Propuestas de Transparencia para las Elecciones Generales 2019

Ya es hora de dar pasos valientes en transparencia y políticas anticorrupción

En la Fundación Civio llevamos más de un lustro batallando por conseguir introducir en la agenda política la apertura de lo público. Hemos conseguido muchas cosas, pero otras se han quedado en promesas que nunca llegan a cumplirse, año tras año, legislatura tras legislatura, como la regulación del lobby, la publicación de las agendas de altos cargos y diputados, los sistemas independientes de control anticorrupción y la transparencia absoluta en ámbitos como la publicidad institucional, los asesores, el registro mercantil, la relación de lo público con las farmacéuticas o la ejecución presupuestaria detallada.

Pese a los discursos autocomplacientes de algunos, queda mucho camino por recorrer en transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción. Por eso, hemos enviado a los partidos nuestras recomendaciones de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Nuestras propuestas están divididas en ocho bloques sectoriales y 23 medidas muy concretas, pero todas ellas orbitan alrededor de una misma idea: la rendición de cuentas. O, lo que es lo mismo, la combinación de dos premisas: la primera, que tenemos derecho a acceder a toda la información que se genere con nuestros impuestos -con excepciones mínimas, acotadas y razonables-; y, la segunda, que los responsables públicos trabajan para nosotros.

Tu opinión es muy importante

Nos gustaría conocer qué piensas sobre estas medidas y qué más pasos podemos dar para que se conviertan en hechos. ¿Nos ayudas respondiendo a una breve encuesta? Es anónima y te tomará menos de 5 minutos, lo prometemos.

Si formas parte de una formación política y tienes alguna duda o comentario sobre nuestras propuestas, o quieres que nos reunamos para comentarlas, escríbenos a [email protected].

Lobby regulado y agendas públicas

Las agendas de trabajo de los altos cargos, diputados y senadores deben publicarse e incluir todas las reuniones celebradas para influenciar en políticas públicas. En paralelo, es imprescindible la creación de un registro de lobbies, tanto en el Gobierno como en las Cortes, que permita conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes y qué impacto tienen esos encuentros en las normativas que se acaban aprobando.

Publicidad de agendas de altos cargos y registro de lobby en el Gobierno

Nuestra propuesta

Todos los altos cargos del Gobierno y los organismos independientes, incluyendo en esta definición a aquellos listados en el artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, deben publicar sus agendas de trabajo completas. Solo se deberían permitir excepciones muy acotadas en las que la publicación de esos encuentros pudiera vulnerar derechos fundamentales o referidas a la seguridad nacional. La información debe incluir, al menos, fecha y lugar, nombres de los participantes, a quién representan, tema y principales puntos tratados, sobre qué normas pretenden influir, acta y minutas y documentos entregados.

Junto con la publicación de las agendas completas de trabajo y reuniones de los altos cargos, Civio defiende desde 2013 la creación de un registro de grupos de interés, entendidos como cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones. Esto es, debemos evitar excepciones que desvirtúen la norma. El registro debe ser completamente público e ir acompañado de controles y sanciones por incumplimiento (por ejemplo, reunirse con un lobby no registrado). Nuestra propuesta, en detalle.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes, qué temas trabajan, cómo lo hacen y cómo afectan esas influencias a las políticas públicas es imprescindible para la rendición de cuentas y para vigilar si las decisiones tomadas responden a un verdadero interés general o prima el de unos pocos. La transparencia no radica solo en cuánto cobra el ministro, es mucho más importante conocer con quién se reúne y a qué acuerdos llega. Pensemos por ejemplo en cada reforma eléctrica y el enorme impacto económico que supone: ¿Con qué empresas se reunieron los altos cargos antes de redactarla? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿En base a qué documentos trabajaron?

¿Cuál es la situación actual?

El lobby no está regulado a nivel estatal. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 no incluyó este apartado. En las anteriores elecciones, esta propuesta estaba presente en los programas de los principales partidos, pero no se ha puesto en marcha.

La ley anticorrupción presentada por Ciudadanos hace más de dos años incluía la creación de un registro de lobbies, una propuesta que servía de punto de partida para tratar este tema, pero que desaparece tras la disolución de las Cortes.

Aunque es imprescindible que una ley plantee de forma permanente la obligación de publicar las agendas, el Ejecutivo puede empezar a publicarlas cuando lo considere, marcando el camino. De hecho, Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, prometió que publicaría las agendas de los ministros. Dio una fecha, luego la retrasó, y -a día de hoy- no se llegaron a publicar. Y no sabemos qué criterios tenía en mente para esa publicación, algo elemental para que no quede en una iniciativa meramente estética.

Publicidad de agendas de diputados y senadores y registro de lobby en el Congreso

Nuestra propuesta

Creación de un registro de grupos de interés que incluya a todas las personas -sin excepción- que, en representación propia o de terceros, se reúnan con diputados y senadores para intentar influenciar en la tramitación de una norma. Deberá incluir nombre, entidad a la que pertenece, entidad a la que representa, ámbitos de interés y reuniones a las que ha asistido. Ese registro debe ser público, abierto y accesible a toda la ciudadanía desde el principio. En paralelo, todos los diputados y senadores deben publicar sus agendas de trabajo completas, en línea con las exigencias a los altos cargos. Más información sobre nuestra postura.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Los diputados y senadores no solo votan, participan en un trabajo largo y complejo de elaboración de normas, enmiendas y debate. Las conversaciones con agentes externos o grupos de presión no son negativas per se, pero es imprescindible que sean transparentes.

¿Cuál es la situación actual?

El Congreso ha aprobado un Código de Conducta que obliga a todos los diputados a publicar sus agendas “institucionales”, incluidas las reuniones con personas o entidades que pretenden influir en tramitaciones legislativas. Es un avance importante, pero la nueva normativa no concreta qué deberán incluir en esas agendas: con quiénes se reúnen, temas tratados, documentos…, un aspecto que se debatió en otra reforma del reglamento, la destinada a crear un registro de lobbies, y que quedó paralizada con el fin de legislatura. Así, es necesario concretar qué se debe publicar en esas agendas y crear un registro de lobby exigente y con medidas de control.

Publicación de la huella legislativa completa

Nuestra propuesta

Publicación, junto a cada ley (en el apartado de ‘análisis’ del BOE), decreto-ley y decreto aprobado, de un informe de huella legislativa que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final, así como datos o estadísticas que avalen las decisiones tomadas.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Si las agendas de trabajo son importantes, aún lo es más el impacto que tienen los documentos e informes en las leyes, decretos y normas. Debemos tener información suficiente para poder valorar la eficiencia de una decisión pública.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia no solo no obliga a publicar los informes -propios o ajenos- en los que se basan las normas, con alguna excepción muy concreta, sino que excluye los documentos de trabajo y borradores del derecho de acceso a la información pública. Para un ciudadano es casi imposible hacer seguimiento del proceso de aprobación de una ley y, mucho menos, saber qué actores y documentos han participado en ese trámite y entender por qué se han tomado ciertas decisiones.

Mejoras en las normas de transparencia

La Ley de Transparencia aprobada en 2013 tiene muchas carencias que es necesario resolver lo antes posible, empezando por declarar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y por acotar sus límites, además de por dotar de independencia total al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y de poder sancionador y medios para ejercer su labor. Además, es imprescindible un reglamento que aclare su aplicación de forma clara y acotada y que el Gobierno se retire de los litigios contra el CTBG para evitar dar información y cumpla sus resoluciones.

Un reglamento que acote límites y facilite el derecho

En el momento de escribir estas propuestas, el Gobierno ha abierto la consulta pública de un nuevo borrador de reglamento, pero no sabemos si se acabará aprobando y si cumplirá los requisitos mínimos para no retroceder en transparencia.

Nuestra propuesta

Aprobación de un reglamento de la Ley de Transparencia teniendo en cuenta las recomendaciones enviadas durante las dos consultas públicas celebradas hasta ahora y que, en resumen, acote los tiempos de respuesta hasta que una solicitud de información llega al órgano competente para responderla, y especifique cómo se aplicarán algunos de los límites más ambiguos al derecho de acceso, como los “intereses económicos y comerciales”. Es imprescindible que este reglamento esté basado en que el derecho de acceso debe ser total, con excepciones muy acotadas y razonables. Si el reglamento se acaba aprobando pero no limita los tiempos ni acota esas excepciones al derecho de acceso, proponemos su modificación. Más información sobre nuestra postura, aquí y aquí (estamos trabajando en las aportaciones al último borrador).

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

El reglamento es imprescindible para aclarar algunas lagunas de la ley que, en la práctica, están perjudicando al ciudadano. La Ley de Transparencia incluye excepciones al derecho de acceso demasiado amplias, de las que se abusa en su aplicación. En la práctica, es imposible vigilar de forma efectiva si las entidades privadas afectadas cumplen sus obligaciones y las solicitudes de acceso a la información sufren retrasos larguísimos al no aclarar cuándo empieza a contar el mes máximo de respuesta.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia establece que el Gobierno debe aprobar un reglamento para desarrollarla. Pero hemos estado más de cuatro años sin esa norma. El Gobierno anterior, del PP, presentó dos borradores de reglamento que se sometieron a consulta pública, pero en ninguna de las dos rondas respondió sobre qué se iba a tener en cuenta ni finalizó el proceso. Además, esos primeros esbozos mostraban una intención clara de utilizar el reglamento para limitar aún más el derecho de acceso.

Pese a que no es necesaria una mayoría parlamentaria para sacar adelante el texto, puesto que lo aprueba el Consejo de Ministros, el borrador del PSOE llegó a pocos días del fin de la legislatura y con varias carencias. Además, no sabemos si llegará a tiempo (a fecha de redacción de estas propuestas).

Que no esté regulado el plazo máximo entre el registro de una solicitud hasta que el órgano o entidad competente para resolver notifica su recepción –lo que marca el inicio del plazo para responder al interesado– hace que se supere, con mucho, el mes para responder que establece la norma. Eso significa que el ciudadano, en ocasiones, tiene que esperar meses para recibir una respuesta.

Modificaciones en la Ley de Transparencia

Nuestra propuesta

Reforma de la Ley de Transparencia para declarar el acceso a la información como un derecho fundamental y la eliminación de excepciones vagas y poco justificadas, como “los intereses económicos y comerciales” o la que aplica a borradores y documentos auxiliares; y ampliar las obligaciones de publicidad (personal eventual, viajes, publicidad institucional…). Además, la norma debe simplificar el proceso de solicitud de información para eliminar barreras en el trámite.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Tener una Ley de Transparencia no es suficiente. La norma aprobada en 2013 dista mucho de cumplir las exigencias de una ciudadanía que reclama cada vez instituciones mas abiertas.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia en vigor se queda corta. Incluye excepciones muy amplias y no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por lo que otras normativas de rango mayor pueden pasar por encima. Si la norma es poco valiente, su aplicación está siendo aún más restrictiva. El proceso para solicitar información es complejo y supone una barrera para muchos ciudadanos.

Que el Gobierno se retire de los juicios contra el CTBG

Nuestra propuesta

Que el Gobierno se retire de todos los procesos judiciales emprendidos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para evitar dar la información solicitada por un ciudadano. Este tipo de litigaciones solo son aceptables en casos excepcionales en los que se pueda justificar que un derecho superior de la ciudadanía esté en juego y tras comunicarlo de forma transparente y razonada, algo que por el momento nunca ha ocurrido.

Además exigimos que el nuevo Gobierno ejecute en sus términos las resoluciones del CTBG que son firmes y han sido ignoradas por la administración. Es decir, aquellas que la AGE no lleva ante el contencioso-administrativo, pero que no acata y se limita a su incumplimiento.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Cuando el Gobierno se enfrenta a una resolución del Consejo de Transparencia no solo frena o retrasa el acceso a una información a la que el ciudadano tiene derecho en la mayoría de casos, sino que además cuesta dinero y medios tanto del Gobierno, como del Consejo como de la administración de Justicia.

Por otra parte, cuando el Gobierno ni siquiera acude a los tribunales, sino que ignora las resoluciones del CTBG, lleva al ciudadano a un procedimiento largo y tedioso que aboca a un contencioso contra la inactividad de la administración. Una pérdida de tiempo y recursos, tanto de los interesados como de la saturada administración de Justicia.

¿Cuál es la situación actual?

El CTBG ha tenido que enfrentarse a juicios durante todos los años de su corta vida, la inmensa mayoría por recursos de la propia administración -o de entidades públicas, como RTVE- a sus resoluciones. En el momento de la redacción de estas propuestas, hay 49 litigios abiertos.

Además, cuando sus resoluciones son ignoradas, el Consejo de Transparencia nada puede hacer por su falta de capacidad sancionadora. El pasado mes de septiembre dimos cuenta de 10 solicitudes de información que se encontraban en este limbo.

Aclaración de que el derecho de acceso no solo aplica a información posterior a la entrada en vigor de la ley

Nuestra propuesta

Que el propio reglamento (y la reforma de la ley, si la hubiera) aclaren que el derecho de acceso a la información afecta, como dicta la norma, a cualquier información en poder de empleados públicos, independientemente de cuándo fue producida. Así, evitaremos que sentencias como la de la Audiencia Nacional limiten aún más ese derecho.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Si no se clarifica ese punto y, mientras llega la sentencia del Supremo que validará o tumbará la de la Audiencia Nacional, que no es firme, se está limitando el derecho de acceso a las ciudadanos, de manera recurrente, a información producida después de la entrada en vigor de la norma, algo que se contradice con la propia Ley y que puede dejar en la opacidad multitud de documentos, datos e informaciones relevantes.

¿Cuál es la situación actual?

En 2015, Civio comenzó un litigio con el Ministerio de Defensa por los nombres de los acompañantes de altos cargos públicos en viajes oficiales. ¿Se llevan a sus familiares? ¿Les acompañan empresarios? Defensa se niega a facilitar esta información de forma completa. Dos años después, la Audiencia Nacional estima que el ministerio debe hacer públicos los nombres, pero con una grave salvedad: que una institución pública sólo tiene obligación de proporcionar información generada tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014.

Desde Civio hemos recurrido este fallo, que impone un gravísimo deterioro del derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones, que no está contemplado en la ley y que puede crear jurisprudencia. No se trata de este caso en concreto, sino de todos los datos públicos: la ley impone excepciones a la información que se debe dar, pero la antigüedad de la misma no es una de ellas. Por eso, hasta ahora, hemos obtenido datos anteriores a la ley sin problemas.

Interpretar la ley así supone dejar a todos los ciudadanos ciegos a cualquier información creada o recogida antes de diciembre de 2014. De este tema o de cualquier otro. Por eso es tan grave.

Más información sobre este caso, aquí

Más poder, medios e independencia para el CTBG

Nuestra propuesta

La reforma de la Ley de Transparencia debe reformar el CTBG para que sea un organismo completamente independiente -miembros elegidos directamente por el Congreso, de contrastada experiencia vía concurso y con el veto a personas vinculadas a partidos políticos-, con presupuesto propio y que no dependa, tampoco orgánicamente, de ningún ministerio, con medios suficientes para poder llevar a cabo su trabajo y con poder sancionador.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es el organismo encargado de velar por que la Ley de Transparencia se cumpla. Si no tiene fuerza e independencia suficiente, es muy difícil que pueda ejercer su trabajo y, por tanto, defender el derecho de los ciudadanos.

¿Cuál es la situación actual?

Aunque desde su nacimiento ha ejercido un papel clave en la defensa de la transparencia, necesita más medios, más poder y más independencia para poder seguir ejerciendo ese rol y ser más eficaz. Es habitual que las administraciones ignoren las resoluciones del organismo y, sin medios, no tienen capacidad para vigilar que la norma se cumpla.

Luz en los precios y la relación con las farmacéuticas

Las relaciones entre las farmacéuticas y el sector público, en un sector tan sensible como el sanitario, tienen que ser absolutamente transparentes, por eso reclamamos que se regule la publicidad de los pagos de la industria a las organizaciones y profesionales sanitarios, que todas las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) sean públicas y que se den a conocer los precios a los que se adquieren los medicamentos.

Publicidad regulada de los pagos de la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios

Nuestra propuesta

Aprobación de un reglamento, ya establecido en 2015 en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para que se regule la publicidad de todos los pagos realizados por la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios. Proponemos que, una vez desarrollada la normativa, el Ministerio de Sanidad habilite una plataforma única donde se desglosen los datos de todos los laboratorios y se especifiquen de forma detallada e individualizada los conceptos de los pagos realizados en cada caso, en formatos abiertos y reutilizables. Ese reglamento debe hacer obligatorio desglosar todos los pagos individuales, también los comprendidos dentro de la categoría de I+D. Esto es, toda la información, desglosada, debe ser pública.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La transparencia en las relaciones entre la industria farmacéutica y las organizaciones y los profesionales sanitarios es clave en medicina. Pese a que los vínculos con el sector privado se justifican por la necesidad de investigar y desarrollar fármacos, las transferencias a título personal generan serias dudas. Existe evidencia de que este tipo de pagos puede afectar a la imparcialidad de los especialistas, tanto en la prescripción farmacéutica como en las publicaciones y opiniones científicas. Conocer de forma detallada los pagos que los laboratorios realizan permite analizar los conflictos de intereses y minimizar los riesgos de sesgos, voluntarios o inconscientes. No podemos dejar las reglas del juego solo en manos de la propia industria.

¿Cuál es la situación actual?

En 2017, la industria farmacéutica gastó en España 182,5 millones de euros en pagos directos e indirectos a profesionales sanitarios, entre los que se incluyen honorarios y abonos por viajes, desplazamientos y cuotas de inscripción a congresos. Del total de facultativos, 18 médicos recibieron cada uno más de 50.000 euros de un único laboratorio. Sumado a lo que percibieron de otras compañías farmacéuticas, el gasto total en estos 18 médicos ascendió a 1,6 millones de euros, de los que más de 1 millón de euros correspondió a honorarios. Las empresas abonaron 130,5 millones de euros a las sociedades médicas durante el mismo período de tiempo. Además, gastaron 251,5 millones de euros en I+D, un apartado en el que encaja cualquier transferencia relacionada con la investigación, sin especificar a qué se ha destinado ni quiénes son sus beneficiarios.

La publicación de los pagos a los profesionales sanitarios está regulada por la propia industria farmacéutica y no por una norma emanada de las administraciones públicas. En junio de 2013, la Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica (EFPIA, en inglés) aprobó un código para difundir las transferencias a los médicos y organizaciones sanitarias, que ha sido adoptado por Farmaindustria, la patronal española. Los pagos se publican desde 2016 y, desde 2018, también se difunden los datos personales de todos los profesionales sanitarios que reciben transferencias de la industria farmacéutica.

Cada compañía farmacéutica publica de forma individual los pagos realizados durante el ejercicio anterior, pero los laboratorios tienen potestad para decidir la forma en la que se dan a conocer los datos. Como hemos podido comprobar en Civio, la difusión de estas cifras en sus formatos actuales de publicación no ayuda a la comprensión y la transparencia de las relaciones entre los laboratorios y los profesionales. Y es incompleta. La publicidad sobre los pagos de la industria también se relaciona con otro debate importante para la sociedad: si la formación de los profesionales sanitarios debe depender del sector privado, tal y como ocurre en la actualidad.

En España, la publicidad sobre las transferencias destinadas a viajes y congresos ya fue incluida en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que contemplaba que se harían públicas de la forma en la que se determinase reglamentariamente, previsión que no ha sido desarrollada hasta ahora.

Transparencia en los precios de adquisición de productos farmacéuticos por parte del sector público

Nuestra propuesta

Que las administraciones encargadas de la compra de productos farmacéuticos hagan públicos los documentos que les exige la LCSP, incluyendo de forma específica los precios unitarios por los que se han licitado y adjudicado los productos farmacéuticos que corresponden a cada contrato; y este sector deje de ser un rincón de opacidad dentro de la contratación pública.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Conocer los precios que paga cada administración por la adquisición de fármacos es esencial para un correcto funcionamiento y control de la gestión sanitaria. Hasta el momento, la publicación de estos precios por parte de la administración pública ha sido una excepción, puntual y dispar, dependiendo en todo momento de la voluntad del órgano licitador de publicar dichos precios de licitación y adjudicación. Pero no es lo habitual.

La opacidad en los precios de adquisición de medicamentos financiados con fondos públicos crea una situación de desventaja para las propias administraciones, ya que no permite conocer el precio por el que se ha podido adjudicar el mismo medicamento a cualquier otro país o región, y establece una excepción injustificada a la transparencia debida en los procesos de contratación pública.

¿Cuál es la situación actual?

La compra de productos farmacéuticos por parte de la administración se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y no cuenta con un procedimiento específico hasta el momento, razón por la que debe seguir las mismas exigencias legislativas que cualquier otro contrato de suministro.

La publicación de los precios de adquisición de productos farmacéuticos (tanto del precio de licitación como el de adjudicación por unidad) son, por tanto, esenciales en la reforma de la norma. Hasta el momento, han sido muy pocas las administraciones que han hecho un ejercicio de transparencia con esta información. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, en su acuerdo marco para el suministro de medicamentos antibióticos y antifúngicos de noviembre de 2017, publicaba el precio unitario de cada uno de los productos farmacéuticos adjudicados del primer contrato basado en el acuerdo marco. La industria farmacéutica, sin embargo, pedía en 2016 a través de su patronal, Farmaindustria, confidencialidad en los concursos de adjudicación pública. La publicación del precio unitario, según expresaba su secretaria general, “frena la competencia y puede provocar un efecto dominó en otros países” tal y como recoge Correo Farmacéutico.

Civio, sin embargo, cree que conocer esta información permite tener un control más exhaustivo de las negociaciones entre el sector farmacéutico y las administraciones públicas. Gracias a la publicación del precio de compra del Sovaldi por parte de varios organismos públicos de contratación, supimos que España era uno de los países europeos que mejor estaba negociando el precio del medicamento para la Hepatitic C y que algunos políticos europeos estaban mintiendo sobre el precio negociado con la industria. Otro de los argumentos que usan las farmacéuticas para vetar esa publicidad es que, aseguran, terminaría con su política para ofrecer precios más bajos a países más pobres. También demostramos que esa afirmación no es del todo cierta.

Publicación de las actas completas de la Comisión Interministerial de Precios

Nuestra propuesta

Que sean públicos y accesibles a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social los siguientes documentos relativos a las reuniones del CIPM: 1) orden del día de cada reunión; 2) actas de las reuniones completas, con la anonimización de los datos sujetos a protección especial, y no solo un resumen de las mismas; 3) listado de los asistentes a cada reunión, sean o no empleados públicos; 4) documentos aportados de cada producto farmacéutico para el debate y la decisión de financiación o no financiación del mismo; 5) resultado de las votaciones que se llevan a cabo para tomar las decisiones de financiación o no financiación; 6) declaración de conflictos de intereses de cada una de las personas con voto en cada reunión (ya lo hace la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en el caso de los conflictos de intereses).

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), dependiente de la Secretaria General de Sanidad y Consumo, es el órgano de decisión en materia de fijación de precio de medicamentos (precio industrial máximo) que se incluyen en el sistema nacional de salud. Conocer las decisiones que se toman en este organismo es de gran importancia no solo para la gestión sanitaria de todo el sistema nacional, sino para la población de forma directa, ya que de este organismo dependerá, en muchos casos, la accesibilidad a ciertos tratamientos.

¿Cuál es la situación actual?

Hasta la sesión 177 de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del 6 de noviembre de 2017, no teníamos ningún tipo de información sobre los acuerdos a los que se llegaban en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Tampoco sobre los precios acordados con la industria farmacéutica.

El primer documento público en el que se hace referencia a las decisiones que toma este organismo solo contiene información sobre los medicamentos con acuerdo, o sin acuerdo, de financiación; nuevas indicaciones para medicamentos que ya están comercializados, o los medicamentos que pasan a ser genéricos. Además, se publica la composición del CIPM desde junio de 2017. No obstante, estos datos, sin contextualización y sin detalle, no tienen mayor relevancia para el público y no posibilitan un conocimiento o análisis adicional de la materia.

El resumen de la sesión 187 del 30 de noviembre de 2018, la última publicada en la web del Ministerio, incorpora nueva información: el precio acordado de los medicamentos que se financian. Este es un paso importante en aras de la transparencia, pero en conjunto, aún se encuentra muy lejos de la publicación de documentos que hace, por ejemplo, la EMA.

Registro mercantil abierto y gratuito

La información del registro mercantil no puede ser un coto exclusivo de los registradores ni difundirse solo vía plataformas privadas de pago, por eso exigimos que toda la información empresarial se publique de forma abierta y reutilizable y que permita conocer quiénes son los responsables tras cada una de las empresas, como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno.

Publicación abierta y completa del registro mercantil

Nuestra propuesta

Transposición lo antes posible de la nueva versión de la directiva europea ISP sin suavizar las obligaciones actuales sobre registros (incluyendo información sobre posesión y gestión de las empresas). Reforma de la página web del BORME que permita consultar, de forma gratuita, online e incluyendo un buscador por compañía, la información básica de empresas y sociedades contenida en los registros mercantiles, así como su descarga en formatos abiertos (similar a lo que ya hace Companies House en Reino Unido): razón social, dirección, sector de actividad, nombres anteriores de la empresa, propietarios, altas y bajas de directivos y administradores, estado, fecha de entrega de cuentas e historial de presentación de documentos, así como los documentos asociados.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La publicación de parte de la información contenida en los registros mercantiles del Estado, que legitima los contratos y los actos inscritos por empresas y empresarios, es imprescindible para prevenir delitos de blanqueo y exención fiscal y entorpece la aparición de complejas tramas societarias, tal y como señaló el gobierno de Reino Unido en 2014 al reformar y abrir sus registros.

Además, el conocimiento público sobre las sociedades, sus cargos y sus propietarios permite al ciudadano exigir rendición de cuentas ante posibles conflictos de intereses.

Los datos que recoge el registro mercantil han sido tratados y gestionados por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, son nuestros datos, y no pueden servir, solo, como material de venta de empresas privadas.

¿Cuál es la situación actual?

La Comisión Europea aprobó, en enero de 2019, una nueva directiva ISP (Información del Sector Público) que define los datos del registro mercantil como un “conjunto de datos de alto valor”, lo que obliga a publicarlos en formatos abiertos, de forma gratuita y descargable. Pendiente de la aprobación del Consejo y el Parlamento europeos, esta directiva debería afectar a cómo se publican los datos del registro mercantil en España.

El Registro Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a la información que contiene y la información está solo en PDF.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publica, en su sección primera, actos como la constitución de nuevas empresas, nombramientos y ceses de administradores, pero la edición electrónica del BORME, limitado por su disposición por días, no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad.

La falta de un acceso fácil a estos datos, junto a los aranceles aplicados para la obtención y consulta de documentos de los registros mercantiles, ha provocado que empresas privadas -que sí disponen de datos anteriores a 2009- hagan negocio con datos de carácter público que están vetados para el ciudadano que no paga sus servicios.

Transparencia en otros ámbitos clave

Existen algunos ámbitos de lo público en los que la opacidad manda, pese a su importancia para la rendición de cuentas y a que son motivo de desconfianza ciudadana. Por eso proponemos poner luz sobre esos puntos clave, ya sea la ejecución detallada del presupuesto, los viajes de altos cargos y diputados, el control de los conflictos de interés, el reparto de la publicidad institucional, la gestión de los incendios y los asesores de los altos cargos, entre otros.

Cuentas claras: ejecución presupuestaria al detalle

Nuestra propuesta

Publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los PGE. Creación de una capa de control sobre la ejecución presupuestaria, vía comisión parlamentaria pública, de forma trimestral, para informar de las razones de los desvíos.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acapara muchísimos titulares. En cambio, lo que de verdad se gasta, la ejecución presupuestaria, pasa casi desapercibida. Si no conocemos el detalle de los posibles desvíos y el coste final, no podemos controlar el gasto del dinero público de forma efectiva.

¿Cuál es la situación actual?

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica, de forma mensual, la ejecución presupuestaria, pero lo hace con un nivel de detalle muy inferior al desglose que ofrecen los presupuestos, lo que no permite analizar a fondo los desvíos ni se rinden cuentas sobre ellos.

Detalle de los viajes de altos cargos y diputados

Nuestra propuesta

Que tanto el Congreso, como el Senado como el Gobierno (para todos los altos cargos) publiquen el listado de viajes realizados, el objetivo, las personas que acudieron y el coste detallado por partidas.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Como un goteo, cada cierto tiempo surge una polémica por algún viaje como mínimo sospechoso pagado con dinero público. Este tipo de noticias contribuye, y mucho, a la desafección política. Y, en algunos casos, el uso de recursos públicos no está justificado y se debería poder fiscalizar también desde la ciudadanía.

¿Cuál es la situación actual?

Ni en el ámbito legislativo ni en el ejecutivo, a nivel estatal, se ha regulado la publicidad de estos viajes. De hecho, lo que nos hemos encontrado, cuando se ha solicitado información sobre este punto, es una negativa rotunda. Civio lleva inmerso desde 2016 en un proceso judicial iniciado porque Defensa se negó a dar los nombres de los acompañantes en viajes oficiales.

Control y luz en los conflictos de intereses

Nuestra propuesta

Publicación de las declaraciones de bienes y actividades completas de los altos cargos, no solo un extracto, como ocurre en la actualidad.

Además, también deberían ser públicas no solo las aprobaciones de compatibilidad, sino también las denegaciones y las razones de la decisión en uno u otro sentido, así como un informe anual que explique el trabajo realizado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que incluya un análisis sobre la adecuación -o no- de los medios disponibles a la labor que deben realizar.

Reforma de la Ley de conflictos de intereses para aumentar las sanciones en caso de faltas graves y que la no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para ello, pase de falta grave a falta muy grave, para igualarla al castigo que debe recibir quien miente en esos documentos.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Las declaraciones de actividades y bienes pueden mostrar conflictos de intereses que puedan poner en duda la imparcialidad de un alto cargo y es imprescindible que sean conocidas para vigilar que se ejerce sin influencias. Además, las puertas giratorias son una de las causas de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. En ocasiones, ni siquiera se distingue entre casos ilegales, poco éticos y completamente correctos.

¿Cuál es la situación actual?

En cuanto a las declaraciones de bienes, el Gobierno publica solo un extracto: cifras sin contexto que suman cantidades en bienes inmuebles, depósitos bancarios, dos tipos de acciones, seguros de vida y otros. De cada una de ellas solo dan un número, en euros, pero no explican a qué corresponde, lo que convierte el control de la ciudadanía sobre la política en un mero ejercicio de chismorreo. La transparencia no es eso. Es mucho más importante saber si un político tiene conflictos de intereses que si es más o menos rico.

Con el nuevo reglamento en la mano, cualquier Gobierno puede publicar lo que considere respecto a esas declaraciones de bienes. Las de actividades tampoco son públicas.

El portal de transparencia del Gobierno publica las aprobaciones de compatibilidad, pero no las razones que llevan a tomar esa decisión y tampoco las denegaciones.

En general, no sabemos apenas nada sobre el trabajo de la Oficina de Conflicto de Intereses, lo que impide exigir rendición de cuentas ni ejercer vigilancia ciudadana sobre su trabajo. Sin esa información es imposible saber si la ley, que exige un periodo de enfriamiento de dos años, entre otras cosas, se cumple.

La multa que impone la ley a quien se niegue a presentar la declaración de bienes o actividades u omita de forma deliberada datos y documentos supone, simplemente, la publicación en el BOE de la propia sanción. Nada más.

Publicación desglosada de los presupuestos y gastos de prevención y extinción de incendios

Nuestra propuesta

Publicación de forma desglosada de los presupuestos y la ejecución del gasto en prevención e incendios forestales, así como su evolución, tanto por cada comunidad autónoma como de forma conjunta por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

De 2001 a 2015 se han producido más de 235.630 incendios forestales de más de 1 hectárea, con consecuencias catastróficas en muchos de ellos. Durante los últimos años se han denunciado de forma recurrente los recortes en extinción y prevención, pero no existen datos públicos completos que permitan valorar cuál ha sido la evolución del gasto.

¿Cuál es la situación actual?

La mayoría de administraciones públicas no publica de forma desglosada cuál es el gasto en prevención y extinción, así como su evolución.

Sólo Andalucía, Asturias, Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respondieron a solicitudes de información sobre este punto. Esto es, 13 comunidades autónomas incumplen la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental.

Publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional

Nuestra propuesta

Publicación del reparto de cada campaña de publicidad institucional por cabeceras, así como los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios. Creación de un mecanismo de control parlamentario que vigile el cumplimiento de la ley y que la distribución se rija por criterios de eficiencia.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

En demasiadas ocasiones se pone en duda, por parte de la ciudadanía, la independencia de los medios y la efectividad del reparto de la publicidad institucional. Y muchas veces, vista la distribución, que poco tiene que ver con razones de eficiencia, con razón.

De forma puntual hemos conocido algunos casos polémicos, como el reparto de la campaña de violencia de género que realizó la exministra de Sanidad Ana Mato sin tener en cuenta la audiencia. No es el único.

¿Cuál es la situación actual?

En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, salvo en algunas excepciones muy contadas, confidencial. Esta opacidad no nos permite saber si se siguieron criterios de eficiencia o primaron otros intereses.

La Generalitat de Catalunya incluyó en su Ley de Transparencia la publicación del reparto de la publicidad institucional entre medios y ha respondido a preguntas sobre este asunto, pero es un caso aislado.

En uno de sus informes, el Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de planificación y control de la publicidad institucional. En muchos casos, la ley que regula la publicidad institucional, simplemente, no se cumple.

Publicación de nombre, cargo, CV y retribuciones del personal eventual

Nuestra propuesta

Publicación de nombre, currículum completo, sueldo y cargo, fecha de nombramiento y cese de todo el personal eventual, independientemente de su nivel y de si son o no funcionarios de carrera.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Si existe transparencia en los nombramientos del personal funcionario, desde su concurso de méritos hasta su nombramiento, ¿por qué no cuando se trata de cargos de confianza y asesores especiales que son nombrados discrecionalmente? No solo se trata de una cuestión de transparencia formal, sino que es imprescindible para comprobar si están cualificados para ejercer su función, muchas veces de alta responsabilidad.

¿Cuál es la situación actual?

En 2013, Civio llevó al Ministerio de Presidencia una campaña para que esos nombres salieran del oscurantismo. En 2015, con el estreno del nuevo Portal de Transparencia, el Gobierno publicó nombres y apellidos de 130 asesores contratados como personal eventual. Pero ese ejercicio de transparencia fue único y nunca más se volvieron a publicar los nombres. Desde entonces, hemos peleado, vía derecho de acceso a la información, para acceder a una información que consideramos básica -quiénes trabajan, contratados a dedo, para los ministros y secretarios de estado. Y todo han sido pegas. En 2017, tras meses de retraso y con pegas para dar algunos nombres, conseguimos acceder a buena parte de esa lista, con el Gobierno del PP. Pero ni la lista era completa ni incluía información sobre sus trayectorias profesionales. Ahora, con el Gobierno del PSOE, las pegas a dar esa información son muy similares, y por el momento no contamos con toda la información. Aunque sea algo esencial, ni siquiera sabemos quiénes son.

Contratación transparente y vigilada

La reforma de la Ley de Contratos de 2017, que entró en vigor en 2018, ha supuesto una mejora en cuanto a transparencia de la contratación. Es imprescindible evitar que se den pasos atrás, que se cumpla y que exista un organismo que vigile de forma independiente, sistemática y con medios avanzados la contratación pública.

Avanzar en la apertura marcada por la nueva Ley de contratos

Nuestra propuesta

Es imprescindible que haya un compromiso claro a ejecutar y hacer cumplir la nueva norma, especialmente en los aspectos vinculados a la transparencia de todo el proceso. Y no dar pasos atrás, como la eliminación de los controles para evitar el troceo de contratos menores incluido en la propuesta de presupuestos del PSOE.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La Ley supuso un paso adelante destacado, que incluyó entre otras medidas obligaciones de publicidad mucho mayores, pero si no se cumple, o se dan pasos atrás en su aplicación, es papel mojado. La contratación pública es el centro de gravitación de buena parte de los casos de corrupción de este país y poner luz sobre ella evitará abusos (por miedo a ser descubiertos) y permitirá mayor control por parte de la ciudadanía.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Contratos se reformó en 2017 (como transposición de una directiva europea) y está en vigor desde marzo de 2018. Nuestras prioridades durante la tramitación se concentraban en dos puntos: la transparencia de todo el proceso de un contrato público, de principio a fin, y la introducción de un sistema de control independiente y fiable para detectar irregularidades. En el primer punto hemos logrado muchas victorias muy importantes. En el segundo, mejoras, pero no tantas como considerábamos necesarias. Y, lamentablemente, algunas de nuestras recomendaciones se quedaron por el camino. Lo que conseguimos y lo que no. La norma no se está cumpliendo de forma sistemática -muchos organismos publican, por ejemplo, solo una parte de la información a la que están obligados.

Un organismo independiente para vigilar la contratación

Nuestra propuesta

Es imprescindible que el organismo que vigile la contratación pública, por su gran importancia, sea independiente -nombrado por el Congreso y no por el Gobierno, vía concurso de méritos-, que tenga medios y que realice un trabajo sistemático con medidas avanzadas de control de riesgos, no un análisis parcial derivado de denuncias o de vigilancias aleatorias. Además, debe contar con un buzón ciudadano anónimo para permitir a todo el mundo, incluidos funcionarios, denunciar irregularidades en la contratación sin miedo a represalias. Con un objetivo doble: la protección del denunciante y la creación de un sistema de alertas y denuncias más allá de las propias empresas participantes.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Los casos más graves de corrupción destapados en los últimos años están vinculados a la contratación pública. La CNMC alerta de que la falta de presión competencial que supone el uso de procesos no abiertos en las adjudicaciones públicas puede originar desviaciones medias, al alza, del 35% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año.

¿Cuál es la situación actual?

La nueva ley creó la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Eso sí, su composición, independencia y funcionamiento no es ni mucho menos como nosotros reclamábamos. Es un órgano colegiado que debe vigilar la aplicación de la ley y combatir las ilegalidades “con plena independencia orgánica y funcional” sobre el papel aunque, eso sí, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública “a efectos puramente organizativos y presupuestarios”. Pero sus miembros, un presidente y cuatro vocales, son nombrados por el Consejo de Ministros entre funcionarios con al menos 10 años de experiencia en contratación pública. No cuenta con expertos independientes externos y, además, apenas cuenta con medios para poder realizar su labor. Ni siquiera tiene partida propia en la última propuesta de presupuestos presentada.

Acceso sencillo y claro a las ayudas públicas

De nada sirven las ayudas a los más necesitados si estas no llegan. Proponemos mejoras en la tramitación de subvenciones clave como el bono social, claridad en los procesos y los requisitos de acceso y transparencia en los mecanismos, también las aplicaciones, que regulan o deciden quiénes reciben estas ayudas.

Reforma del bono social para que llegue a quien lo necesita

Nuestra propuesta

Un nuevo mecanismo de bono social o una reforma del sistema vigente, en línea con la ya realizada, basado en los siguientes principios: 1) Simplificar la normativa, porque no debería ser un trabalenguas; 2) Difundir las ayudas no solo a través de las propias compañías y de los medios de comunicación, sino usando las herramientas propias de las administraciones públicas, como la coordinación y difusión desde los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas; 3) Que la tramitación deje de ser asunto de las eléctricas, porque, aunque quien decide al final es la administración pública, no tiene sentido que las empresas, con pocos incentivos, sean intermediarias en ese proceso; 4) Que el trámite aclare problemas, exclusiones y guíe en el proceso; 5) Articular un sistema de reclamaciones eficiente; y 6) simplificar el proceso, sin pedir documentación que está en poder de las propias administraciones o ni existe.

Además, creemos que los niveles de renta deben ser una prioridad a la hora de conceder el acceso más allá de los tipos de familias (como las numerosas), situaciones que sí pueden servir para modificar esos umbrales, pero no para dar vía libre a hogares con cualquier tipo de ingreso. Los límites al consumo deben ser más elevados, porque si no la ayuda queda en nada, y las viudas no deben ser excluidas de la categoría de pensionistas

Nuestras propuestas, en detalle. Y estas son nuestras recomendaciones para la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (la mayoría se tuvieron en cuenta, pero ahora deben desarrollarse).

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Una política pública no sirve para nada si no llega a sus beneficiarios, y porque tanto la norma en sí -compleja y con varios puntos que han llevado a diferentes interpretaciones y errores- como su aplicación -gestionada en buena parte por las propias eléctricas y sin guía ni ayuda- han sido un auténtico desastre.

¿Cuál es la situación actual?

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética incluye cambios en el bono social para mejorar el proceso, pero es solo una hoja de ruta: ahora debe aprobarse la normativa que lo regule. Así, hasta que no esté aprobado y entre en vigor, seguimos pendientes de saber si se simplificará el proceso de forma efectiva.

Desde Civio hemos trabajado para explicarlo de forma sencilla -algo nada fácil dada la complejidad de unas ayudas que deberían ser comprensibles por todos los consumidores-, facilitar el acceso y ayudar a la ciudadanía -en colaboración, entre otros, con la CNMC- para que pudiera ejercer su derecho y vigilar su funcionamiento.

Durante el proceso de creación de la aplicación web, y de las guías para ayudar a todos a entender la tramitación, expertos en lenguaje administrativo de la Fundación Civio y de la CNMC han trabajado durante semanas. Aun así, han surgido muchas dudas sobre su aplicación. Si esto ocurre con personas acostumbradas a entender, escribir y traducir al ciudadano este tipo de mensajes, no queremos ni imaginar las dudas que han surgido entre ciudadanos e incluso entre los responsables de su tramitación en las comercializadoras.

Control y límites al indulto

Es imprescindible una reforma a fondo que adapte esa figura a los niveles de exigencia democrática que exige la ciudadanía, para que deje de usarse de forma arbitraria y por intereses políticos según el Gobierno de turno.

Reforma de la ley del indulto

Nuestra propuesta

Como pedimos en el Congreso, proponemos una reforma basada en dos puntos: el primero, poner coto al poder arbitrario de indultar, haciendo que el informe del juez sea vinculante; por otro lado, poniendo más luz y controles sobre el proceso: que la motivación detallada sea pública, tal y como exige el Tribunal Supremo desde hace cinco años, y que se acompañe de toda la información necesaria para valorar si la decisión es justa, como el informe del tribunal. También a la hora de las denegaciones: el ciudadano tiene derecho a una negativa motivada y a tiempo. Todo esto debe ir acompañado de comparecencias públicas en el Congreso que den cuenta de detalles sobre la aplicación de esta figura y propicien el debate. En definitiva, exigimos que los criterios de justicia y equidad que exige esta figura se cumplan de verdad, así como la debida motivación en todas y cada una de las decisiones que se toman desde lo público. Y eso aplica a todos los tipos de delito. No sirve de nada vetar algunos si luego hay barra libre para el resto.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Los indultos se han usado de forma masiva en los últimos años: se han concedido más de 10.000, aunque en teoría se trate de una medida excepcional. Aunque en los últimos años esa cifra ha bajado, siguen existiendo casos, como mínimo, polémicos. Entre los más sonados se encuentra el indulto in extremis a Alfredo Sáenz, por entonces consejero delegado del Banco Santander; o el doble indulto a cuatro Mossos d’Esquadra acusados de torturas.

No podemos seguir manteniendo un poder absoluto del Ejecutivo en este ámbito y es necesario acotarlo. Además, los indultos deben dejar de ser una caja negra oculta a la ciudadanía. Para asegurar que se usan de forma justa, es imprescindible que su gestión esté sometida al escrutinio público y parlamentario.

¿Cuál es la situación actual?

El indulto está regulado por una ley de 1870 que por entonces se denominó “provisional” pero que ha llegado, casi sin retoques, hasta nuestros días.

En porcentaje sobre las condenas, los delitos que son más indultados son aquellos cometidos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación y malversación.

El Tribunal Supremo tumbó en 2013 un indulto porque el Gobierno no argumentó la decisión -y es que no lo hace nunca-. La respuesta del Ejecutivo a la sentencia no corrigió esa opacidad en la decisión, sino que añadió una coletilla genérica a cada decreto de indulto que no aporta información alguna.

Gracias al trabajo de El Indultómetro, sabemos cuántas medidas de gracia se han concedido, pero no cuántas se denegaron ni, lo que es más importante, la opinión del juez y el fiscal y las razones del Gobierno para tomar la decisión. El Congreso se puso a ello tras desatascar el trámite de una proposición de ley presentada por el PSOE hace más de dos años, pero esa reforma ha caído con el fin de la legislatura.

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