Propuestas de Transparencia para las Elecciones Municipales 2019

Pequeñas revoluciones desde lo local

Las leyes estatales y autonómicas limitan el poder de los ayuntamientos a la hora de dar pasos valientes en transparencia, pero hay camino para el avance. En ocasiones, aunque cuenten con menos recursos, los municipios pueden promover pequeñas revoluciones desde el ámbito más cercano, a través de ordenanzas municipales y dando ejemplo, con la publicación de información relevante para los ciudadanos, como las agendas del alcalde y los concejales, el destino de los presupuestos, los viajes, los posibles conflictos de intereses, la publicidad institucional… Además, pueden simplificar el acceso a la información de sus vecinos y conseguir que la teoría de la transparencia se convierta en práctica.

Dado que se trata de propuestas transversales aplicables a todos los municipios, es posible que algunas de ellas estén ya en marcha en el tuyo.

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Lobby regulado y agendas públicas

Las agendas de trabajo de los altos cargos y concejales deben publicarse e incluir todas las reuniones celebradas para influenciar en políticas públicas. En paralelo, es imprescindible la creación de un registro de lobbies que permita conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes y qué impacto tienen esos encuentros en las normativas que se acaban aprobando.

Publicidad de agendas de altos cargos y registro de lobby en el Gobierno local

Nuestra propuesta

Todos los altos cargos del Ayuntamiento y los organismos independientes deben publicar sus agendas de trabajo completas. Solo se deberían permitir excepciones muy acotadas en las que la publicación de esos encuentros pudiera vulnerar derechos fundamentales. La información debe incluir, al menos, fecha y lugar, nombres de los participantes, a quién representan, tema y principales puntos tratados, sobre qué normas pretenden influir, acta y minutas y documentos entregados.

Aunque es imprescindible que una ley plantee de forma permanente la obligación de publicar las agendas, el Gobierno local puede empezar a publicarlas cuando lo considere, marcando el camino al resto de instituciones locales y convirtiéndose así en pioneros en este tema.

Junto con la publicación de las agendas completas de trabajo y reuniones de los altos cargos, Civio defiende desde 2013 la creación de un registro de grupos de interés, entendidos como cualquier organización o individuo, independientemente de su estatuto jurídico, que defiende o expone intereses, en nombre propio o ajeno, con el objetivo de influir de manera directa o indirecta en la formulación o la aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones. Esto es, debemos evitar excepciones que desvirtúen la norma. El registro debe ser completamente público e ir acompañado de controles y sanciones por incumplimiento (por ejemplo, reunirse con un lobby no registrado).

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Conocer con quiénes se reúnen nuestros representantes, qué temas trabajan, cómo lo hacen y cómo afectan esas influencias a las políticas públicas es imprescindible para la rendición de cuentas y para vigilar si las decisiones tomadas responden a un verdadero interés general o prima el de unos pocos. La transparencia no radica solo en cuánto cobra el alcalde, es mucho más importante conocer con quién se reúne y a qué acuerdos llega.

¿Cuál es la situación actual?

El lobby no está regulado a nivel estatal. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 no incluyó este apartado. En las anteriores elecciones, esta propuesta estaba presente en los programas de los principales partidos, pero no se ha puesto en marcha.

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha regulado el lobby en su Ordenanza.

Publicidad de agendas y registro de lobby para los miembros del pleno municipal

Nuestra propuesta

Creación de un registro de grupos de interés que incluya a todas las personas -sin excepción- que, en representación propia o de terceros, se reúnan con miembros del pleno para intentar influenciar en la tramitación de una norma. Deberá incluir nombre, entidad a la que pertenece, entidad a la que representa, ámbitos de interés y reuniones a las que ha asistido. Ese registro debe ser público, abierto y accesible a toda la ciudadanía desde el principio. En paralelo, todos los concejales deben publicar sus agendas de trabajo completas, en línea con las exigencias a los altos cargos.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Los miembros del pleno municipal no solo votan, participan en un trabajo largo y complejo de elaboración de normas, enmiendas y debate. Las conversaciones con agentes externos o grupos de presión no son negativas per se, pero es imprescindible que sean transparentes.

¿Cuál es la situación actual?

Ahora mismo no existe ningún tipo de información ni control a fondo sobre las reuniones o encuentros que mantienen los miembros de los plenos municipales.

Publicación de la huella legislativa completa

Nuestra propuesta

Publicación, junto a cada norma aprobada, de un informe de huella legislativa que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final, así como datos o estadísticas que avalen las decisiones tomadas.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Si las agendas de trabajo son importantes, aún lo es más el impacto que tienen los documentos e informes en las leyes, decretos y normas. Debemos tener información suficiente para poder valorar la eficiencia de una decisión pública.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia estatal no solo no obliga a publicar los informes -propios o ajenos- en los que se basan las normas, con alguna excepción muy concreta, sino que excluye los documentos de trabajo y borradores del derecho de acceso a la información. Algunas normativas locales mejoran este punto, pero son casos excepcionales.

Mejoras en las normas de transparencia

Algunos municipios, como Madrid, han aprobado normativas locales de transparencia que, en la mayoría de casos, mejoran lo establecido en la norma estatal en 2013. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Y, aunque para algunos puntos es necesario una reforma estatal, los gobiernos locales pueden mejorar la situación en varios frentes: simplificando el derecho de acceso, utilizando la mediación para resolver conflictos y dando más poder e independencia a los organismos que vigilan su aplicación para ejercer su labor.

Atajar las imprecisiones de la Ley de Transparencia en su ámbito de competencia

Nuestra propuesta

Que los municipios aprueben ordenanzas municipales que no exijan la identificación del solicitante para iniciar el procedimiento administrativo y que simplifiquen los formularios de acceso a la información pública. Además, es imprescindible que en sus leyes locales establezcan un plazo máximo para el tiempo que puede transcurrir entre el registro de una solicitud de acceso y su aceptación por el órgano competente.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

No nos hemos cansado de repetir que la Ley de Transparencia de 2013 es imprecisa, introduce trabas al derecho a saber y es muy mejorable. Los municipios tienen cierto margen para mejorar –sin contradecir– la norma estatal y la autonómica que les aplique, puesto que tienen capacidad legislativa para desarrollarla en sus respectivos ámbitos de competencia.

Las barreras al derecho a saber son también formales, el principal problema está en los sistemas de identificación y los requisitos técnicos de los distintos portales de transparencia, como burocráticas, ya que el procedimiento provoca que algunas respuestas no sean claras y rápidas.

¿Cuál es la situación actual?

La obligada identificación de quién pregunta, sumada a los requisitos técnicos de los distintos portales de transparencia, son una traba real. Algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, habilitan un formulario de fácil acceso y no exigen la identificación del solicitante.

La Ley estatal de Transparencia establece que los plazos que tiene la administración para dar respuesta a las solicitudes de información pública empiezan a contar en el momento en el que éstas son recibidas por el órgano competente para resolverlas. La ley olvida fijar un límite al tiempo que pasa entre que un ciudadano registra su pregunta hasta que la administración la redirige al departamento que debe responder. Y esto ha producido que los tiempos en este primer paso sean arbitrarios.

Promover la mediación previa a la resolución

Nuestra propuesta

En caso de que la administración prevea la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública establecidos en los artículos 14 o 18 de la LTAIBG, se proponga un trámite audiencia con el interesado previo a la resolución. Y, además, recomendamos aplicar el modelo de mediación de la Ley de Transparencia de Cataluña.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Si la apuesta por la defensa del derecho de acceso a la información es clara, es imprescindible crear canales de comunicación entre lo público y la ciudadanía para ayudar a explicar mejor cómo se trabaja en las administraciones y solventar posibles conflictos antes de acudir a recursos administrativos o judiciales.

¿Cuál es la situación actual?

Hemos constatado que no siempre la administración da respuesta a lo preguntado por los ciudadanos. Y hemos escuchado a trabajadores públicos cómo culpabilizan a los ciudadanos por preguntar mal. El artículo 19.2 de la Ley estatal permite abrir un plazo de audiencia para subsanar deficiencias en la solicitud de información. En la fase de reclamación, la Ley catalana de Transparencia abre la posibilidad a que su Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) medie entre administración y solicitante ante una respuesta no satisfactoria, un sistema que puede ayudar a solventar situaciones que se atascan dada la unidireccionalidad del actual proceso.

Transparencia en otros ámbitos clave

Existen algunos ámbitos de lo público en los que la opacidad manda, pese a su importancia para la rendición de cuentas y a que son motivo de desconfianza ciudadana. Por eso proponemos poner luz sobre esos puntos clave, ya sea la ejecución detallada del presupuesto, los viajes de altos cargos, el control de los conflictos de interés y el reparto de la publicidad institucional, entre otros.

Cuentas claras: ejecución presupuestaria al detalle

Nuestra propuesta

Publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los presupuestos de la comunidad autónoma. Creación de una capa de control sobre la ejecución presupuestaria, en el pleno, de forma trimestral, para informar de las razones de los desvíos.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

La aprobación de los presupuestos acapara muchísimos titulares. En cambio, lo que de verdad se gasta, la ejecución presupuestaria, pasa casi desapercibida. Si no conocemos el detalle de los posibles desvíos y el coste final, no podemos controlar el gasto del dinero público de forma efectiva.

¿Cuál es la situación actual?

La mayoría de municipios publica, además del presupuesto, la ejecución presupuestaria, pero casi la totalidad lo hace con un nivel de detalle muy inferior al desglose que ofrecen los presupuestos originales, lo que no permite analizar a fondo los desvíos ni se rinden cuentas sobre ellos.

Detalle de los viajes de altos cargos y concejales

Nuestra propuesta

Que tanto los miembros del pleno como los ayuntamientos (para todos los altos cargos) publiquen el listado de viajes realizados, el objetivo, las personas que acudieron y el coste detallado por partidas.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Como un goteo, cada cierto tiempo surge una polémica por algún viaje como mínimo sospechoso pagado con dinero público. Este tipo de noticias contribuye, y mucho, a la desafección política. Y, en algunos casos, el uso de recursos públicos no está justificado y se debería poder fiscalizar también desde la ciudadanía.

¿Cuál es la situación actual?

Ni en el ámbito legislativo ni en el ejecutivo, a nivel estatal, se ha regulado la publicidad de estos viajes. Algunos ayuntamientos ya están publicando información detallada sobre los viajes de sus altos cargos, pero aún es algo minoritario.

Control y luz en los conflictos de intereses

Nuestra propuesta

Publicación de las declaraciones de bienes y actividades completas de los altos cargos, incluyendo información sobre si tienen dedicación completa o no y sus actividades en vigor.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

Las declaraciones de actividades y bienes pueden mostrar conflictos de intereses que puedan poner en duda la imparcialidad de un alto cargo y es imprescindible que sean conocidas para vigilar que se ejerce sin influencias. En los ayuntamientos, muchos concejales mantienen sus trabajos y es importante asegurarse de que no son incompatibles.

¿Cuál es la situación actual?

La disparidad de criterios a la hora de publicar esta información entre municipios es enorme. Mientras algunos han apostado por la transparencia total, son mayoría aquellos en las que no se publican o solo se comparte un extracto que no da suficiente información.

Publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional

Nuestra propuesta

Publicación del reparto de cada campaña de publicidad institucional por cabeceras, así como los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios. Creación de un mecanismo de control parlamentario que vigile el cumplimiento de la ley y que la distribución se rija por criterios de eficiencia.

¿Por qué es importante y cuál es la situación actual?

¿Por qué es importante?

En demasiadas ocasiones se pone en duda, por parte de la ciudadanía, la independencia de los medios y la efectividad del reparto de la publicidad institucional. Y muchas veces, vista la distribución, que poco tiene que ver con razones de eficiencia, con razón.

¿Cuál es la situación actual?

En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, excepto en algunas excepciones muy contadas, confidencial. Esta opacidad no nos permite saber si se siguieron criterios de eficiencia o primaron otros intereses. La gran mayoría de ayuntamientos no publica esta información.

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