Que las ayudas públicas lleguen a quienes más las necesitan

Las ayudas públicas no sirven si no llegan a quienes más las necesitan.

Un ejemplo claro es el bono social de electricidad. Cuando empezamos a trabajar en ese tema, en 2019, de los 5,5 millones de personas que tenían derecho, solo 1,1 millones habían podido acceder. Normativas complejas y un proceso gestionado por las eléctricas son parte del problema.

Pero no es el único caso. Solo uno de cada tres potenciales beneficiarios solicita las ayudas de dependencia. Muchas familias solo las conocen por boca a boca. ¿Y los tiempos? El trámite tarda una media de 329 días (en Canarias, casi el doble). Entre enero y mayo de 2024, más de 7.000 personas murieron esperando conocer su grado de dependencia, y otras 8.500 fallecieron sin recibir las prestaciones a las que tenían derecho.

Además, miles de millones de euros presupuestados se quedan sin gastar en ayudas que no llegan. Prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el bono cultural joven o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos, se quedan a medias. Un desastre que sufren los más vulnerables.

En Civio denunciamos esta injusticia en nuestros artículos. Hemos creado herramientas para comprobar fácilmente quién tiene derecho a prestaciones, que ha sido usadas más de un millón de veces. Proponemos mejoras en la tramitación de subvenciones clave, claridad en los procesos y transparencia en los mecanismos y aplicaciones informáticas que regulan o deciden quiénes reciben estas ayudas. Por eso hemos llevado a juicio la decisión del Gobierno de ocultar el código de la aplicación que da o niega el bono social de la luz.

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