A punto de cerrar curso, echamos la vista atrás para contarte lo esencial de este año. ¿Nos acompañas?

En breve

  • Más de 60 informaciones y análisis de la fuente más fiable sobre lo público: el BOE.
  • 5 investigaciones en profundidad, del uso (y abuso) en contratos de emergencia en pandemia a las barreras de acceso a tratamientos de salud mental y de reproducción asistida.
  • Herramientas que eliminan barreras, como nuestras apps para facilitar el acceso a ayudas públicas, con cerca de un millón acumulado de consultas.
  • Personados en dos contenciosos contra la opacidad de algunas instituciones, y seguimos ganando casos y creando jurisprudencia favorable al derecho a saber. Dos procedimientos cerrados en 2021.
  • 225 impactos en medios, y millones de lectores alcanzados más allá de Civio.es gracias a una extensa red de medios colaboradores, nacionales e internacionales.
  • 13 conjuntos de datos liberados al uso público.
  • Cinco reuniones con altos cargos e instituciones con ánimo de mejorar las políticas públicas.
  • La confianza de más de 1.300 socios y socias extraordinarias, esenciales para poder seguir trabajando en 2022. Y queremos que tú también seas parte de esto.


El servicio público, siempre por delante

A lo largo de 2021 hemos publicado más de 60 análisis e informaciones sobre políticas públicas a partir de la vigilancia diaria del BOE. La respuesta económica a la crisis sanitaria y las restricciones a la movilidad ciudadana, temas de gran interés general, han protagonizado muchas de ellas.

Hemos hecho seguimiento constante de las prórrogas de los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro cultural, la moratoria del alquiler y otros programas de recuperación. También del cierre de fronteras y de las restricciones para entrar en España, publicando un mapa detallado y siempre actualizado con los requisitos de entrada por país o región de origen.

Tradujimos a un lenguaje llano las claves del plan para intentar paliar la escalada de precios de la electricidad y decretazos de cientos de páginas que regulaban, sin pasar por el debate parlamentario, asuntos como los derechos de autor, los datos abiertos, derechos de los consumidores, prevención del blanqueo, criptomonedas, el IVA y otros asuntos importantes.

Y no nos pasó desapercibido que solo cuatro de los 10 nuevos miembros del Consejo de Administración de RTVE habían pasado el corte del concurso, que se ha inflado el presupuesto de subvenciones a fundaciones de partidos que reparte Cultura o que se ha producido un repunte de indultos frente a años anteriores.


Eliminando barreras entre administraciones y personas

Hemos seguido trabajando para ayudar más a quienes más lo necesitaban. El asistente online de ayudas sociales que indica a qué prestaciones relacionadas con la respuesta a la pandemia puede optar una persona, y cómo pedirlas, ha superado las 82.700 consultas desde que lo lanzamos. Y hemos mantenido siempre actualizada esta guía descargable.

La aplicación que permite saber quién tiene acceso al bono social de electricidad, y facilita la solicitud, ha alcanzado las 839.000 consultas desde su puesta en marcha, lo que demuestra lo importante de poner a la ciudadanía en el centro y de eliminar barreras de acceso cuando se crea una prestación pública como esta. Y eso incluye facilitar la reutilización de estas herramientas, porque mientras la mitad de esas consultas se han producido en la web de Civio, la otra mitad han tenido lugar en páginas de terceros como La Sexta, Atresmedia o 20 Minutos, que insertaron nuestra app.

Además, hemos mantenido activo el consultorio Civio responde, un valiosísimo punto de encuentro en el que resolvemos dudas y guiamos a nuestros lectores. Está especialmente enfocado en las ayudas relacionadas con la pandemia, y a punto de llegar a las 3.000 consultas atendidas.


Investigaciones marca de la casa

En 2021 hemos publicado cinco grandes investigaciones:

  • Dedicamos muchos meses de investigación a extraer, procesar y analizar en detalle todos los contratos de emergencia publicados en 2020, el primer año de pandemia, por todo tipo de administraciones. El resultado: tres artículos y un buscador de contratos que evidencian ejemplos de malos usos del procedimiento de emergencia, una guerra de precios muy lucrativa para algunos intermediarios, errores en la información oficial y obligaciones de transparencia que no se cumplieron. Con El País como medio de republicación principal, estos trabajos generaron informaciones derivadas en medios locales y regionales a partir de nuestros datos, y una docena de referencias en medios como La 1 de RTVE, La Sexta Noticias o TV3. Los datos, además, fueron enviados en manos de una veintena de organismos de control y anticorrupción, junto con nuestra metodología, para ayudarles en su labor de vigilancia.

  • 17 meses de trabajo cristalizaron en una investigación internacional sobre el acceso a la salud mental que ha contribuido a poner este tema en la agenda política y el debate público, exponiendo datos inéditos que han llegado a muchos otros medios y al Congreso. La base de datos que creamos desde cero, colaborando con periodistas de otros países, abarcaba 28 estados. Con un gran apoyo interactivo y visual, 30 medios de toda Europa lo han re-publicado o se hicieron eco de nuestros hallazgos, publicados en nueve idiomas diferentes.

  • Hemos puesto el foco también en los altos cargos de la administración central. Además de exponer la brecha de género existente -en junio de este año, los hombres duplicaban a las mujeres- y publicar un buscador con los más de 1.600 nombres que son o han sido alto cargo desde junio de 2015, narramos con datos a qué industrias y sectores van una vez que cesan en el cargo. Por cierto, no siempre cumpliendo la obligación de informar para prevenir incompatibilidades.

  • El acceso a la reproducción asistida, en España y en otros 42 países europeos analizados, ha protagonizado nuestra última gran serie del año. En España, demostramos que varias comunidades incumplen el mínimo establecido en la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud para estos tratamientos, limitando el número de intentos, la edad máxima o imponiendo requisitos extra. Y ya estamos trabajando para tratar de corregir los abusos que hemos revelado. Además, exploramos las barreras legales y económicas que afrontan miles de mujeres en otros países y el llamado turismo reproductivo. Más de una docena de cabeceras, la mayoría internacionales, re-publicó o se hizo eco.

  • Arrojamos luz sobre las reuniones entre lobbies y eurodiputados e instituciones europeas. En particular, sobre aquellas en las que han participado laboratorios farmacéuticos y otros lobistas interesados en la salud pública, ya que se multiplicaron con la pandemia y la comercialización de vacunas. Expusimos lo que sabemos de esas reuniones, cuáles fueron los lobistas más activos y sus prioridades, y contabilizamos que la mitad de los eurodiputados no da cuenta de reuniones con lobbies.

Dos datos

  • En lo que va de 2021 hemos contabilizado al menos 225 impactos en medios de comunicación. De ellos, un 65% en cabeceras nacionales, un 23% en regionales y locales, y el 12% restante en internacionales.

  • Hemos liberado 13 conjuntos de datos al uso público, de las reuniones entre la Comisión Europea y lobbies desde 2014 al precio pagado por nuestras administraciones por cada mascarilla, test, guante o litro de gel hidroalcohólico. Han sido descargados en 2.060 ocasiones por periodistas, investigadores y ciudadanos con cualquier interés.

Y, además, hemos puesto el foco sobre otros temas que suelen pasar desapercibidos, como la escasez de perfiles técnicos e independientes entre las autoridades portuarias españolas (en las que la cercanía al partido pesa, y mucho); sobre la brecha salarial a favor de los hombres en empresas receptoras de Distintivo de Igualdad; o sobre las exclusiones médicas desfasadas o discriminatorias que impiden acceder a cuerpos públicos. Y es que, tras informar sobre el veto de Interior que impide entrar en la Policía a toda persona afectada por endometriosis y otras enfermedades, en el Congreso y dentro del cuerpo se han empezado a dar pasos para excluir solo casos inhabilitantes. Pero aún los consideramos insuficientes.


Lucha protransparencia

En 2021 hemos encadenado otro año sin los avances de calado que reclamamos en materia de transparencia. ¿En qué nos basamos para afirmar esto?

Los trabajos preparatorios para reformar la Ley de Transparencia, un compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto, han arrancado con retraso y de forma un poco tortuosa. La aprobación de un reglamento de la Ley de Transparencia, pendiente desde hace ocho años y comprometido para 2020, fue pospuesta una vez más, sin más explicaciones, pese a estar “muy avanzada” hace más de un año. Y la litigiosidad del Ejecutivo y de la Administración para obstaculizar y retrasar el acceso a información pública sigue en cotas altas. Las peores argucias que estamos detectando: ignorar las resoluciones del Consejo de Transparencia, haciendo como que no existen, o retrasar todo lo posible el cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a entregar información. Ah, y los argumentos para seguir manteniendo el Registro Mercantil cerrado y de pago, como pedimos desde 2014, son cada día más absurdos.

En 2021 hemos cerrado dos de los procedimientos judiciales en los que estábamos personados. Tras más de cinco litigando, Defensa nos tuvo que entregar las identidades los pasajeros de los vuelos oficiales. Eso sí, solo lo hizo después de que los tribunales se hartasen de que no se acatase su sentencia y tras amenazar con multar a funcionarios y altos cargos del ministerio.

El segundo perseguía conocer las solicitudes de indulto por parte de las cofradías y hermandades de Semana Santa. Dos sentencias favorables a Civio, y en contra del Ministerio de Justicia, ratifican nuestro derecho a obtener esos datos, que gobiernos anteriores abrían sin reparo.

Lobby transparente

Mantuvimos cinco reuniones con responsables públicos con ánimo de mejorar políticas públicas. Con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre vigilancia de la contratación pública; con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para tomar contacto con su nuevo presidente; con la Consejería de Transparencia de Murcia para colaborar en prevención de ‘captura del estado’; con la Ministra de Ciencia e Innovación para mejorar la lucha contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la ciencia española; con el Grupo Más Madrid sobre transparencia de la ejecución presupuestaria y vigilancia de la contratación. Nuestro registro de reuniones es público aquí.

Actualmente estamos personados en otros dos procedimientos, uno en espera de sentencia y uno en curso. El contencioso para lograr acceso al código fuente del programa que verifica a los beneficiarios del bono social, y de otras herramientas y algoritmos creados por la Administración y que regulan derechos y deberes, quedó visto para sentencia en diciembre de 2020 y seguimos a la espera de conocer el dictamen. Con el otro procedimiento tratamos de conocer el precio público de Yescarta, un tratamiento de la farmacéutica Gilead para adultos diagnosticados con dos tipos de cáncer de la sangre. El coste real que asumen las administraciones por esta y otras terapias ha sido negociado en secreto, y Sanidad solo ha dado a conocer el precio máximo que estaba dispuesto a pagar.

Donde sí se han producido algunos movimientos, aunque tibios, ha sido hacia la regulación de la transparencia de los lobbies y de sus reuniones con responsables públicos. Este año hemos seguido trabajando para incluir nuestras recomendaciones tanto en los planes del Gobierno (son estas propuestas) como del Congreso (proponiendo enmiendas a la reforma del reglamento). A nivel parlamentario, en el debate previo la mayoría de los partidos mostró una voluntad opuesta a la transparencia de estas reuniones o una visión maniquea de lo que supone influir en las políticas públicas, con supuestos actores buenos y malos. Por eso, vamos a intentar que no aprueben una pantomima, y denunciaremos, sin ambages, si lo hacen.


Otros hitos de 2021


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