La Audiencia Nacional da marcha atrás: rechaza la transparencia en los precios que pagan las administraciones por los medicamentos
El fallo revoca la decisión judicial de primera instancia y perpetúa la confidencialidad sobre el precio y las condiciones de financiación del fármaco Luxturna. La sentencia, que no es firme, será recurrida por Civio ante el Tribunal Supremo.
Mientras el Constitucional colombiano reconoce el derecho a la transparencia algorítmica, España trata de blindar su opacidad
Según la Corte Constitucional colombiana, el acceso al código fuente es una garantía fundamental para "evitar que estas tecnologías lleven a la vulneración de otros derechos fundamentales". En cambio, la Abogacía del Estado trata de blindar el secretismo frente al recurso de Civio ante el Tribunal Supremo.
Un registro de algoritmos, el primer paso para una IA transparente en España
¿Puede un país garantizar los derechos de su ciudadanía si no sabe qué decisiones toman sus algoritmos? Frente a los límites del Reglamento europeo, la coalición IA Ciudadana propone crear un registro nacional, obligatorio y accesible, que permita saber qué algoritmos se usan, para qué y con qué efectos.
La Policía Nacional deja de usar Veripol, su IA estrella para detectar denuncias falsas
Desde el Ministerio de Interior afirman que han desestimado su uso por carecer de validez en procedimientos judiciales.
La transparencia de los algoritmos públicos, en juego: Civio presenta el recurso sobre BOSCO ante el Tribunal Supremo
¿Puede la administración negarse a revelar cómo funcionan los programas que deciden sobre nuestros derechos? ¿Y hacerlo alegando la propiedad intelectual como excusa? Defendemos que no, y el Alto Tribunal ya tiene en sus manos nuestros argumentos.
Regular el lobby sin un control independiente es una nueva oportunidad perdida
Civio advierte que sin un organismo autónomo que supervise, sin trazabilidad detallada, sanciones firmes y sin incluir a todos los actores clave, la regulación del lobby podría quedarse en papel mojado. Nuestras recomendaciones ya están en manos de los grupos parlamentarios.
Recurrimos a los tribunales para saber por cuánto y a quién le ha vendido la Sareb 9.440 viviendas protegidas
Desde Civio hemos presentado un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia que deniega el derecho de acceso a esta información al considerar que perjudica los intereses económicos y comerciales de la Sareb.
Queremos instituciones transparentes y personas informadas. ¿Y tú?
Los intereses comerciales y económicos: el motivo más repetido para vetar el acceso a información pública
Entre finales de 2014 y 2023 se han inadmitido más de un 20% de las solicitudes de transparencia. De las que han llegado a tramitarse, se rechazó el acceso total o parcial a la información en, al menos, un 4,6%.
Sanidad se abre por primera vez a revelar el precio de medicamentos que Civio reclama desde 2019
Tras más de cinco años liderando una lucha desigual para que cualquiera pueda conocer esa información, los laboratorios pueden quedarse cada vez más solos en el lado de la opacidad.
Contra niños, enfermos y personas agitadas: los usos del Taser que desaconseja su fabricante y que no limitan los protocolos policiales
Todos los protocolos de uso de las pistolas Taser de cuerpos policiales españoles a los que ha accedido Civio contemplan o incluso recomiendan su uso contra personas con trastornos mentales, a pesar de que organizaciones de derechos humanos, médicas y el propio fabricante señalan el peligro de este tipo de armas en esta población.
España tiene por ley el doble de plazo que Eslovaquia, Polonia o Portugal para responder a las solicitudes de transparencia
En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto.
Un enorme paso atrás en transparencia de la Comunidad de Madrid
La propuesta de reforma presentada por el Gobierno madrileño resta independencia y poder al organismo que debe velar por el derecho a saber de la ciudadanía.
La Inspección de Trabajo recurre a los tribunales para que sus sanciones a empresas sean secretas
El ministerio que dirige Yolanda Díaz lleva a juicio una resolución que le instaba a hacer pública su actividad sancionadora. Y ahí nos veremos.