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contratos de emergencia
Investiga los procedimientos de adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19 y cómo se utilizaron vías de emergencia, con escaso control y transparencia, para otorgar miles de contratos que no siempre se destinaron a necesidades sanitarias.Esta serie fue publicada en el diario El País y recibió los siguientes reconocimientos:
- Premio Sigma 2022, el galardón internacional más prestigioso en periodismo de datos
- Premio API de Periodismo de Datos 2022, de la Asociación de Periodistas de Investigación
- Observable Community Recognition Award para Carmen Torrecillas por el desarrollo web y visual de esta serie
Al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 se publicaron con retraso
En situaciones como esta pandemia las administraciones públicas pueden contratar a dedo, sin abrir expediente e incluso solo con hablarlo. Pero, eso sí, tienen que cumplir las reglas de transparencia a posteriori y publicar los detalles en 15 días. En 2020, tardaron una media de 43. Y eso sin contar los que aún no se han publicado.
De 25 céntimos a 8 euros por una mascarilla, la guerra de precios que se saldó con millones de euros para los intermediarios
El Ministerio de Sanidad llegó a pagar más de seis euros por cada bastoncillo con tubo para hacer pruebas PCR. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tampoco se libraron de la escalada de precios: se llegaron a desembolsar, por ejemplo, más de cien euros por una garrafa de cinco litros de gel hidroalcohólico.
Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de emergencia en 2020
Se usó este procedimiento -a dedo y con mínimos controles y transparencia- en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros como mascarillas, pero también se colaron concesiones de tele pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes.
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