Hay una cosa que tenemos en común todas las personas que formamos parte de Civio (y aquí incluímos, claro, a nuestras socias y socios): no podemos mirar a otro lado cuando sabemos que algo no funciona. Puede sonar naïf, pero no nos avergüenza en absoluto decirlo: sí, queremos mejorar nuestro cachito de mundo.

Y llevamos más de doce años empeñados en hacerlo, más de una década en la que hemos cosechado victorias que parecían imposibles para una organización tan pequeña. Y es que, seamos realistas, conseguir cambios reales es difícil. Sobre todo cuando toca enfrentarse a grandes adversarios: las farmacéuticas empeñadas en ocultar los conflictos de interés o el coste que nos supone la compra de sus medicamentos; las grandes constructoras que se oponen a que las leyes de contratos pongan coto a prácticas corruptas; las empresas que quieren que su relación con lo público siga siendo a escondidas; y la propia maquinaria de las administraciones públicas que, con honrosas excepciones, se convierte en un búnker cuando se trata de poner luz sobre lo que es de todos y todas.

Un ejemplo: sumamos ya muchos juicios contra el aparato legal del Estado, con todos sus abogados y recursos. Un Goliat inamovible y poderoso. Y nuestro David en esta historia es una organización minúscula de diez personas. Por eso necesitamos tu apoyo, para ser miles.

Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido estos diez años es que no importa cómo de poderoso sea el adversario, toca ir sin miedo. Así lo hicimos cuando nos empeñamos en que la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público ampliara las obligaciones de transparencia y mejorara los controles para evitar la corrupción. No éramos los únicos que hicieron lobby, claro: las empresas más importantes del país se jugaban mucho.

Y nos enfrentamos -aquí otra cosa que hemos aprendido- jugando con sus mismas reglas: presentando enmiendas concretas, ya redactadas, al proyecto de ley. Afinando el tiro. Nada de campañas generales o comunicados diciendo que hace falta más transparencia y pidiendo mejoras sin especificar. Eso habría sido fácil. Tiramos por el camino aburrido, tortuoso y, creemos, más efectivo: nos estudiamos la norma al milímetro, así como todas las que influyen en los contratos públicos, para plantear modificaciones legales concretas, factibles y con impacto real. Redactadas y listas para copipegar si los diputados las veían acertadas. Y lo más impresionante de todo es que funcionó y conseguimos incluir muchas de nuestras enmiendas en la ley que ahora está vigente.

Nada de campañas generales o comunicados diciendo que hace falta más transparencia y pidiendo mejoras sin especificar. Eso habría sido fácil.

Decimos que jugamos con las mismas reglas que las grandes empresas porque hacemos lobby, sí, pero con una diferencia importante: con quién nos reunimos, qué propuestas presentamos y qué queremos cambiar es radicalmente transparente. Nunca mandamos propuestas a un partido, por ejemplo, sin antes haberlas publicado para que cualquier persona pueda conocer nuestras intenciones. Y todo esto cuidando uno de nuestros bienes más preciados: la independencia. Nada de favorecer a unos partidos u otros, participar en reuniones a puerta cerrada ni hacernos la foto con el gobierno de turno. Solo vamos a reuniones para trabajar. Y lo contamos todo.

Frente a eternas promesas incumplidas, perseverancia

Pero, por desgracia, estos diez años también nos han enseñado a ser descreídas. A aprender una y otra vez que no puedes creerte nada hasta que esté firmado, aprobado y publicado en el boletín oficial. En los programas electorales de 2018, por ejemplo, la mayoría de los grandes partidos incluyeron buena parte de nuestras propuestas. Ha pasado el tiempo y prácticamente todo quedó en papel mojado. Llevamos años de foros-paripé para reformar la Ley de Transparencia. Esa reforma no llegó en la pasada legislatura, y puede que tampoco en esta. Y vuelta a empezar con el siguiente gobierno, que lo volverá a prometer.

Aún estamos a la espera de que se publiquen -de verdad- las agendas completas de los altos cargos. Llevamos años -¡años!- leyendo titulares que dan por buena la enésima promesa sobre el tema. Que luego nunca se cumple. Es agotador.

También lo es que una de las mayores barreras a nuestra lucha por mejorar las cosas es que, directamente, nos ignoren. Que una administración mañana no responda, no entregue una información o no cumpla una sentencia puede que no sea noticia, pero manda un mensaje horrible: no pasa nada. La transparencia y la rendición de cuentas no están de moda. Están desapareciendo de los programas electorales y de las prioridades políticas. Entienden que saltarse la ley, o al menos obstruirla, no les penaliza, no tiene coste electoral en este ciclo. Salvo que alguien plante cara y difunda a los cuatro vientos sus vergüenzas. O haciendo algo más valioso, sutil y permanente en el tiempo: luchar y lograr un precedente jurídico.

Una importante sentencia del Tribunal Supremo, favorable a Civio, ratificó que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Una interpretación completamente desnortada de la Audiencia Nacional trataba de impedir el derecho de acceso a la información anterior a 2014. Fue una lucha en los tribunales de seis años, que se dice pronto.

Que una administración no responda, no entregue una información o no cumpla una sentencia manda un mensaje horrible: no pasa nada. Entienden que saltarse la ley de transparencia, u obstruirla, no penaliza en este ciclo.

Ya llevamos unas cuantas victorias en los tribunales, pero ganarle un juicio a la Administración para conseguir información o intentar mejorar una ley nos cuesta años, y el éxito no está garantizado. No pasa nada. Tenemos paciencia. Y no vamos a parar si creemos que tenemos razón y que es una lucha justa y puede tener impacto. Por eso seguimos empeñados en que, por ejemplo, los códigos de los programas o algoritmos que toman decisiones en las administraciones sean públicos. O que lo que los sistemas públicos de salud pagan por los medicamentos sea transparente.

Son procesos largos y, a veces, frustrantes. Por eso a veces nos agarramos fuerte a cambios pequeños, rápidos. Como cuando conseguimos que retiraran una campaña de publicidad institucional de autobombo. O cuando, tras informar Civio del veto de Interior que impide entrar en la Policía a toda persona afectada por endometriosis y otras enfermedades, en el Congreso y dentro del cuerpo se dan pasos para excluir solo casos inhabilitantes.

Incluso tras conseguir avances, toca defenderlos. Quienes trabajan en la defensa de derechos lo saben bien: una vez conseguidos, no se puede bajar la guardia. Justo en la época en la que se aprobó la Ley de Transparencia conseguimos que se publicasen -por primera vez- los nombres y sueldos de los asesores del Gobierno. Lo veníamos pidiendo desde 2013, con campaña incluida que reunió 51.000 firmas. Pues bien: solo se hizo esa vez. Nunca más se volvieron a publicar esos nombres. Desde entonces, hacemos solicitudes de información cada cierto tiempo, nos enfrentamos a los ministerios que se niegan, vamos a los tribunales y publicamos los nombres, a veces bajo amenazas. Todos los gobiernos nos han puesto trabas. Y eso que no estamos hablando de secretos de estado, solo de los nombres de quienes trabajan, nombrados a dedo, para ministros y presidente.

Ondas en el estanque

Si no conseguimos algo, por lo menos queremos generar ondas en el estanque. Así como arrojar una piedra al agua tiene un efecto expansivo, a veces las luchas acaban teniendo ese efecto a largo plazo. Queremos sembrar, poner temas en la agenda pública. Nunca sabes cuando una de tus investigaciones va a ser objeto de debate en el Congreso, como ha pasado varias veces durante estos años.

La medida más importante para nuestro trabajo es si ha generado un impacto o no. Y no evaluamos el impacto en términos de número de lectores ni de premios, sino como cambios en la vida real.

Canalizamos centenares de solicitudes de información incluso antes de tener una ley de transparencia. Llevamos siglos hablando de la importancia de regular el lobby y de publicar las agendas completas. No nos han hecho ni caso durante mucho tiempo. Pero ahora que algunas instituciones empiezan a regularlo, como pasa en el Congreso, sabemos que esas ondas han llegado a la orilla. Aunque tarden mucho tiempo.

La medida más importante para nuestro trabajo es si ha generado un impacto o no. Y no evaluamos el impacto en términos de número de lectores ni de premios, (que bien podríamos, porque es para estar orgullosas) sino como cambios en la vida real. Pero no es fácil de medir. Nunca sabremos el número exacto de a cuántas personas hemos ayudado durante la crisis sanitaria y creando aplicaciones y guías para que puedan acceder a las ayudas públicas. Sabemos que el Indultómetro hizo descender de forma radical el número de indultos porque nos lo han confirmado. Pero no siempre está tan claro. A veces somos demasiado tímidas y nos cuesta hacer nuestras algunas victorias. Pero estamos orgullosas.

Pero entonces, ¿qué somos? ¿Activistas? ¿Periodistas?

Para muchos periodistas, esta rama activista no es compatible con la profesión. Son como el agua y el aceite. No estamos de acuerdo.

Primero, porque solo hacemos lobby sobre temas que controlamos. Y después de publicar. El activismo no es lo que guía qué temas tratamos o cómo. Cuando publicamos irregularidades mucha gente se pregunta “y ahora, ¿qué?”. Nosotros también. Y es que nuestra labor no termina cuando lees nuestros artículos, ni mucho menos. Si dedicas miles de horas a aprender sobre un asunto, por ejemplo sobre contratación pública, quizá quieras buscar la manera de usar ese conocimiento más allá de darle tan solo al botón de publicar.

Por eso, cuando descubrimos y publicamos que el bono social no estaba llegando a quien lo necesitaba porque, entre otras cosas, la aplicación que usa el Ministerio contenía errores, nos pusimos manos a la obra: hablamos con ellos y dimos la turra hasta que lo arreglaron. Y presentamos modificaciones para que la Estrategia de pobreza energética levantara algunas barreras de acceso. Porque a veces con publicar que algo está mal no basta. Te animamos a leer este perfil en NiemanLab sobre lo que nos hace diferentes.

Si dedicas miles de horas a aprender sobre un asunto, por ejemplo sobre contratación pública, quizá quieras buscar la manera de usar ese conocimiento más allá de darle tan solo al botón de publicar.

La segunda razón que nos permite creer en que periodismo y activismo no son incompatibles es que nuestra lucha principal es por la sustancia del periodismo, la información. La transparencia es un concepto vacío en muchas declaraciones, manoseado por muchos. Hablar de transparencia ya es un cliché en todos los discursos, mientras las administraciones entorpecen nuestras preguntas incómodas con recursos judiciales o malas excusas. Pero es que sabemos que es útil y que tenemos derecho a ella. Sin información, no hay periodismo que valga.

No nos vamos a dar por vencidas. Aunque el adversario sea poderoso e inamovible. Pero para eso necesitamos tu fuerza.