El Supremo admite a trámite el recurso de Civio y decidirá si la propiedad intelectual justifica la opacidad de programas y algoritmos públicos
Debatirá en casación si algunos límites del derecho de acceso a la información son razón suficiente para vetar el acceso a las tripas de BOSCO, el programa que determina quién recibe el bono social de la luz.
La Audiencia Nacional vuelve a rechazar abrir el código fuente del programa que decide quién recibe el bono social
Los intereses comerciales y económicos: el motivo más repetido para vetar el acceso a información pública
Entre finales de 2014 y 2023 se han inadmitido más de un 20% de las solicitudes de transparencia. De las que han llegado a tramitarse, se rechazó el acceso total o parcial a la información en, al menos, un 4,6%.
Queremos instituciones transparentes y personas informadas. ¿Y tú?
Sanidad se abre por primera vez a revelar el precio de medicamentos que Civio reclama desde 2019
Tras más de cinco años liderando una lucha desigual para que cualquiera pueda conocer esa información, los laboratorios pueden quedarse cada vez más solos en el lado de la opacidad.
Contra niños, enfermos y personas agitadas: los usos del Taser que desaconseja su fabricante y que no limitan los protocolos policiales
Todos los protocolos de uso de las pistolas Taser de cuerpos policiales españoles a los que ha accedido Civio contemplan o incluso recomiendan su uso contra personas con trastornos mentales, a pesar de que organizaciones de derechos humanos, médicas y el propio fabricante señalan el peligro de este tipo de armas en esta población.
España tiene por ley el doble de plazo que Eslovaquia, Polonia o Portugal para responder a las solicitudes de transparencia
En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto.
Un enorme paso atrás en transparencia de la Comunidad de Madrid
La propuesta de reforma presentada por el Gobierno madrileño resta independencia y poder al organismo que debe velar por el derecho a saber de la ciudadanía.
La Inspección de Trabajo recurre a los tribunales para que sus sanciones a empresas sean secretas
El ministerio que dirige Yolanda Díaz lleva a juicio una resolución que le instaba a hacer pública su actividad sancionadora. Y ahí nos veremos.