Que las ayudas públicas lleguen a quienes más las necesitan

De nada sirven las ayudas públicas si estas no llegan a quienes más las necesitan. Un claro ejemplo es el bono social de electricidad. Cuando empezamos a trabajar en este tema, en 2019, aunque 5,5 millones de personas tenían derecho a esa ayuda, solo 1,1 habían podido acceder a ella. Una normativa excesivamente compleja y un proceso de solicitud que gestionan directamente las eléctricas son parte del problema. Un auténtico desastre que, al final, sufren los más vulnerables.

Desde Civio hemos denunciado insistentemente esta injusticia en nuestros artículos. Pero, a veces, hay que ir más allá. Por eso, creamos una sencilla herramienta que ya ha ayudado a más de 300.000 personas a pedir el bono social fácilmente. Creemos que debería ser la Administración quien lo hiciera pero no es así y, por eso, lo hacemos nosotros. Y nada nos ha hecho sentir más orgullosos que todas las personas que nos cuentan que han logrado estas ayudas con nuestro apoyo.

Además, hemos denunciado que el sistema BOSCO -el software que determina quién tiene acceso a estas ayudas y quién no, no funciona. Y hemos llevado a juicio la resolución del Consejo de Transparencia que nos niega el derecho a escrutar su código fuente (debajo puedes consultar en abierto todos los documentos de este litigio). En Civio entendemos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.

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Cronología

2017

Empezamos a informar sobre los cambios legislativos que modifican las condiciones de acceso al bono social.

2018

La falta de información desde la administración y la complejidad del proceso tienen consecuencias: miles de personas no se estaban acogiendo al nuevo modelo a tiempo. Denunciamos este hecho y creamos nuestra app para ayudar a colectivos vulnerables a pedir las ayudas. Decenas de ayuntamientos, organizaciones sociales, colectivos y medios la insertan en su web, llegando muchos miles de personas.

En paralelo, colaboramos con el Gobierno para intentar paliar los problemas detectados, y exigimos acceso al código fuente de la herramienta -llamada BOSCO- que ha puesto en manos de las eléctricas porque algo no cuadra. No obtenemos respuesta.

2019

Mantenemos una actitud colaborativa, compartiendo con el ministerio nuestras propuestas de mejora del bono social, y el Gobierno las incluye en su Estrategia contra la Pobreza Energética.

No obstante, ante su negativa a explicar cómo funciona BOSCO para conceder o no el bono social, y la del Consejo de Transparencia a reconocer nuestro derecho a examinar su código fuente, nos vemos en el deber de ir a juicio.

2022

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo desestima nuestra impugnación, alega que la liberación del código, además de contravenir la propiedad intelectual, afectaría tanto a la seguridad pública como a la defensa nacional y nos condena a unas costas de 2.000€. Presentamos un recurso de apelación.

2024

Segundo revés. La Audiencia Nacional desestima nuestro recurso. Da por buenos argumentos del Gobierno como que tener acceso al código nos permitiría casi hackear el sistema. Vamos a intentar que el Supremo revise esta decisión en casación.

En pocas palabras:

Denunciamos que el bono social solo llega a unos pocos y que la aplicación oficial contiene errores.
Creamos una aplicación para ayudar a pedir la ayuda de forma sencilla y clara.
Llevamos a juicio la decisión del Gobierno y el Consejo de Transparencia de ocultar el código de su aplicación.

“Mil gracias por vuestra labor con el bono social, gracias a vosotros a sido mucho más fácil conseguir esta medida para mi abuela”

Brenda, nieta de María Justina, de 85 años.

Más información

La documentación del caso, en abierto

Abrimos al uso público los documentos que vamos generando en este litigio para que sean útiles a otras personas y organizaciones:

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