Hace más de una década que Civio participa activamente en la concepción y seguimiento de cada Plan de Gobierno Abierto en España. De ahí que afrontemos el borrador del V Plan con una mezcla de experiencia y escepticismo.

Hemos estado en prácticamente todas las consultas, talleres de cocreación, reuniones del Foro de Gobierno Abierto y audiencias públicas desde 2011, abogando insistentemente por la calidad de las medidas protransparencia en lugar de la cantidad. Y por abordar problemas estructurales con iniciativas valientes y medibles.

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El borrador actual nos presenta una paradoja descorazonadora: un número récord de 205 iniciativas que, lejos de significar un avance robusto, enmascaran la ausencia de muchas de las medidas cruciales, aquellas aprobadas como prioritarias en los talleres de cocreación entre sociedad civil y gobierno. Talleres cuya supuesta función era precisamente fijar las propuestas de este plan y cuya utilidad, francamente, queda ahora en entredicho. Mejoras esenciales en transparencia, control de incompatibilidades de altos cargos, publicación detallada de la ejecución presupuestaria o un registro de sistemas algorítmicos han sido, simplemente, ignoradas sin la menor explicación.

Este “borrón y cuenta nueva” no es un descuido, sino un patrón que se agrava. Echamos en falta compromisos cruciales del IV Plan que no fueron ejecutados, como la modificación de la Ley de Incompatibilidades o la publicación de la huella normativa. Lo más preocupante es que algunos de estos compromisos olvidados fueron, en su día, presentados por el propio Gobierno en sus respuestas a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Una omisión que roza la negligencia.

Es por eso que las aportaciones de Civio al borrador del V Plan de Gobierno Abierto se centran en lo fundamental, en aquellas iniciativas ya validadas y en las no finalizadas, limitándonos al ámbito de la Administración General del Estado y a los compromisos clave:

1. Transparencia: la joya de la corona, sistemáticamente descuidada

El Compromiso 2, Transparencia y Acceso a la Información, es el más demandado por la sociedad civil y la ciudadanía –más del 20% de las aportaciones, casi el doble que el siguiente–. Esta demanda exige ambición, y ninguna iniciativa es más estructural que la reforma de la Ley de Transparencia (LTBG), compromiso prioritario del IV Plan cuyo desarrollo se abortó sin siquiera publicar el anteproyecto que recogía el trabajo de académicos, sociedad civil y administración.

Ahora, esta reforma parece diluirse en una etérea “Ley de Administración Abierta”, ausente del Plan Anual Normativo de 2025, sobre cuyo alcance, contenido o plazos de tramitación el Gobierno admite ante el IRM de OGP no tener información. La excusa recurrente de la falta de mayoría parlamentaria no justifica abandonar reformas puntuales y necesarias de la LTBG –demandadas por la sociedad civil en los talleres– para embarcarse en una ley omnicomprensiva de futuro incierto para ser aprobada en legislatura. Es una estrategia mal planteada, que ignora las prioridades ciudadanas y parece condenada al fracaso.

Recordemos que el taller de cocreación de junio, tras debatir 67 iniciativas, priorizó la reforma de la LTBG (continuando el trabajo del IV Plan), la mejora del acceso a la información sobre personal eventual o agendas de altos cargos (propuestas de Civio), el refuerzo de los poderes del CTBG (no hacer una nueva web, como propone el borrador) y mejoras en la rendición de cuentas de administraciones incumplidoras, empezando por la propia AGE.

El informe de seguimiento de la V Ronda de GRECO también fue muy claro: pedía avanzar en la implementación de la LTBG (recomendación IV; el Gobierno respondió: es un compromiso del IV Plan); reforzar el régimen de transparencia e integridad de asesores (recomendación I; el Gobierno respondió: se incluirá en la reforma LTBG); y dotar al CTBG de independencia, autoridad y recursos (recomendación V; el Gobierno respondió: va en las conclusiones del grupo de trabajo para la reforma LTBG).

Pues bien: el borrador del V Plan de Gobierno Abierto que presenta ahora el Gobierno ignora completamente estas conclusiones y trabajo previos.

Por tanto, pedimos una vez más:

2. Integridad y rendición de cuentas: más allá de lo cosmético

El borrador propone un “programa de cumplimiento normativo” en un único centro directivo. Una medida testimonial frente a la iniciativa “control y luz en los conflictos de intereses” de Civio, aprobada en el taller y ahora ignorada. Se olvidan también de la publicación de la huella legislativa completa (estaba en el IV Plan, no concluido) y la modificación de la Ley de Incompatibilidades (estaba en el IV Plan, abortada).

El GRECO (en recomendación IX) pide reforzar sustancialmente el régimen de conflictos de interés, incluyendo la capacidad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Por eso, demandamos:

  • Control y luz en los conflictos de intereses: Publicación íntegra de declaraciones de bienes y actividades (no extractos descontextualizados), publicidad de aprobaciones y denegaciones de compatibilidad con sus motivaciones, informe anual de la OCI y reforma de la ley para endurecer sanciones por no declarar o mentir, equiparándolas. La transparencia no es chismorreo sobre riqueza, sino conocimiento y control para detectar y evitar irregularidades.

  • Publicación de la huella legislativa completa: Junto a cada norma, un informe de actores, documentos y su impacto en el texto final, con datos que avalen las decisiones. Hoy, trazar la génesis de una ley es casi imposible.

3. Administración abierta: va de garantizar derechos, no de digitalizar al tuntún

La propuesta de un “nuevo modelo de atención presencial” es bienvenida, pero omite el principal escollo: la obligatoriedad de una cita previa que a veces es muy difícil lograr. Pedimos atención presencial garantizada por ley, atención presencial a tiempo y sin cita previa obligatoria para trámites esenciales, especialmente ayudas. Basta de obligar a trámites online como única vía sin justificación y de infradotar servicios clave como la Seguridad Social, como hemos demostrado en nuestras investigaciones.

4. Gobernanza digital e IA: transparencia ahora o lo lamentaremos después

La propuesta “transparencia algorítmica y de sistemas de IA” fue la cuarta más votada en el taller. El borrador, sin embargo, no incluye medidas de transparencia y rendición de cuentas, solo “sensibilización”. Ignora los avances del Gobierno Vasco o la Generalitat Valenciana y la alarmante falta de cumplimiento del IV Plan en esta área (solo 1 de 6 iniciativas cumplida). Es una oportunidad perdida con potenciales consecuencias graves. Requerimos:

  • Registro de sistemas de IA y ADM: Con información técnica sobre diseño, funcionamiento, casos de prueba y código fuente accesible (proactiva o bajo solicitud) para evaluación externa. Es un paso fundamental para no ser objeto de decisiones automatizadas sin control.

  • Coordinar Unidades de Transparencia: Para que acepten solicitudes sobre diseño y código de aplicaciones. Nuestra experiencia litigando por esta información evidencia una inconsistencia administrativa inaceptable: mientras unos ministerios alegan desde seguridad nacional hasta propiedad intelectual, la propia SEDIA publica código y apoya nuestra postura.

5. Apertura fiscal: ninguna medida

La iniciativa más votada en el taller fue “cuentas claras: ejecución presupuestaria al detalle”, propuesta de Civio. El borrador la sustituye por una visualización de información ya existente, reconociendo explícitamente que “no supone para los productores de la información un incremento de las obligaciones”. Un simulacro. La tercera propuesta más votada, “un organismo independiente para vigilar la contratación” (también nuestra), ha sido completamente ignorada. Por eso, insistimos en:

  • Cuentas claras: ejecución presupuestaria al detalle: publicación de la ejecución en formatos reutilizables, al mismo nivel de detalle y estructura que los PGE, y una comisión parlamentaria trimestral de control. Hoy, seguir el rastro del gasto real es un galimatías de fuentes inconsistentes.

  • Un organismo independiente para vigilar la contratación: nombrado por el Congreso por mérito, con medios, trabajo sistemático de control de riesgos y buzón ciudadano anónimo. La actual OIReScon, adscrita a Hacienda y con miembros nombrados por el Gobierno, carece de la independencia y los recursos necesarios para atajar una vía principal de corrupción que, según la CNMC, podría costar hasta un 4,6% del PIB anual.

Conclusión: ¿nos tomamos el gobierno abierto en serio o no?

Las propuestas que aquí reiteramos no son ocurrencias de última hora. Son el fruto de años de trabajo, análisis y participación constructiva, muchas de ellas validadas en los propios espacios de cocreación impulsados por el propio Gobierno.

No se trata de añadir más iniciativas a una lista ya inflada, sino de asumir compromisos transformadores, con indicadores claros, plazos vinculantes y una voluntad política inequívoca.

El V Plan de Gobierno Abierto no debería ser otro ejercicio de cara a la galería, otra colección de buenas intenciones temporales destinadas a la papelera. O se convierte en una herramienta real de cambio, que aborde los déficits estructurales y responda a las demandas ciudadanas y a las recomendaciones internacionales, o confirmará la creciente irrelevancia de estos procesos y la frustración de quienes, como nosotros en Civio, creemos en la posibilidad de un gobierno verdaderamente abierto y responsable.

Seguiremos vigilantes y exigentes. No cabe otra.