Las propuestas de transparencia de Civio, en los programas electorales de los principales partidos

Desde Civio hemos realizado 23 propuestas de transparencia concretas a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Aunque están divididas en ocho bloques específicos, todas ellas persiguen el mismo objetivo: promover la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos. Durante las últimas semanas nos hemos reunido con los principales partidos políticos con representación parlamentaria (Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos) y hemos hecho llegar nuestras propuestas de transparencia para el 28A al resto de formaciones presentes en el hemiciclo durante la última legislatura.

Nuestras propuestas persiguen un mismo objetivo: promover la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos

Hemos conseguido que muchas de las recomendaciones de Civio entren en los programas para las elecciones del 28 de abril. Si esas promesas se cumplen, materias tan importantes como la regulación del lobby y las mejoras en las normas de transparencia, los conflictos de intereses y la contratación pública podrán abordarse durante la próxima legislatura. Y, aunque no pretendemos realizar una clasificación, sí queremos mostrar qué formaciones comparten algunas de nuestras preocupaciones en los temas que hemos investigado en profundidad. Desde Civio seguiremos vigilando y ejerciendo presión para que esas promesas no queden en papel mojado.

¿Qué hemos conseguido? Compromisos en regulación del lobby, agendas y mejoras de transparencia

Del total de propuestas realizadas por Civio, una gran parte ha sido incluida en los programas para las elecciones generales del 28 de abril. Así, asuntos tan importantes como el registro de lobbies, la publicación de las agendas, las mejoras en la regulación sobre transparencia, controles anticorrupción y contratación pública han tenido cabida en las promesas de los partidos políticos. Además, la mayoría de formaciones abordan propuestas para implementar las ayudas contra la pobreza energética como el bono social.

No obstante, algunas de nuestras recomendaciones se han quedado en el tintero. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la publicación de las transferencias realizadas a organizaciones y profesionales sanitarios por parte de la industria farmacéutica. Nuestra propuesta para promover la apertura del Registro Mercantil tampoco ha sido incluida en los programas de la mayoría de partidos. En general, el grado de aceptación de las propuestas de Civio es variable: mientras que algunas formaciones incluyen de manera casi idéntica nuestras recomendaciones, en otros casos la redacción es más bien genérica y sin el detalle que pedíamos.

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Registro de lobbies

La mayor parte de los partidos asume la necesidad de crear un registro de grupos de interés, una de las demandas históricas de Civio. PP, Podemos, Ciudadanos, Compromís, PNV, PDeCAT y En Marea -que formaba parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos y ahora concurre por separado- se comprometen de forma directa a regular la actividad de los lobbies en aras de la transparencia.

Agendas de diputados, senadores y altos cargos

Civio lleva mucho tiempo pidiendo que la actividad de políticos, legisladores y altos cargos sea pública. PSOE, Ciudadanos, En Marea y PACMA se comprometen de manera clara a dar a conocer las agendas de todos los cargos públicos. Unidas Podemos destaca la necesidad de que la ciudadanía conozca si “un lobby con intereses económicos se reúne” con diputados, senadores, jueces o altos cargos, pero no menciona otros tipos de grupos de interés. El PNV propone establecer medidas efectivas, sin detallar cuáles, para lograr la máxima transparencia en la interacción de los lobbies “con cargos públicos y representantes políticos”, una redacción similar a la recogida por Compromís.

Civio lleva mucho tiempo pidiendo que la actividad de políticos, legisladores y altos cargos sea pública

PDeCAT también plantea la regulación de los grupos de interés y la elaboración de un código de conducta en el ámbito de las instituciones parlamentarias y la administración, junto con “manuales de buen gobierno en las administraciones, que eleven el compromiso ético y público”, sin dar más detalles. El PP no incluye la publicación de las agendas de altos cargos y, en relación a los diputados y senadores, promete “fortalecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senadores” mediante la reforma del Reglamento del Congreso y del Senado.

Coalición Canaria no realiza ninguna propuesta expresa, pero sí se compromete a colaborar con partidos para la “necesaria regeneración democrática en España” y a impulsar una política contra la corrupción, potenciar la participación ciudadana y fomentar el interés común frente a los de tipo particular. Vox obvia esta recomendación y su documento de propuestas señala de manera genérica el “control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato”. El resto de partidos no abordan esta materia en sus propuestas.

Huella legislativa

La mayor parte de formaciones no recoge en sus programas electorales del 28-A ninguna medida relacionada con la huella legislativa. Este informe, de suma importancia en opinión de Civio, permitiría saber qué impacto tienen las reuniones y los documentos en la elaboración de las normas, por lo que debería contemplar los agentes que han participado durante el proceso de aprobación de una ley y los documentos que han podido influir en ese trámite. Ciudadanos y PSOE sí hablan específicamente de huella legislativa: mientras que la formación naranja lo limita a los proyectos normativos del Gobierno, el partido socialista se compromete a su difusión en la página web del Congreso y del Senado para “comprender la justificación de las decisiones y las posiciones de los Grupos”. También lo hace el PDeCAT al mencionar el registro de lobbies y el código de conducta ante la administración y las Cortes, cuya finalidad -dicen- es “conocer la llamada huella legislativa”.

Mejoras en las normas de transparencia

Civio pedía diversas mejoras en la normativa sobre transparencia, que han sido contempladas de manera desigual. Ciudadanos promete ampliar el catálogo de derechos fundamentales, entre los que recoge precisamente el acceso a la información pública, y, en consonancia, propone elaborar una Ley Orgánica de Transparencia y Participación. La formación de Rivera también aborda la reforma del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, junto con la retirada de los recursos del Ejecutivo contra las resoluciones de este órgano, pero no incluye la aprobación del Reglamento de la Ley de Transparencia.

El PSOE plantea en su programa tanto la reforma de la norma como la aprobación pendiente de su Reglamento, algo que no hizo durante la última legislatura, y, junto con Ciudadanos, promete desbloquear la elección de la persona que asuma la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un puesto que está vacante desde 2017. El PNV incluye la defensa de la transparencia como “derecho ciudadano” y el establecimiento de nuevos sistemas de control, sin dar más detalles. ERC lo aborda de forma genérica y apuesta, en Cataluña, por un modelo “orientado a la máxima transparencia de las actuaciones públicas” y por un sistema de gobierno abierto para toda la administración. EH Bildu señala su compromiso “con la transparencia plena, haciendo frente a la corrupción generalizada”, mientras que Coalición Canaria incide en “un nuevo sistema” basado en principios como la transparencia, sin dar más detalles al respecto. Vox y Nueva Canarias no recogen ninguna promesa electoral en esta materia.

El PDeCAT apuesta por reformar la Ley de Transparencia, “en línea con el planteamiento más exigente” de la normativa catalana, incorporando, por ejemplo, compromisos de tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso. Por su parte, Compromís incluye la elaboración de una Ley de Gobierno Abierto, un área que también el PP dice que promoverá. En ese sentido, la formación de Pablo Casado enumera dos propuestas genéricas: “destacar contenidos” y “mejorar los contenidos de publicidad activa” dentro del Portal de Transparencia. El Partido Popular también habla de dotar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “de mayor independencia y de los recursos que le permitan realizar su labor con más eficacia”.

En relación a una administración más transparente, Unidas Podemos se compromete a que los datos públicos se desplieguen “en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos”. En Marea, por su parte, defiende la “transparencia y el control democrático” y, con ese fin, propone “dotar de medios para el pleno cumplimiento de la ley de transparencia e información pública”. Por último, PACMA propone “leyes de transparencia efectivas” para garantizar el pleno acceso y eliminar las “barreras de entrada” para solicitar información pública. Para ello, la formación asegura que utilizará “estándares abiertos en los documentos electrónicos emitidos y/o reclamados por la Administración” y que publicará “las herramientas y materiales desarrollados por la Administración con licencias de distribución libre”.

Transparencia sanitaria

PACMA es la única formación que alude de forma explícita a las recomendaciones realizadas por Civio. El partido animalista aboga por una fuente pública con los detalles de los medicamentos comprados por la administración (cantidades, período, ámbito geográfico de distribución, proveedores, precios, duración de contratos y acuerdos de distribución o compra por parte de las Comunidades Autónomas). Además, apuesta por la publicación de las actas de las negociaciones entre la Administración y las farmacéuticas, explicando también el impacto en la decisión final de los costes en I+D, una idea que cumple con nuestra recomendación de difundir las actas de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad.

En relación a los costes de adquisición de los fármacos, otros partidos realizan alusiones genéricas que posibilitarían el fin de la opacidad. Así, Ciudadanos contempla hacer “transparente toda la información sobre contratos y subvenciones públicas, permitiendo el acceso libre a todas las bases de datos y registros públicos”, sin referirse de forma específica a los medicamentos. El programa del PDeCAT menciona de manera general que los “principios de participación y transparencia” han de ser los pilares fundamentales en “la evolución y la revisión del sistema de salud”. En relación a este ámbito, los socialistas prometen “impulsar el pago por resultados en la compra de medicamentos y productos sanitarios”.

Vox, por su lado, incluye el establecimiento de un sistema de compras centralizado por el que “garantizar la transparencia de las decisiones económicas”, sin precisar a qué afectaría. Y En Marea aboga porque Galicia participe en la determinación de los precios de medicamentos y que estos costes sean “accesibles”, además de prometer un instituto de investigación y una empresa de carácter público para fomentar la I+D de nuevos fármacos. La tercera propuesta de Civio en esta materia, la difusión de pagos de la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios, no ha sido recogida en ningún programa electoral, pese a que otros países de nuestro entorno -Estados Unidos, Francia, Bélgica o Dinamarca- cuentan con normativas sobre estas transferencias.

Registro Mercantil abierto

La recomendación de que el Registro Mercantil sea abierto solo figura en el programa de PACMA. Para ello proponen la reforma del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde se podría consultar de manera gratuita datos básicos sobre las empresas y sociedades. Así, la formación promete que sea pública información como “razón social, dirección, sector de actividad, nombres anteriores de la empresa, propietarios, altas y bajas de directivos y administradores, estado, fecha de entrega de cuentas e historial de presentación de documentos, así como los documentos asociados”.

Ejecución presupuestaria al detalle

PACMA vuelve a ser el único partido que promete la “publicidad de la ejecución presupuestaria”, una recomendación de Civio que recoge de manera literal, ya que apuesta por hacer públicos los datos de ejecución con el mismo nivel de detalle que los presupuestos. Este partido también asume la propuesta de “seguir de manera continua las desviaciones en la ejecución presupuestaria”. Ninguna otra formación aborda este tema.

Conflictos de intereses y publicación de bienes, actividades y viajes de altos cargos

Solo el PSOE se compromete de manera clara a ofrecer los detalles de los viajes de altos cargos y diputados y a difundir las declaraciones de bienes y actividades. Para ello obligará a la rendición de cuentas “a través del portal de transparencia respectivo y de la web personal”. Ciudadanos menciona la creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública, que tendrá entre sus cometidos “erradicar la corrupción” y “fiscalizar a nuestros cargos públicos y garantizar que su actuación responde al interés general”. El PNV únicamente aborda los posibles conflictos de intereses por su vinculación con el sistema de regulación y supervisión financiera.

En relación a los conflictos de intereses, la formación socialista plantea su regulación ante las puertas giratorias con el fin de fijar claramente cuáles son las situaciones de incompatibilidad y endurecer las sanciones, recomendaciones realizadas por Civio. El partido de Pedro Sánchez también promete hacer públicas tanto las solicitudes de compatibilidad como los dictámenes de la Oficina de Conflictos de Intereses. En Marea incluye la elaboración de un “código ético del cargo público y la erradicación de las puertas giratorias”, aunque no especifica más detalles. PACMA apuesta por la elaboración de “códigos de conducta y normas que regulen los conflictos de intereses y la transparencia de estas instituciones”, mientras que Vox promete “reforzar [la] normativa [de] incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos”. Los demás partidos no abordan estos aspectos.

Información detallada sobre los asesores

El Gobierno de Rajoy dio a conocer a sus asesores de forma puntual en 2015 y, en el caso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Civio ha podido desvelar de forma parcial quiénes son gracias a varias solicitudes de acceso a la información pública. En nuestras propuestas pedíamos que se publicase el nombre, el cargo, el CV y las retribuciones de todo el personal eventual, una recomendación que la mayoría de formaciones no contempla. PACMA es el único que lo menciona, prometiendo que “los asesores y asesoras de libre designación no podrán en ningún caso ejercer funciones de auditoría o control”, que sus nombramientos “se publicarán en los boletines oficiales, y sus currículos y motivación para sus nombramientos en la web de la Administración”. En Marea, por su parte, contempla únicamente la “reducción de altos cargos”, pero no se refieren a las medidas que planteaba Civio sobre el personal eventual.

Cumplimiento de la ley y organismo de control de la contratación pública

Ciudadanos y PACMA se comprometen a crear un organismo independiente para vigilar los contratos públicos. Para ello, los de Rivera abogan por la transformación de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública con el fin de “garantizar la publicidad, neutralidad y transparencia de los contratos públicos”, una competencia que extenderán “a las subvenciones y ayudas públicas”. El partido animalista defiende que sea un organismo “dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” quien se encargue del control y análisis de los contratos públicos, “habilitando la acción popular a favor de cualquier ciudadano” y colocando “a un interventor popular en las mesas de adjudicación de los contratos públicos”.

Civio también pidió a los partidos que se comprometieran a cumplir y ejecutar la Ley de Contratos del Sector Público, sin dar pasos atrás en la rendición de cuentas

Además, Civio pidió a los partidos que se comprometieran a cumplir y ejecutar la Ley de Contratos del Sector Público, sin dar pasos atrás en la rendición de cuentas, como sucedía con la propuesta del troceo de contratos menores que preveía el borrador de Presupuestos Generales del Estado del PSOE. En este ámbito, el PDeCAT apuesta por evaluar la normativa existente “para determinar si se ajusta a los objetivos de visibilidad y transparencia en los procesos de adjudicación”. PACMA pide “mayor transparencia y control en la contratación pública” y Compromís incluye en sus promesas el desarrollo de “sistemas de alerta para detectar posibles irregularidades” en contratación pública. Por contra, los socialistas contemplan ahora premiar a las empresas que tengan “planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública”, mientras que Ciudadanos apuesta por simplificar la normativa “para reducir burocracia, sin eliminar controles ni garantías”.

ERC asume de forma genérica la exigencia al Gobierno del “cumplimiento de las leyes y los mandatos parlamentarios” y la puesta en marcha de medidas para “crear un mecanismo que fiscalice el Gobierno”, aunque no se refiere de manera específica a la contratación pública. Además, cita la importancia de garantizar “la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos reguladores”, sin ofrecer más detalles. Nueva Canarias exige la modificación de la normativa porque, a su juicio, dificulta que las administraciones inviertan “en su ámbito de competencias”, pero no dice por qué ni cuáles serían los aspectos a cambiar.

PNV, Unidas Podemos, En Marea y el PDeCAT abogan por establecer cláusulas de tipo social o ambiental en los pliegos de contratación. Además, el partido de Pablo Iglesias se compromete a crear un organismo independiente, compuesto por perfiles técnicos de la Administración y miembros de la sociedad civil, para luchar contra la corrupción. PDeCAT plantea que, entre los requisitos para acceder y participar en la contratación pública, se garantice “la acreditación del cumplimiento de las normas en favor de la integración de los trabajadores con discapacidad”. La formación catalana incluye además los “pactos de integridad y transparencia”, unos acuerdos que firmarían el Gobierno y los licitadores de cualquier contrato por los que ninguna de las partes ofrecería o recibiría sobornos y que obligarían a los licitadores, según su programa, a desvelar las comisiones o gastos realizados. El incumplimiento del pacto, según el PDeCAT, llevaría aparejado el “riesgo de exclusión permanente” del licitador.

Reforma del bono social

Civio pidió una reforma del bono social con el fin de facilitar que la ayuda llegara a quien más lo necesitase, tal y como también recomendamos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Si bien el Gobierno de Pedro Sánchez asumió nuestras propuestas de mejora en este documento, los programas electorales también contemplan en diferente grado este tema tan importante para miles de personas. Los socialistas, por ejemplo, hablan de lo hecho y no de lo que van a hacer: recuerdan que han aprobado la Estrategia, la mejora del bono eléctrico y la creación del térmico. El Partido Popular promete reforzar la “protección del bono social, para que mejore la protección de los consumidores más vulnerables”, aunque no indica cómo lo haría.

Las recomendaciones de Civio incluyen la reforma del bono social con el fin de facilitar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan

Unidas Podemos contempla este asunto al proponer “suministros básicos garantizados” mediante la reforma del sistema eléctrico, pero sin citar de manera específica el bono. En Marea también recoge el “acceso garantizado a suministros básicos, la garantía de suministro mínimo, la erradicación de la pobreza energética, el bono social eléctrico y el control público del precio de la electricidad”, sin concretar más sus medidas. El Partido Nacionalista Vasco, por su parte, realiza una propuesta genérica, ya que incluye la “lucha contra la pobreza energética mediante medidas estructurales en materia de política energética”, sin mencionar cuáles llevaría a cabo.

El PDeCAT recoge la “protección frente a los supuestos de pobreza energética”. Para ello, propone medidas como la eliminación del requisito de tener contratada la potencia mínima para acceder al bono social, la inclusión del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña como baremo y la creación de “un fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables”. Además, se compromete a que las entidades sociales que proporcionan alquileres destinados a personas vulnerables puedan beneficiarse del bono social eléctrico y térmico.

ERC propone una “garantía de acceso a los consumos básicos del hogar” en su catálogo de medidas para Cataluña, sin dar más detalles. PACMA menciona una propuesta similar en los servicios de agua y energía “a las personas en situación de vulnerabilidad”, mediante el establecimiento de un “precio social en los suministros básicos” a través de convenios con las compañías. Por último, Vox contempla establecer “bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias” para la luz y el gas.

Reforma de la ley del indulto

Civio ha insistido en repetidas ocasiones sobre la necesidad de reformar la ley del indulto. La última, a mediados de enero en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí abogamos por una reforma integral y valiente para terminar con la arbitrariedad y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo? Haciendo que el informe favorable del juez fuese obligatorio, exigiendo que la motivación detallada se hiciera pública en cada caso y estableciendo controles más estrictos. También pedimos que no se suprimieran los antecedentes penales, que no se vetasen los indultos para ciertos delitos y que no se empleasen expresiones genéricas que limitaran la rendición de cuentas.

Al analizar los programas electorales para el 28 de abril, hemos visto que solo Ciudadanos apuesta por poner “fin a la discrecionalidad del Gobierno” recogiendo el tenor literal de nuestra recomendación en esta materia. PACMA también propone reformar la normativa “para que las decisiones del Gobierno para concederlos o denegarlos sean públicas”, una redacción que asume de forma parcial nuestra recomendación.