Durante 2020, el Gobierno concedió 30 indultos. 28 de mano del Ministerio de Justicia, los más habituales, y dos de Defensa. La cifra es algo menor a la de 2019, cuando crecieron por primera vez desde 2013, pero es superior a años anteriores (17 en 2018 y 26 en 2017, por ejemplo) pese a la crisis sanitaria.

El parón en el ritmo de concesión de perdones fue más práctico -el Gobierno más centrado en otras cosas, como es lógico- que legal, puesto que solo una semana después de que se declarara el estado de alarma, que paralizó todos los trámites administrativos, el Ministerio de Justicia firmó una excepción: sí se podían tramitar indultos. Lo hizo, por entonces, seguramente pensando en los tradicionales perdones de Semana Santa, que ningún gobierno se salta. Y augurando, de forma optimista a mediados de marzo, que habría Semana Santa, claro. Al final, ni procesiones ni indultos.

Así, aunque legalmente pudo conceder esta medida de gracia durante el primer estado de alarma, no lo hizo. Por eso entre marzo y junio, durante más de cuatro meses, no se firmó ninguno. Aun así, el acelerón de finales de año elevó la cifra a esos 30. Lejos, eso sí, de los 500 anuales que se daban en años como 2012 y que, si no pasa nada, son cosa del pasado.

Un exalcalde del PSOE y el primer condenado a cárcel por gases de efecto invernadero

Entre los perdonados por el Ministerio de Justicia tenemos siete condenados por hurto, tres por insolvencia punible, tres por descubrimiento y revelación de secretos, tres por estafa y tres por robo, entre otros.

Por su parte, los dos perdonados en Defensa habían sido condenados por abandono de destino y deserción, delitos muy habituales en los decretos de indulto de ese ministerio.

Aunque en 2020 (al igual que en 2019 y en 2018) no se perdonó a ningún condenado por delitos de corrupción, como sí se hizo en años anteriores y a buen ritmo, en febrero se firmó un indulto que, aunque no entra en la categoría de corrupción establecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como mínimo, se le asemeja. Es el caso de un hombre que, cuando era alcalde del PSOE falsificó un informe para que su madre se saliera con la suya en una disputa vecinal y pudiera poner unas ventanas.

En octubre y diciembre se sucedieron tres indultos a profesionales sanitarios que habían accedido de forma ilegal a historiales clínicos de compañeros de trabajo, como el caso de un médico de Palma. Y el año acabó perdonando, por “razones humanitarias”, según fuentes del Gobierno, a uno de los primeros empresarios condenados a penas de cárcel por emitir gases de efecto invernadero.

Por el momento, 2021 ha arrancado a buen ritmo. El 13 de enero se dieron los dos primeros del año: uno para una mujer condenada por delitos contra la salud pública y otro a un condenado por lesiones con deformidad (le arrancó el lóbulo de la oreja de un mordisco a otro hombre en una pelea).

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