Transparencia
Investigaciones y artículos sobre transparencia y rendición de cuentas -o su ausencia- y el derecho de acceso a la información.
La última maniobra para mantener oculto el coste de los medicamentos
Por temor a los avances de Civio, un despacho que representa los intereses legales de varios laboratorios busca cambiar la Ley del Medicamento para que el coste real de los fármacos siga siendo confidencial.
Gilead alienta la conspiranoia para mantener en secreto el precio público de sus medicamentos
Así vamos a investigar la automatización de las administraciones y su impacto en el estado de bienestar en 2023
Gracias a una beca del European AI Fund, vamos a poder sistematizar y mejorar lo que ya venimos haciendo desde 2019. Aquí te contamos cómo.
Carta al Gobierno sobre la futura supervisión de algoritmos e inteligencias artificiales
La Inspección de Trabajo recurre a los tribunales para que sus sanciones a empresas sean secretas
El ministerio que dirige Yolanda Díaz lleva a juicio una resolución que le instaba a hacer pública su actividad sancionadora. Y ahí nos veremos.
El Consejo de Transparencia ya no se opone a nuestra petición de liberar el código fuente del bono social
La institución cambia de postura y contradice a la Abogacía del Estado, quien presentó en su nombre una oposición al recurso de Civio a la última sentencia en contra.
Queremos instituciones transparentes y personas informadas. ¿Y tú?
Un Registro de Titularidades Reales público, sí, pero también gratuito
Compartimos nuestras aportaciones para que información clave para prevenir delitos económicos, que pronto será de acceso general, sea también accesible con menos barreras de uso.
Defensa informa, más de 5 años después, de los pasajeros de los vuelos oficiales
Civio solicitó en noviembre de 2015 esta información. Tras tres sentencias y amenazas de sanción de los tribunales para que entregaran estos datos, por fin, Defensa acata y responde.
Defensa expone a funcionarios y altos cargos a multas por no entregar una información pública
La construcción del Zendal: primero, el ladrillo; después, la narrativa
Antes de levantar un nuevo hospital, se elabora un plan funcional que establece los requisitos del nuevo centro y marca los metros cuadrados y el presupuesto. En el caso del Hospital de Emergencias de Madrid, todo apunta a que este documento se redactó a posteriori.
José Luis Rodríguez Álvarez, nuevo presidente del Consejo de Transparencia
Ocupó puestos de confianza durante los gobiernos de Zapatero y coincidió, bajo la batuta del exministro Francisco Caamaño, con el actual responsable de Justicia, Juan Carlos Campo.
La venta de medicamentos a no residentes en Castilla-La Mancha creció durante el estado de alarma a niveles solo vistos en verano
En Castilla y León también se multiplicó el número de dispensaciones a pacientes de otras CCAA, aunque algo menos. Destacan, en ambas regiones y por mucha distancia, el consumo de recetas firmadas en Madrid.
El Gobierno sigue llevando a juicio por defecto las resoluciones que le obligan a ser más transparente
El Ejecutivo está recurriendo por inercia los dictámenes del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que le obligan a dar información, o no las ejecutan.
La transparencia sobre las pruebas diagnósticas del coronavirus avanza a varias velocidades
Castilla y León y Cantabria son las regiones que mejor han apostado por el acceso abierto a los datos sobre las pruebas para detectar casos de covid-19.
¿Qué comunidades responden las preguntas de los ciudadanos pese al estado de alarma y cuáles no?
Los plazos administrativos están suspendidos, lo que afecta de lleno a las solicitudes de información pública, aunque las administraciones que lo consideren pueden levantar algunas suspensiones. No es el caso del Gobierno central, pero sí de algunas CCAA.
Desde la Coalición Pro Acceso pedimos al Gobierno que garantice el derecho de acceso a la información durante la crisis del Covid-19
Alertamos de los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma.
Más de la mitad de los centros sociales que suspendieron su última inspección alimentaria son públicos
Los reincidentes, aquellos que fallaron tanto en 2018 como en 2019, son cinco residencias de mayores y centros de día y una residencia infantil. Todos ellos pertenecen al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
Uno de cada diez centros educativos de Madrid suspendió su última inspección higiénico-sanitaria
La inspección de cocinas, cafeterías y comedores de 121 guarderías, colegios e institutos se saldó con un resultado desfavorable.
Consulta los locales de comidas de Madrid que fallaron su último control de seguridad alimentaria
Uno de cada cuatro establecimientos recibió una nota desfavorable. La mayoría de los inspeccionados son bares y restaurantes, pero también comedores escolares, pastelerías y churrerías.
El Consejo de Transparencia ha gastado más de 287.000 euros en defenderse de recursos, la mayoría de administraciones públicas
Buena parte surgen de ministerios y otras entidades públicas estatales, que llevan las resoluciones de la entidad a los tribunales para evitar dar a los ciudadanos la información que reclaman.
La aplicación del bono social del Gobierno niega la ayuda a personas que tienen derecho a ella
Responde que no cumplen los requisitos a personas que sí los cumplen, y lo hace sin dar explicaciones concretas para resolverlo y pese a haberlo comprobado.
"Que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho"
El día 20 de junio presentamos nuestro recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código de un programa que decide quién resulta beneficiario del bono social eléctrico.
Orange, Telefónica y Vodafone, líderes en multas de Protección de Datos
Los tres grupos de telecomunicaciones acumulan casi 4 de cada 10 euros en sanciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desde 2015.
El spam de los partidos políticos
Las distintas formaciones han tenido que pagar más de 24.000 euros desde 2015 por infringir la Ley de Protección de Datos.