidad.
¿Cuál es la situación actual?
Algunas comunidades autónomas incluyeron en sus leyes de transparencia la publicación de los nombres, responsabilidades y retribuciones del personal eventual. De hecho, Murcia y Aragón, entre otras, publican esta información. Pero aún muchas comunidades siguen sin hacerlo.
Contratación transparente y vigilada
La reforma de la Ley de Contratos de 2017, que entró en vigor en 2018, ha supuesto una mejora en cuanto a transparencia de la contratación. Es imprescindible que las comunidades autónomas, como han hecho en otros ámbitos, mejoren en transparencia y control de la contratación en el desarrollo de sus leyes autonómicas.
Avanzar en la apertura de la información sobre cada contrato
Nuestra propuesta
Aprobación de una ley de contratos autonómica que mejore las obligaciones de transparencia y control de la norma estatal en aspectos clave como la información que se publica (incluyendo los nombres de los decisores en el proceso y las ofertas completas de las empresas participantes, por ejemplo), apertura del registro de licitadores para que no sea necesaria la firma electrónica y que los datos sean abiertos y descargables y mayores límites a las modificaciones de los contratos, que solo podrán suponer un 10% sobre el precio inicial.
- Más información sobre las propuestas que quedaron fuera de la ley estatal y que pueden ser incluidas en las normas autonómicas.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
La Ley estatal, en vigor desde marzo de 2018, supuso un paso adelante destacado, que incluyó entre otras medidas obligaciones de publicidad mucho mayores, pero es imprescindible que las comunidades autónomas la mejoren. La contratación pública es el centro de gravitación de buena parte de los casos de corrupción de este país y poner luz sobre ella evitará abusos (por miedo a ser descubiertos) y permitirá mayor control por parte de la ciudadanía.
¿Cuál es la situación actual?
Muchas de nuestras recomendaciones se incluyeron en la normativa estatal, pero otras quedaron fuera. Por ejemplo, conseguimos que el registro de licitadores fuera público, pero es necesaria una identificación para acceder y no se permiten descargas en datos abiertos, lo que frena el acceso a la información.
Aunque en muchísimos casos se publican las actas de adjudicación, es habitual ocultar quiénes fueron los responsables de las decisiones y se nombran cargos genéricos como “un responsable de X entidad”.
Tampoco conseguimos eliminar de la ley el artículo que permite modificaciones no previstas en los pliegos que supongan hasta un 50% del precio inicial. Nosotros pedíamos que se bajara ese porcentaje al 10%. Tampoco suprimir el punto que permite un 10% de incremento por “exceso de mediciones”, o sea, malos cálculos.
Un organismo independiente para vigilar la contratación y un buzón anónimo de denuncia
Nuestra propuesta
Es imprescindible que si las comunidades autónomas crean sus propias leyes y sus propios organismos de vigilancia y control de la contratación pública no caigan en los mismos errores que la normativa estatal. Debe ser independiente -nombrado por la asamblea y no por el Gobierno, vía concurso de méritos-, que tenga medios y que realice un trabajo sistemático con medidas avanzadas de control de riesgos, no un análisis parcial derivado de denuncias o de vigilancias aleatorias. Además, debe contar con un buzón ciudadano anónimo para permitir a todo el mundo, incluidos funcionarios, denunciar irregularidades en la contratación sin miedo a represalias. Con un objetivo doble: la protección del denunciante y la creación de un sistema de alertas y denuncias más allá de las propias empresas participantes.
¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?
¿Por qué es importante?
Los casos más graves de corrupción destapados en los últimos años están vinculados a la contratación pública. La CNMC alerta de que la falta de presión competencial que supone el uso de procesos no abiertos en las adjudicaciones públicas puede originar desviaciones medias, al alza, del 35% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año.
¿Cuál es la situación actual?
La nueva ley creó la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Eso sí, su composición, independencia y funcionamiento no es ni mucho menos como nosotros reclamábamos. Es un órgano colegiado que debe vigilar la aplicación de la ley y combatir las ilegalidades “con plena independencia orgánica y funcional” sobre el papel aunque, eso sí, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública “a efectos puramente organizativos y presupuestarios”. Pero sus miembros, un presidente y cuatro vocales, son nombrados por el Consejo de Ministros entre funcionarios con al menos 10 años de experiencia en contratación pública. No cuenta con expertos independientes externos y, además, apenas cuenta con medios para poder realizar su labor. Ni siquiera tiene partida propia en la última propuesta de presupuestos presentada. Las comunidades autónomas pueden crear sus propios organismos de vigilancia y control.
- Lo que conseguimos y lo que no en la norma estatal.
Necesitamos tu apoyo para vigilar a los poderes públicos y acabar con la opacidad.
Solo podremos continuar nuestra labor si nos ayudas a seguir siendo INDEPENDIENTES.