La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) ha anunciado que el 9 de setiembre, “por transparencia y para que la comunidad pueda ayudarnos a mejorar la app”, tiene previsto liberar el código fuente de Radar COVID, la app oficial de rastreo de la propagación del coronavirus entre contactos que ya está operativa en diez comunidades autónomas y ha sido descargada por 3,4 millones de personas.

Desde Civio celebramos la disposición a hacer público dicho código bajo el principio de la transparencia. Esperamos que se haga de forma completa y abierta, no a medias. Pero, sobre todo, recordamos que esta decisión, si se lleva a cabo, no repara la opacidad y la obstrucción que el Gobierno sigue demostrando en otros casos, actualmente judicializados, sobre el derecho de la ciudadanía a consultar el código fuente de programas de software creados desde las administraciones con fondos públicos y utilizados para gestionar o controlar derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Civio es desde 2019 la parte demandante en un proceso judicial, aún en primera instancia, contra la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a liberar el código fuente del programa BOSCO, que otorga o deniega el derecho a recibir la ayuda del bono social de la luz, y contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que no respalda nuestro derecho a conocerlo al amparo de la Ley de Transparencia.

Iniciamos este proceso porque detectamos, y demostramos, que había defectos importantes en su diseño y que se estaba denegando la ayuda a personas que tenían derecho a ella. Por eso, quisimos saber cómo se había hecho el propio software que determina, de forma automática, una decisión clave para las personas más vulnerables: si consiguen o no esa ayuda económica. Nuestro objetivo es entender por qué inicialmente el software se equivocaba en los casos de familias numerosas o en las personas con pensiones de jubilación o viudedad, por ejemplo, y asegurarnos de que no contenga otros errores que puedan estar dejando fuera de la ayuda a personas que la necesitan.

En Civio creemos que, si la liberación del código de Radar Covid es necesaria, la de programas como BOSCO, que pasan más desapercibidos para la opinión pública pero tienen consecuencias relevantes para familias vulnerables, lo es tanto o más. Porque, a diferencia de Radar Covid, el código fuente de BOSCO sí genera derechos y obligaciones, como una ley, por lo que entendemos que el ciudadano tiene tanto derecho a inspeccionar su funcionamiento como lo tiene con respecto a cualquier otra norma jurídica. “Impedir el acceso al código fuente de los programas implica la imposibilidad de que el ciudadano pueda verificar si una herramienta a través de la cual se le aplica el derecho se halla acorde con la ley o incumple la misma”, defiende nuestro abogado y patrono Javier de la Cueva en el recurso contencioso-administrativo que hemos presentado.

De entre las razones argüidas por la administración en un primer momento para denegar el acceso a la información solicitada, el Consejo de Transparencia aceptó la de que conocer la estructura interna de BOSCO atenta contra su propiedad intelectual. Nosotros entendemos que las obras realizadas en las administraciones públicas no están sujetas a los derechos de autor: lo contrario podría suponer la denegación de cualquier documento elaborado por un trabajador público.

Sin embargo, no ha sido la única razón. También han aflorado preocupaciones concernientes a la seguridad nacional si se diera a conocer el funcionamiento interno de programas como este. Peritos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, han usado como justificación para no hacer público el código de BOSCO -alegando riesgos para la seguridad nacional- cuestiones de diseño que, en realidad, lo que reflejan son malas prácticas muy preocupantes en cuanto a las políticas de desarrollo y de calidad internas de software de la Administración General del Estado.

Es más, la obstrucción del Gobierno llega al punto de que, tras formular nuestro abogado una serie de preguntas a un perito público del ministerio sobre el funcionamiento del programa, el abogado del Estado, que defiende a la administración, quería que este técnico se negara a responder a la mayoría de ellas (las 4.1, 4.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 y 21 de este documento-). Por suerte el juez no le dio la razón. Aún estamos esperando que los responsables públicos den respuesta a esas preguntas clave.

La anunciada liberación del código fuente de Radar Covid, encargado a la empresa privada Indra, demuestra que las preocupaciones utilizadas como excusa en nuestro proceso -la defensa de la propiedad de intelectual y la seguridad nacional- son perfectamente solventables. Y que, a diferencia de lo argumentado por el perito del Ministerio, el código abierto no es un obstáculo para la seguridad, sino justo lo contrario.

Al llevar a los tribunales la opacidad de BOSCO, en Civio sabíamos que estábamos abriendo un melón mucho más grande. La prometida liberación del código de Radar Covid sería un paso en la buena dirección, pero también nos sirve para recordar que la responsabilidad tecnológica y algorítmica es un debate que aún está en pañales en nuestro país. Si no en lo que respecta a la privacidad y la protección de datos (con amplia jurisprudencia y garantías), sí en lo que concierne a la transparencia y al derecho de la ciudadanía a conocer y evitar situaciones injustas ocasionadas por herramientas tecnológicas. Para ello, no solo necesitamos jurisprudencia, y el caso de BOSCO es una buena oportunidad para lograrla. También un nuevo convencimiento intelectual y voluntad dentro de las instituciones.