La aplicación del bono social del Gobierno niega la ayuda a personas que tienen derecho a ella

El calvario para conseguir el bono social, el pequeño descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables, suma una nueva traba: a la dificultad de conseguir toda la documentación que se exige, la falta de información y el hecho de que sean las eléctricas, y no el Gobierno, las intermediarias en el proceso, se añade que la aplicación del Ministerio de Transición Ecológica que decide a quién concede las subvenciones responde que no tienen derecho a personas que sí lo tienen. Y, así, si no reclaman porque no reciben más información, se quedan sin el descuento que les corresponde.

El anterior Gobierno estimó que 2,5 millones de hogares se acogerían al bono social, asumiendo que solo el 45% de aquellos que tienen derecho presentarían solicitud y conseguirían llegar al final del proceso. Ni siquiera esas bajas estimaciones se han cumplido. En enero de este año, suma algo más de 1,1 millones de beneficiarios de los más de 5,5 posibles.

Pero ¿qué pasa con los 4,4 millones que no tienen el descuento? Habrá quienes prefieran no pedir las ayudas, como algunas familias numerosas sin problemas de pobreza energética y que no las necesitan. Y es que todas ellas, ricas y pobres, tienen derecho al bono sin tener en cuenta sus ingresos. Para el resto, aquellos que sí lo necesitan pero no lo reciben, las barreras son dos: o no se han enterado o han tenido problemas en el proceso. Y es que es un trámite complejo: pide documentos que ni existían o son muy difíciles de conseguir y, además, como sabemos ahora gracias a una solicitud de información, la aplicación interna que decide si tienes derecho o no niega la ayuda a personas que sí tienen derecho a recibirla. En algunos casos, aún a sabiendas de que cumplían las condiciones.

Es el caso de muchos jubilados, especialmente las viudas. La norma establece tres vías de entrada para acceder al descuento: por rentas bajas, familias numerosas y beneficiarios de una pensión mínima de incapacidad o jubilación y que no cuenten con otros ingresos. Esta última vía deja fuera a otro tipo de pensionistas, como las viudas, y a los pensionistas que reciban algún ingreso o, tras la última reforma, ingresos que superen los 500 euros mensuales. Eso sí, en muchos casos, esos pensionistas pueden acceder por la otra puerta de entrada, la de renta, ya que no superan los ingresos máximos.

Pero si esas personas marcan la casilla de pensionista -algo bastante lógico porque, de hecho, lo son-, la aplicación, simplemente, rechaza su solicitud. Lo hace pese a comprobar su renta y a sabiendas de que sí tienen derecho por renta. Así se desprende del análisis funcional y los casos de prueba de la herramienta que determina quién tiene derecho o no a la ayuda, el sistema BOSCO, que es el que utilizan las eléctricas para introducir los datos del solicitante y comunicarle la respuesta.

La aplicación ha funcionado con ambos gobiernos, el de Rajoy y el de Sánchez

De hecho, en los casos de prueba, se especifica que el programa sí verifica si se cumplen los niveles de renta en el caso de pensionistas que no puedan entrar por esa vía. Pero, se cumplan o no los requisitos, da la misma respuesta a todas las solicitudes: “imposibilidad de cálculo”. Esto es: sabe que tienen derecho, pero les niega la ayuda. La aplicación ha funcionado con ambos gobiernos, tanto el de Rajoy, que la puso en marcha, como el de Sánchez.

En Civio hicimos una solicitud de información para conocer cómo funcionaba la herramienta porque sabíamos que algo pasaba, entre otros casos, con las viudas. Decenas de ellas nos llaman para asegurar que sus solicitudes habían sido rechazadas pese a cumplir los requisitos y que, peor aún, no les daban explicaciones claras sobre cómo podían solucionarlo. Y la respuesta del Ministerio lo confirma. En este ejemplo de rechazo a una viuda que sí entraba por nivel de renta, la respuesta contiene dos afirmaciones: “no reúne los requisitos” e “imposibilidad de comprobar niveles de renta”. Las dos son falsas: sí los reúne y sí se han comprobado los niveles de renta. Pero no se le informa de la posibilidad de entrar por esa vía y, simplemente, se descarta su solicitud.

De hecho, otro de los fallos de la aplicación, en este caso enfrentado de forma directa a lo que dice la norma, es que si el solicitante no da permiso para comprobar sus datos de renta, niega la ayuda. Pero las familias numerosas, tengan los ingresos que tengan, tienen derecho a entrar en la categoría de consumidor vulnerable. Así, no están obligadas a permitir el acceso a sus ingresos porque no es un requisito para acceder a la ayuda. Pero el programa BOSCO no acepta solicitudes sin que todos los miembros de la unidad familiar marquen la casilla que da permiso a consultar la renta. Y, de este modo, personas que tienen derecho están siendo rechazadas.

El caso de los pensionistas que no entran en su categoría pero sí en la de renta y el de las familias numerosas son dos ejemplos de fallos en la aplicación que hacen que muchas personas hayan tenido que reclamar las ayudas de forma insistente y, en el peor de los casos, que se hayan quedado fuera pensando que no tenían derecho a ellas. Pero no son los únicos: la respuesta genérica, esa “imposibilidad de cálculo”, se da en otros casos, también cuando no se puede comprobar la renta por faltar algún dato. En todas esas situaciones, sea la que sea, la respuesta es la misma. Ni una pista para saber cómo resolver el problema. Y la sensación, siempre, de que no se tiene derecho a una ayuda cuando no es cierto.