De investigar la contratación pública a lograr hacer (un poco) más difícil la corrupción: el making-of
Hace cuatro años, nuestras investigaciones sobre contratos públicos saltaban de los titulares al Congreso. De sacar a la luz abusos a cambiar la ley. Una victoria muy importante si te interesan la transparencia, el periodismo con impacto y el escrutinio ciudadano sobre lo público.
Hace ahora cuatro años, celebramos un gran éxito para todas las personas que valoramos la transparencia, el periodismo con impacto y el escrutinio ciudadano sobre lo público. Uno que nos hace especialmente felices y orgullosas de lo que hacemos. Y que, con tu permiso, queremos recordar ahora.
En 2017, por estas fechas y tras varios años de duro trabajo, nuestras investigaciones sobre los contratos públicos de las administraciones españolas daban fruto y saltaban de los titulares al Congreso. De las redes a la ley. De exponer a la luz pública algunos abusos en contratación a convertirse en enmiendas, y después en norma.
Hoy nos gustaría contarte, por si no nos conocías entonces, el making-of: cómo contribuimos a que el proceso por el que una administración del Estado concede un contrato público fuera más transparente por ley, y a que las prácticas corruptas sean un poco más difíciles de llevar a cabo. Y, si ya nos conocías o -muy especialmente- si ya eras socia o socio de Civio entonces, queremos recordarte este éxito que también es tuyo.
Spoiler: vigilar a diario la letra pequeña de lo público, investigar a fondo los datos y tratar de influir de manera transparente no es fácil. Prácticamente nadie lo hace, pero funciona. Nosotros somos la prueba.
Así es como lo hicimos.
El punto ciego
No es ningún secreto. Muchos de los casos más graves de corrupción de los últimos años han estado vinculados a la contratación pública. Y tampoco es casualidad: es un terreno muy lucrativo y complejo en el que confluyen muchos factores. En lo que concierne a Civio, destacamos dos: el proceso completo de un contrato nunca ha sido transparente -información clave para comprobar si todo estaba en regla no llegaba al conocimiento público-, y nadie lo vigilaba sistemáticamente para detectar irregularidades.
Así es como comienza casi todo en este equipo, identificando puntos ciegos en la gestión pública. Datos que permanecen ocultos y que pueden ser origen de un abuso, de una ilegalidad, de ineficacia, de indefensión o simplemente de opacidad. O, en el ámbito de los contratos públicos, un potencial caldo de cultivo para todo lo anterior.
Con la lupa puesta, todos los días
En 2017, un momento clave en el que España se disponía a adaptar su ley de contratos a la normativa europea, este asunto no nos cogía de nuevas. Al contrario. Llevábamos escrutando el BOE y los principales portales de contratación para informar sobre este tipo de adjudicaciones desde el año 2013. Para informar, sí, pero también para conocer muy a fondo su funcionamiento y para comprender el origen de las irregularidades más comunes. Por ejemplo, en la adjudicación de campañas de publicidad institucional que esquivan la ley.
Decir que los datos son petróleo es cursi, pero no por ello menos cierto. En 2016 nos tiramos a la piscina con Quién cobra la obra, la primera gran radiografía de los contratos de obra pública en España. Más de 8.000 adjudicaciones de obra pública -por unos 39 millones de euros- analizadas para conocer qué empresas se los llevaban, cómo y comprender mejor qué factores entrañaban riesgos de corrupción.
Ese sería el germen de otras investigaciones que vendrían después. De aquella sobre los contratos menores y el conocido fraccionamiento o troceo para adjudicar expedientes a dedo a la más reciente sobre el uso de los contratos de emergencia en pandemia. Seguro que no te imaginabas que, al amparo de la emergencia sanitaria, se compraban camellos para la cabalgata de Reyes o pistolas taser. Hasta que lo demostramos, nosotros tampoco.
Hasta ahí, hicimos lo que harían otros medios: tratar de publicar la información más rigurosa posible. Pero en Civio perseguimos resultados diferentes -promover soluciones a los problemas que detectamos-, así que también hacemos las cosas de una forma distinta:
¿Cómo hacemos servicio público?
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Abriendo decenas de bases de datos al uso colectivo. Como esta de adjudicaciones sospechosas de haber sido fraccionadas. Y, créenos, se usan.
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Compartiendo datos y métodos de análisis con agencias anticorrupción. Sus recursos nunca son suficientes, así que intentamos facilitarles la labor.
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Impulsando el conocimiento colectivo. Durante meses reunimos a expertos, responsables públicos, colectivos de la sociedad civil y ciudadanía para aprender sobre cómo mejorar la contratación pública en España. Y todos lo aprendido, que fue mucho, es público.
Lo más importante: el impacto
Pero de poco sirve denunciar malas prácticas si no contribuimos a evitarlas. Y el momento era clave: España debía adaptar su contratación pública a las normas europeas, así que cogimos todo lo aprendido, le dimos forma de recomendaciones y de enmiendas muy concretas, y acudimos al Congreso de los Diputados.
Entre 2016 y 2017 mantuvimos cinco reuniones, y una videoconferencia, con los principales partidos con representación parlamentaria. Una pluralidad a la hora de intentar influir que establece nuestro código ético. Y, como para exigir transparencia hay que predicar con el ejemplo, tanto las fechas como quiénes asistieron a estos encuentros y los documentos que intercambiamos son públicos en nuestro propio registro de reuniones.
Y así es como varias de nuestras propuestas se convirtieron primero en enmiendas para ser debatidas, y después en ley.
La nueva norma incluyó artículos escritos por Civio de puño y letra, sacados directamente de las enmiendas que sugerimos a los partidos meses antes. El más importante: todo el proceso de un contrato -de los estudios previos a las modificaciones, ejecución y más- tiene que ser más transparente. También se creó un organismo de vigilancia anticorrupción -la actual Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON)-, aunque sin toda la independencia y recursos que reclamábamos.
¿Y ahora?
Hoy seguimos trabajando en nuevas formas de investigar y controlar desmanes en el uso de los contratos públicos.
Además, nuestro empeño está en que la ley se cumpla sistemáticamente y de forma íntegra, pues sabemos que muchos organismos solo están publicando una parte de la información a la que están obligados. También en reclamar más independencia y recursos para el ente que debe velar por el cumplimiento de la ley y detectar irregularidades. Ya hemos puesto la base, pero toca ser persistentes y no permitir ni un paso atrás.
Si todo esto ha sido posible gracias al apoyo de un millar de personas excepcionalmente generosas e implicadas, imagina lo que seríamos capaces de lograr con más gente empujando por el escrutinio de la ciudadanía sobre gobiernos y servicios públicos. Si quieres ayudarnos a informar, influir y mejorar lo público, te animamos a unirte hoy a este proyecto. Te demostraremos que merece la pena