Queremos facilitarte una sencilla guía sobre las ayudas que se están poniendo en marcha durante esta emergencia sanitaria, quiénes pueden solicitarlas y cómo.

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) supone una transferencia que complementará los ingresos de las personas o unidades de convivencia que no lo alcancen. Es decir, quienes cumplan una serie de condiciones recibirán la diferencia entre lo que cobran y ese umbral mínimo.

Pese a haber sido aprobada durante la crisis sanitaria, económica y social, esta prestación está planteada para mantenerse en el tiempo. Eso sí, aunque de normal se pedirá calculando ingresos del año anterior, este año se permitirá -con condiciones- también si has perdido ingresos en lo que llevamos de 2020.

Además del ingreso propiamente dicho, los beneficiarios no pagarán copago en sus recetas y aquellos a los que se les conceda en 2020 -o quienes vivan con ellos- estarán exentos de pagar matrículas universitarias durante el curso 2020/2021.

El IMV se calcula y se cobra por unidades de convivencia, no por personas (excepto si se trata de una persona que vive sola). Esto es: la ayuda es para la familia, no por cada miembro adulto; será uno de ellos el que la solicite y el titular de esa prestación, aunque para calcularla se tengan en cuenta los ingresos de todos los miembros.

Cuando cambien estos ingresos por conseguir trabajo o aumentar horarios o salarios, y para fomentar la incorporación al empleo, no se contará todo el crecimiento de ingresos desde que se produzca, esto es, si pasas de ganar 200 a 300 euros al mes no perderás 100 euros de prestación, sino algo menos. ¿Cuánto? No se incluye en el Decreto Ley, que aclara que se desarrollará en un reglamento posterior. También deja para un reglamento posterior un posible incremento en el IMV para aquellos hogares en los que el alquiler supongan más del 10% de ese umbral.

Más detalles sobre el cálculo de los ingresos, aquí.

Las unidades de convivencia pueden estar formadas por:

  • Personas que viven juntas (aunque haya separaciones temporales por trabajo, estudio o tratamientos médicos) de hasta segundo grado de consanguineidad o matrimonios y parejas de hecho (en este último caso, registradas al menos dos años antes de la solicitud y con cinco años de convivencia estable), también niños adoptados o acogidos.

  • Una persona que esté en trámite de separación o divorcio, con hijos y/o familiares de hasta segundo grado y víctimas de violencia de género con hijos que hayan abandonado el domicilio familiar aunque no hayan iniciado los trámites de separación. En caso de custodia compartida, los menores sumarán donde tengan su domicilio.

  • Personas sin relación familiar que vivan juntas: podrán formar esas unidades de convivencia grupos de personas siempre que al menos una de ellas tenga una discapacidad del 65% o más y no cobre pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, sea mayor de 65 años y no cobre pensión o esté en situación de exclusión. Además, en el caso de que en un solo domicilio haya una unidad de convivencia con relaciones familiares y, además, vivan otras personas, todas ellas formarán la segunda unidad de convivencia, puesto que no puede haber más de dos por hogar.

Las unidades de convivencia deben estar constituidas al menos desde un año antes a presentar la solicitud de forma continuada (excepto para sumar menores en la caso de nacimiento o adopción o en el de víctimas de violencia de género, separaciones o trata) y vivir en el mismo domicilio (padrón). En caso de parejas de hecho, deben estar inscritas como tal dos años antes y haber convivido de forma estable al menos cinco años. No se puede pertenecer a más de una unidad de convivencia y no puede haber más de dos en un mismo domicilio.

La solicitud la presentará uno de los adultos de la unidad de convivencia en la que deberán acreditar la identidad de todos los miembros (con DNI, libro de familia o pasaporte), su residencia en España (con autorización de residencia o, en el caso de europeos, inscripción en el registro central de extranjeros de la UE o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión), y la unidad de convivencia (con libro de familia, certificado de registro civil, registro de parejas de hecho…). Tras una modificación de septiembre, no es necesario aportar el padrón: lo revisa la Seguridad Social de oficio, por lo que solo deberá acreditarse el domicilio cuando los datos del INE sean incorrectos. En este último caso, quienes no sean familiares podrán acreditar la convivencia solo con el padrón; en el caso de procesos de separación, con la demanda o sentencia; y, en el caso de víctimas de violencia de género, con el certificado.

Ya no es necesario demostrar estar de alta como demandante de empleo antes de presentar la solicitud: el trámite se puede hacer en los seis meses después a que se conceda la ayuda- Quedan excluidos de esta obligación de estar de alta como demandante de empleo los menores de 28 años que cursen estudios reglados, personas dependientes y sus cuidadores, personas con discapacidad del 65% o superior y pensionistas por discapacidad, invalidez, jubilación o personas mayores de 65 años.

Si quienes lo soliciten no pueden entregar alguno de esos documentos al momento de la solicitud, podrán firmar una declaración responsable y aportar los documentos más tarde. También valdrá esa declaración para aportar los gastos de alquiler.

Aquí tienes más detalles sobre las unidades de convivencia, si lo necesitas.

Condiciones para todos los miembros:

  • El primer filtro, cumplir las condiciones económicas: no superar el IMV para cada caso y no tener un patrimonio superior a tres veces esa cifra mínima (excluyendo residencia habitual). En ambos casos se tendrán en cuenta ingresos y patrimonio de todos los miembros en 2019. Con una excepción: si no cumplías las condiciones en 2019 pero sí en lo que llevamos de 2020 también podrás acceder. Eso sí, esta segunda vía excepcional solo aplica a quienes no estén cobrando prestación por desempleo, no superaron en 2019 (o el último año del que la administración tenga datos) la mitad del umbral de patrimonio y el año pasado no excedieran en un 50% los umbrales del IMV. Para estos casos, en 2021 se regularizará la prestación, a la alta o a la baja, con los ingresos del total de 2020.​

  • Tener residencia legal y efectiva -que las estancias en el extranjero no superen los 90 días al año- en España de forma continuada al menos durante un año antes de la solicitud (excepto en el caso de nacimientos o adopciones, en el caso de víctimas de trata –que lo podrán acreditar vía informe de los servicios sociales– y víctimas de violencia de género).

  • Haber solicitado antes que esta ayuda las prestaciones sociales o pensiones a las que tengan derecho, excepto las rentas mínimas de las CCAA.

  • Si los mayores de edad no trabajan, estar de alta como demandante de empleo o hacerlo en los 6 meses siguientes a aprobarse su IMV, con las excepciones comentadas arriba.

La norma inicial del Ingreso Mínimo Vital establecía que la Seguridad Social comprobaría de oficio los requisitos de las personas que cobran prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33% para sustituir esa ayuda por la nueva renta mínima. El Decreto Ley publicado el 23 de septiembre rebajó algunos requisitos para estas personas, permitiendo excluir a otros adultos que no sean los progenitores del cálculo económico (aunque los ingresos totales no pueden superar los umbrales en ningún caso). Además, ya que no se tramitó a la velocidad esperada, las personas beneficiarias, si no han recibido propuesta de la Seguridad Social, pueden solicitar ese IMV transitorio por su cuenta con las mismas reglas que el resto.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este simulador para comprobar si cumples con los requisitos del Ingreso Mínimo Vital.

El cobro indebido de la prestación supondrá sanciones y reintegros, además del veto a pedirla durante cierto tiempo, en casos de fraude, falseamiento de datos o estancias en el extranjero sin comunicar ni justificar de más de 15 días (de más de 90 se suspende la prestación). Este veto será extensible al resto de miembros de la unidad de convivencia si se demuestra su participación (u omisión) en aquello que motivó la sanción.

Moratoria alquileres

Aplica a las personas que cumplan todas estas condiciones en su vivienda habitual:

  • Que ninguna de las personas que componen la unidad familiar sea propietaria o tenga en usufructo una vivienda en España, excepto si se ha heredado una parte o no se puede disponer de la misma por separación o divorcio o la casa no sea accesible para una persona discapacitada.

  • Que el responsable de pagar el alquiler se quede en paro, le hayan aplicado un ERTE o haya sufrido una “pérdida sustancial de ingresos”.

  • Que los ingresos de la unidad familiar no superen, en el mes anterior a la solicitud:

    • Tres veces el IPREM (1.613,52 euros). Cuatro veces en caso de que la familia cuente con algún miembro con discapacidad, dependiente o incapacitado. Cinco veces si el deudor es discapacitado físico de al menos un 65%, o mental de un 33%, o en casos de enfermedad grave que no le permita trabajar o en casos de enfermedad grave que no permitan trabajar a la persona afectada o a su cuidador.

    • Estas cantidades se incrementarán 0,1 veces el IPREM (53,78€) por cada mayor de 65 años y por cada hijo (0,15 veces –80,68€– en familias monoparentales).

  • Que el pago del alquiler y los suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicaciones y pago de la comunidad) supongan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar.

Dependiendo del tipo de casero, las medidas son distintas:

En el caso de que se trate de un entidad pública de vivienda o un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 m2), hay dos opciones: reducción de la mitad del alquiler o aplazamiento del pago del alquiler desde la siguiente mensualidad a la solicitud.

Ambas medidas se mantendrán durante el estado de alarma o el tiempo durante el que se prorrogue la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. En el caso de la moratoria, lo no pagado ahora se devolverá de forma fraccionada durante un mínimo de tres años pero, y esto es importante, siempre dentro del tiempo de duración del contrato. Eso significa que quienes tengan un contrato anual, por ejemplo, tendrán que pagar esta deuda en un tiempo muy reducido.

En todo caso, el arrendador podrá pedir también los créditos que explicamos en el siguiente párrafo para poder saldar esa deuda.

Si el casero es una persona con menos de diez inmuebles, la cosa cambia. Se le puede proponer un aplazamiento o condonación, pero que lo acepte será voluntario. Si se niega, la única salida es pedir un microcrédito para hacer frente al alquiler (explicamos estos préstamos en el siguiente apartado).

En paralelo, se pondrá en marcha un nuevo programa de ayudas al alquiler, ya con la mirada puesta a medio plazo. Aunque el máximo establecido en el Decreto Ley para esta subvención es de 900 euros al mes y hasta el 100% del alquiler (o para pagar el préstamo solicitado durante la crisis) y de hasta seis meses, serán las comunidades autónomas las que lo pongan en marcha y decidan la cuantía.

Para el resto de casos, y de forma universal: se renuevan por un máximo de seis meses los contratos de alquiler que finalicen hasta el 31 de enero de 2021 y con las mismas condiciones del contrato actual. Eso sí, será el arrendatario el que deberá pedir esta renovación a su casero y este puede negarse si justifica que va a ocupar él la vivienda o si tienen algún pacto anterior.

Microcréditos para el alquiler de la vivienda habitual

Se trata de préstamos para hacer frente a hasta seis meses de alquiler contando desde la mensualidad de abril. De hecho, aunque se concedan más tarde, se podrán incluir los alquileres que se tendrían que haber pagado desde esa fecha. Y tienen un tope: 900 euros al mes o, lo que es lo mismo, 5.400 euros en esos seis meses. Solo se concederán préstamos por alquiler de viviendas completas y se excluyen acuerdos de subarriendo y alquiler de habitaciones.

Eso sí, estos créditos no son infinitos. Se ha aprobado un máximo de 1.200 millones de euros. Y otro tope: lo máximo que el Gobierno pagará a las entidades de crédito para sufragar gastos e intereses serán 112 millones (y lo hará hasta 2031). Cuando se alcance alguna de esas dos cifras, se cerrará el grifo.

Condiciones para acceder a los créditos sin intereses para pagar el alquiler

  • No tener ninguna vivienda en propiedad, excepto si se ha heredado solo una parte o no se puede ocupar por divorcio o porque no está preparada para discapacitados.
  • Que los ingresos de la unidad familiar el mes anterior a la solicitud no superen cinco veces el IPREM (2.689,2 euros en total).
  • Que el pago de la renta y los suministros básicos supongan el 35% o más de esos ingresos.
  • Que se hayan reducido los ingresos de cualquier miembro de la unidad familiar por culpa de la crisis sanitaria.

Se pagarán, en principio, en seis años sin intereses (los bancos sí cobrarán al Estado intereses de hasta un máximo del 1,5% TAE). Aunque, si se demuestra situación de vulnerabilidad, poco antes de los tres años se podrá pedir ampliación por otros cuatro. Y se solicitan directamente en las entidades bancarias que se adhieran a la iniciativa. Serán, además, ellas las encargadas de pagar el alquiler directamente a los caseros. Los bancos no podrán exigir a los clientes la contratación de otros de sus productos para su aprobación.

Para pedir estos créditos es imprescindible intentar aportar la documentación necesaria (padrón, justificación de pérdida de ingresos…) o, si no es posible, una declaración responsable afirmando que se cumplen las condiciones, además del formulario que aparece en las páginas 9 a 11 de la propia orden ministerial. Aquí tienes el enlace.

Si se demuestra que el solicitante no cumplía las condiciones, este tendrá que devolver el préstamo, así como intereses y gastos. También si finalmente no lo paga en los plazos establecidos.

En el caso de que el contrato esté firmado por varios titulares, todos ellos deberán pedir el préstamo de forma conjunta.

No es requisito imprescindible estar al corriente de pagos con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria. Además, estos créditos son compatibles con ayudas al alquiler.

Desahucios

Se mantiene hasta enero de 2021 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que se paralizarán y se dará cuenta de ellos a los servicios sociales.

Además, se han ampliado las condiciones y supuestos para acceder a las subvenciones por desahucio, que pasan a llamarse ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Así, incluye también a esos colectivos y elimina el sistema de fondos de vivienda para establecer que en casos de especial vulnerabilidad se concederá una vivienda propiedad de las administraciones públicas o cedida, o incluso privada si se pudiera acceder a ella. Si antes esta ayuda permitía pagar alquileres de un máximo de 400 euros por tres años, ahora es de hasta 600 euros (900 en casos justificados) más 200 euros para el pago de suministro y por cinco años. La ayuda comprenderá, dependiendo de la situación, hasta el 100% de esos gastos.

Eso sí, se aplicará a quienes sean consideradas “personas especialmente vulnerables” por los servicios sociales de las comunidades autónomas y las entidades locales. En todo caso, sus ingresos no podrán superar tres veces el IPREM (1.613,52 euros), cuatro o cinco veces en situaciones especiales. Y serás las comunidades autónomas quienes las pongan en marcha y las tramiten.

Paro especial por desempleo para quienes agotaron su prestación

Está destinado a aquellas personas a las que se les acabaron sus prestaciones por desempleo contributivas, subsidio para mayores de 45 años o con responsabilidades familiares, ayudas para parados de larga duración de bajos ingresos o Renta Básica de Inserción (RAI) entre el 14 de marzo y el 30 de junio.

Deben estar inscritos como demandantes de empleo y es incompatible con el Ingreso Mínimo vital (IMV) o cualquier tipo de renta mínima de las comunidades autónomas. Para poder acceder es imprescindible, además, que el cese en el último trabajo no haya sido voluntario, esto es, que diera lugar a estar en situación legal de desempleo (la que te permite cobrar el paro normalmente).

La ayuda, de tres meses (noviembre, diciembre y enero) será de 430 euros. Eso sí, se deberá solicitar antes del 30 de noviembre.

Al contrario que en los subsidios por desempleo vigentes para quienes se les acabe el paro, no necesitarán acreditar un mes de búsqueda de empleo previo a la solicitud, ni tener responsabilidades familiares ni bajos ingresos.

Desempleo especial por ERTE

Se trata de un subsidio especial para aquellos afectados por un ERTE por la crisis del coronavirus, ya sea porque les hayan reducido la jornada o porque les hayan despedido de forma temporal.

Podrán recibir esta prestación todos ellos, aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo exigido. Si les dan de alta a partir del 1 de octubre, ese subsidio no contará en un futuro a la hora de calcular cuánto han gastado de prestación. Si se trata de una prórroga de un ERTE anterior, empezarán a gastar días el 1 de octubre. Eso sí, si la persona afectada se queda sin trabajo por despido o fin de contrato antes del 1 de enero de 2022, se borrará de su expediente ese tiempo gastado durante el ERTE, para que así pueda acceder a la prestación por desempleo.

Su cuantía es la misma que la del paro habitual. Para calcularlo, se tendrán en cuenta los 180 últimos días trabajados o, si son menos, los que haya estado empleado en esa empresa.

Puede que tu banco te ofrezca un anticipo total o parcial. El Ministerio de Trabajo ha firmado varios convenios con la banca para adelantar el pago de estas prestaciones, sin comisiones ni intereses, aunque queda a voluntad de las entidades adheridas.

Bajas por contagio o cuarentena

A las personas que estén aisladas o contagiadas por el virus -y que estén de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social cuando pase, lo que incluye a los autónomos que coticen por incapacidad temporal- se les considerará en situación asimilable a la incapacidad por accidente laboral, lo que significa dos cosas: cobrarán el 75% desde el siguiente día y será la Seguridad Social quien se hará cargo de estas prestaciones, y no las empresas. Lo que no aclaran las normas es si las empresas están obligadas a pagar los complementos que tengan por convenio para completar esa paga hasta porcentajes superiores.

Eso sí, si se prueba que el contagio se ha producido de forma exclusiva por la realización del trabajo (pensemos en sanitarios, trabajadores de residencias de mayores, de supermercados…) se trata de un accidente de trabajo normal, no solo a efectos de prestación. Y eso significa que le aplican todas las reglas en estos casos, incluidos los recargos en las prestaciones a cargo de la empresa, las indemnizaciones por fallecimiento o, si se diera el caso, las responsabilidades civiles o penales.

Reducción de jornada por cuidados (Plan Me Cuida)

Quienes no puedan trabajar porque tengan que cuidar de menores -por la cancelación de las clases-, mayores o personas dependientes, ya sea el cónyuge o pareja de hecho o familiares hasta de segundo grado, y trabajen como asalariados, tienen derecho a que la empresa adapte o reduzca su jornada, incluso hasta el 100%. La reducción de jornada implicará la reducción de sueldo en la misma proporción.

La adaptación de la jornada puede incluir cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones laborales. En los casos en los que el trabajador ya tuviera reducción o adaptación de jornada, puede modificarla o ampliarla.

Trabajadores fijos discontinuos y de temporada

Podrán recibir la prestación extraordinaria quienes estuvieran en ERTE durante el periodo de actividad o quienes hayan cobrado la ayuda anterior y se les haya acabado, estén desempleadas y no tengan otra ayuda o subsidio.

Se mantienen hasta el 31 de enero.

Prestación extraordinaria por desempleo para artistas

Podrán pedir este paro extraordinario quienes hayan visto interrumpido su trabajo por la crisis y estén incluidos en el Régimen General de Artistas en espectáculos públicos, aunque no tengan suficiente tiempo cotizado para acceder al desempleo ordinario y sin necesidad de estar de alta en el momento de la solicitud o durante el tiempo que se obre, tampoco en el régimen de la Seguridad Social en periodos de inactividad de forma voluntaria creado para artistas en 2018. Eso sí, siempre que no se tenga acceso a la prestación por desempleo ordinaria.

Esta no es una ayuda para todos los trabajadores de la cultura. Quedan excluidos, según la Seguridad Social: encargados de sastrería y peluquería, tramoyistas, técnicos musicales, personal de laboratorio en producción y distribución de cine y, en general, personal técnico: montadores, iluminadores y técnicos de sonido “que acompañan a los artistas en sus espectáculos”, que tienen otras ayudas desde noviembre.

Este paro especial es incompatible con cualquier trabajo, por cuenta propia o ajena. También es incompatible con cualquier otra prestación pública. Si se trabaja durante un tiempo se deja de percibir y se vuelve a poner en marcha cuando el trabajador vuelva a estar desempleado.

El paro especial de artistas, creado en mayo, cambió a principios de noviembre. Hasta entonces, se podía recibir durante cuatro o seis meses dependiendo del tiempo que se haya estado de alta el año anterior. A partir de noviembre, esa ayuda durará hasta el 31 de enero de 2021, independientemente de lo que se haya cotizado.

Eso significa dos cosas, según la situación: la primera, que quienes la tengan concedida y no se les haya acabado, porque tuvieran derecho a seis meses, por ejemplo, se les prorroga hasta el 31 de enero de forma automática. La segunda, que a quienes se les acabó porque la gastaron, por ejemplo, porque tenían un máximo de cuatro meses, pueden volver a pedirla y se les podrá conceder hasta el 31 de enero. Eso sí, habrán estado varios meses sin recibir ninguna ayuda.

Esta ayuda, de unos 776 euros, es incompatible con cualquier otra ayuda por desempleo, rentas mínimas o Ingreso Mínimo Vital (IMV) o trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena. Eso sí, si se interrumpe porque la persona trabaja de forma temporal, se podrá reanudar cuando acabe.

Créditos ICO

Para dar liquidez a las empresas, el Gobierno aprobó una línea de avales a empresas de hasta 100 millones que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se podrán utilizar para pagos de salarios, facturas de proveedores pendientes de liquidar, alquileres de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministros u otras necesidades de liquidez.

No se les concederá a quienes estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del crédito. Para el resto de empresas, cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.

Los autónomos y empresas que solicitaron uno de los créditos ICO puestos en marcha por la crisis sanitaria antes del 18 de noviembre podrán, hasta el 15 de mayo de 2021, pedir que se alargue el plazo para pagar tres años extra, hasta un máximo de ocho (el tope hasta ahora era de cinco). Además, también podrán pedir que la carencia, el tiempo durante el cual no se empieza a devolver el crédito, pase de 12 a 24 meses como máximo. Esas cuotas que se retrasan se podrán pagar al final o repartirse entre el resto de meses.

Para poder acceder a estas ampliaciones, no podrán tener impagos de más de 90 días en este crédito o cualquier otro con la misma entidad, tampoco estar en el registro de morosos ni en procedimientos concursales. Los bancos deberán responder a las solicitudes en un máximo de 30 días y no podrán obligar a contratar otros productos o subir los intereses sin que esté justificado por el coste. Además, se aclara: no se concederá ninguna ampliación sin autorización expresa de la Comisión Europea.

Ayudas por ceses o limitación de actividad (solo autónomos, tengan empleados o no)

Existen cuatro tipos de ayudas a autónomos desde el 1 de octubre:

Prestación por cese de actividad ordinario

Para aquellos que no hayan recuperado ingresos o empeore su situación en el cuarto trimestre de 2020. Y a la que pueden acceder tanto los que ya la estén cobrando como aquellos que recibían la anterior a 30 de junio -con menos requisitos-, la dejaron de percibir durante el verano pero la vuelvan a pedir ahora.

Además de haber cotizado los 12 meses anteriores a la solicitud (en el caso de que sea la primera vez) es necesario que la facturación del cuarto trimestre baje un 75% con respecto al mismo periodo de 2019 y que su rendimiento neto en ese periodo no supere los 5.818,75 euros o, lo que es lo mismo, no más de 1.939,58 euros al mes. Esto es, se trasladan los mismos requisitos al último trimestre del año.

Esta prestación es compatible tanto con el trabajo por cuenta ajena (que no supere los 1.187,25 euros mensuales) y el trabajo por cuenta propia (que ambos ingresos no superen los 2.090). Eso sí, si se compatibiliza con otro trabajo por cuenta ajena la ayuda será del 50% (unos 760 euros), no del 70% (unos 950).

Ayudas a autónomos de temporada (de unos 950 euros)

Para quien haya trabajado como tal solo entre junio y diciembre, al menos cuatro meses al año.

No podrán recibirla aquellos que hayan trabajado por cuenta ajena más de 120 días anuales entre 2018 y 2019. Sus ingresos de 2020 no pueden superar los 23.275 euros, no recibieron prestaciones de la Seguridad Social entre enero y junio de este año, salvo aquellas compatibles con su actividad, y no tuvieron actividad entre marzo y mayo.

Ayuda por bajos ingresos

Destinada a cubrir a quienes no cumplen las condiciones de las anteriores (por ejemplo, porque desde julio se exige tener cotizados los 12 meses anteriores) siempre y cuando sus ingresos en el último trimestre de 2020 no superen el salario mínimo interprofesional, los 950 euros mensuales. Es la ayuda por bajos ingresos. En este caso tendrán que demostrar además que sus ingresos bajan en este cuarto trimestre un 50% con respecto al primer trimestre del año.

Cierre por suspensión de actividad

Para aquellos que tengan que cerrar sus negocios por decisiones administrativas. Será condición imprescindible haber estado de alta los 30 días naturales anteriores a la solicitud y durará lo que duren las medidas que paralicen su trabajo.

En estos dos últimos casos, el subsidio es del 50% de la base, unos 760 euros. Esa cantidad baja al 40% para cada uno en el caso de que algún familiar de primer grado de la unidad de convivencia también tenga derecho a la misma prestación. Solo en el caso de los ceses por suspensión de actividad, pero no en el de bajos ingresos, esa cantidad puede subir hasta unos 950 euros, el 70%, en el caso de familias numerosas y solo si los ingresos por esa actividad son los únicos que entran en el hogar.

En ambos casos no se pagará cotización y será obligatorio estar al corriente de pago, aunque se puede dar un margen extra de un mes para que se pongan al día. Ambas son también incompatibles con el trabajo por cuenta propia, en cualquier caso, y con el trabajo por cuenta ajena que supere los 1.187,5 euros mensuales, así como con los ingresos por rendimientos de la sociedad o prestaciones de la Seguridad Social que no sean compatibles con su actividad.

ERTE bonificado

Hay cuatro posibles tipos de ERTE, según la causa que provoque una reducción o cancelación total o parcial de la actividad.

ERTE por impedimento

Está destinado a empresas que tengan que cancelar del todo su actividad a causa de las decisiones de las administraciones públicas. En ese caso, las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores afectados serán del 100%, esto es, no tendrán que pagarlas, en casos de empresas de menos de 50 trabajadores. Para las más grandes, la rebaja será del 90%. Las mismas reglas y exoneraciones se aplicarán a aquellas que tengan un ERTE de rebrote, la versión anterior de esta medida, que siga vigente a partir del día 1.

ERTE por limitaciones

Podrán solicitarlo aquellas compañías para las que las medidas sanitarias restrinjan su actividad, pero no la cancelen del todo. En ese caso, las exoneraciones son algo más bajas e irán reduciéndose según pasen los meses desde un 100% en octubre, 90 en noviembre, 85 en diciembre y 80 en enero, para empresas pequeñas. Y 90, 80, 75 y 70%, respectivamente, para las grandes.

ERTE por fuerza mayor y ERTE por de causas organizativas, económicas, técnicas y de producción

Desde el 1 de octubre solo las empresas de ciertos sectores tendrán exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social si aplican estos expedientes. Esos descuentos serán iguales para las cuotas de los trabajadores suspendidos como para las de los que estén en activo pese al ERTE: de 85 para empresas pequeñas y del 75% para las grandes.

Sectores que podrán prorrogar los ERTE de fuerza mayor

  • 0710 Extracción de minerales de hierro
  • 1393 Fabricación de alfombras y moquetas
  • 1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
  • 1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
  • 1820 Reproducción de soportes grabados
  • 2051 Fabricación de explosivos
  • 2431 Estirado en frío
  • 2441 Producción de metales preciosos
  • 2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
  • 3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
  • 3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
  • 3220 Fabricación de instrumentos musicales
  • 3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
  • 4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles
  • 4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
  • 4932 Transporte por taxi
  • 4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
  • 5010 Transporte marítimo de pasajeros
  • 5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
  • 5110 Transporte aéreo de pasajeros
  • 5122 Transporte espacial
  • 5223 Actividades anexas al transporte aéreo
  • 5510 Hoteles y alojamientos similares
  • 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
  • 5590 Otros alojamientos
  • 5813 Edición de periódicos
  • 5914 Actividades de exhibición cinematográfica
  • 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
  • 7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
  • 7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
  • 7735 Alquiler de medios de transporte aéreo
  • 7911 Actividades de las agencias de viajes
  • 7912 Actividades de los operadores turísticos
  • 7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
  • 8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
  • 8230 Organización de convenciones y ferias de muestras
  • 9001 Artes escénicas
  • 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas
  • 9004 Gestión de salas de espectáculos
  • 9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
  • 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento
  • 9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel