El pasado sábado llegó al BOE la reforma del bono social de la luz. Entre esas medidas, como desgranamos ese mismo día, está la ampliación del plazo de vigencia del anterior sistema. Así, los consumidores aún acogidos al bono antiguo que soliciten el nuevo desde el próximo lunes hasta el 31 de diciembre verán como sube su factura de la luz pero, en cuanto se lo concedan, les devolverán de forma retroactiva los descuentos que podrían haberles aplicado desde el 8 de octubre.

Esta prórroga es una de las recomendaciones que Civio ha hecho en estos meses de incertidumbre a la Secretaría de Estado de Energía y a la ministra para la Transición Ecológica, por lo que valoramos positivamente esta decisión. El plazo de vigencia del anterior modelo terminaba este lunes y, como hemos denunciado, muchos miles de personas con derecho al bono social aún no se han acogido a estas ayudas. Pese a que el Ejecutivo conocía desde hace muchos meses los problemas que estaban ocasionando una mínima implantación de estas ayudas, la ampliación no se ha confirmado prácticamente hasta vísperas de la pérdida de vigencia del anterior modelo. Creemos que eso se podría, y se debería, haber evitado. Además, creemos que el procedimiento debería haberse simplificado.

Otra recomendación de Civio incluida en el Decreto-Ley ha sido flexibilizar el acceso a los jubilados. Hasta ahora, quienes cobraran la pensión mínima por jubilación o incapacidad, y no tuvieran otros ingresos, podían acceder en su propia categoría. Eso hacía que aquellos que ingresaran, por ejemplo, los céntimos de intereses de la cuenta en la que ingresan la pensión, estaban excluidos de esta vía de entrada y lo podían hacer solo por renta (con peores condiciones). El Decreto-Ley les permite, a partir de ahora, tener ingresos de hasta 500 euros mensuales. Eso sí, sigue dejando fuera a otros pensionistas como las viudas.

Además, se han aumentado los límites al consumo -la cantidad sobre la que se aplica el descuento-, como también reclamábamos, y se flexibiliza para que se puedan acumular consumos sobre los que no se ha aplicado el descuento en los 12 meses anteriores.

Pero de nada sirve todo eso si no se aplica: la mayor prioridad debe ser que estas ayudas sean eficaces, suficientes y que lleguen a los hogares que más las necesitan.

En Civio llevamos meses trabajando intensamente para ayudar a miles de ciudadanos a conocer si tienen derecho a él, y a poder tramitarlo de una forma más fácil. Más de 190.000 personas han usado nuestra aplicación web, realizada en colaboración con la CNMC, para poder comprobar su derecho y pedir estas ayudas. Ahora, ampliado el plazo, desde Civio consideramos que la prioridad absoluta en este momento debe ser simplificar el procedimiento de solicitud. Una administración responsable y eficiente debería facilitar al máximo este tipo de trámites. Tenemos constancia de que, a ciudadanos que intentaban acogerse a estas ayudas, se les ha exigido una excesiva documentación -como la hoja registral única-, o que acreditasen determinadas circunstancias de las que la administración tiene completa certeza. El efecto disuasorio de la complejidad y sobrecarga administrativa para solicitar ayudas como esta no puede ser ignorado.

Cientos de consultas telefónicas y correos electrónicos de afectados apuntan a la intermediación de las propias compañías eléctricas en el proceso de tramitación como uno de los principales problemas. Esta intermediación se traduce en que, con poca formación y escasos alicientes, el personal de atención de las eléctricas no resuelve adecuadamente las dudas de los potenciales beneficiarios, no les facilitan el proceso y no les explican detalladamente los motivos por los que su solicitud ha sido rechazada. Esa intermediación ha provocado que a personas que tienen derecho al bono social les hayan comunicado que no lo tienen, sin más explicaciones. Civio considera que debería ser la Administración quien estuviera completamente a cargo de este proceso. Y, por extensión, que debería articularse un sistema de reclamaciones eficiente. Muchas oficinas municipales de información al consumidor, especialmente en pequeños municipios, han carecido de medios y formación para informar y ayudar a reclamar a sus ciudadanos.

Ante la anunciada reforma del bono social, también consideramos que es necesario simplificar la propia normativa. Las explicaciones y supuestos legales del anterior modelo no eran en absoluto claros, y durante la reforma solo se empeoró la situación. Una norma así no debería ser incomprensible incluso para los expertos, sino especificar de manera inequívoca y fácil de entender quién tiene derecho, cómo se tramita y definir mecanismos para asistir a los solicitantes a lo largo de todo el proceso. También, por supuesto, máxima difusión. No solo en los medios de comunicación, con un margen de tiempo y un alcance suficiente, sino a través de la coordinación y colaboración de todos los niveles de la administración, desde los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas a las oficinas de información al consumidor, así como como la distribución de materiales formativos e informativos para su uso público.

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